"Vamos a seguir siendo los defensores de Dolinsky hasta que haya cosa juzgada"

El abogado Raúl Berizo, quien junto con su colega Germán Corazza llevan adelante la defensa técnica del empresario maderero Alberto Dolinsky, en una causa por el presunto abuso sexual de una nena de 12 años, hizo su descargo luego de que trascendiera públicamente la noticia de su apartamiento, ordenada este lunes por el juez de la IPP, José Luis García Troiano.

“Nuestra separación no es tal cual reza la información que se publicó”, se defendió el profesional, quien enfatizó que “vamos a seguir siendo los defensores de Dolinsky hasta que haya cosa juzgada”, aludiendo a que la medida fue apelada y se encuentra elevada al Colegio de Jueces de Segunda Instancia, donde se aguarda su admisión.

Para enmarcar su actuación, Berizo puntualizó que “asumimos la defensa el 5 de septiembre de 2019, vamos a cumplir tres meses recién”, cuando en realidad se trata de una denuncia instada a fines de 2016 por el padre de la niña, es decir, una carpeta judicial que tiene ya casi tres años. En tal sentido, el defensor sostuvo que en este breve lapso “intentamos encausar el caso por las vías legales, nunca con una chicana, o procedimientos que estén fuera de la ley, todo lo que se hizo desde esta defensa técnica se hizo dentro de la ley”.

Respecto del principal motivo que se alude a la hora de su apartamiento (“haber provocado deliberadamente la demora de la sustanciación de la causa, no compareciendo a la audiencia” de fecha 25 de noviembre), Berizo sostuvo que “si no se pudieron realizar audiencias no fue por culpa nuestra”; aunque reconoció que “todos los decretos que no estaban de acuerdo a derecho fueron apelados o se planteó la revocatoria o fueron motivo de recusación”, y ello pudo ocasionar alguna demora en el proceso.

Nueva programación

El lunes 25 de noviembre las partes fueron citadas para dos audiencias en el marco de la carpeta judicial que tiene a Dolinsky como imputado, en prisión preventiva domiciliaria desde el 6 de diciembre de 2017. La primera, fue para tratar la situación de una mujer de nacionalidad brasileña, hasta entonces coimputada en el suceso y cuya defensa planteó la invalidez de la captura internacional ordenada por la justicia local. La segunda estaba programada para las 10 de la mañana y tenía por fin discutir la prórroga de la prisión preventiva para el empresario, que vence el 6 de diciembre próximo.

“Una hora y 38 minutos después de la hora fijada el juez resolvió apartarnos al Dr. Corazza y al suscripto”, refirió el involucrado. “Contra dicha resolución la defensa interpuso recurso de apelación en tiempo y forma -el 26 de noviembre- el que fue concedido y elevadas las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que se le imprima el trámite de ley”, indicó.

No obstante, en un acto posterior, el juez García Troiano “notificó al imputado en su domicilio de una audiencia programada para el viernes 29 de noviembre a las 11 de la mañana, para tratar la prórroga de la prisión preventiva”. Según el análisis de la defensa existen dos impedimentos legales para proceder de esa manera. “Primero porque nuestro cliente tiene un certificado médico, corroborado por la médica forense del Poder Judicial, donde se establece que debe estar con ‘reposo absoluto’ dado que es una persona que tiene 72 años que padece graves problemas de salud y no está en condiciones de afrontar una audiencia de este tipo en su casa”, enfatizó. Para el defensor, ello significaría “corromper el reposo absoluto que se estableció para sacar adelante su cuadro de salud, es decir se está poniendo en riesgo su integridad física y hasta su propia vida”.

Derecho a trabajar

Y en segundo término, “en el caso particular, García Troiano fue recusado por la defensa técnica y se interpuso un recurso de revocatoria contra un decreto previo, el cual en ningún momento fue resuelto”. “Evidentemente el Dr. García Troiano se está ensañando con la causa y con nosotros. El mismo ya debió haberse apartado total y absolutamente y llevar la causa a un juez imparcial. En este caso no lo ha hecho y nos tiene por apartados cuando hay un recurso de apelación que no ha dejado en firme su resolución del 25 de noviembre”.

Siguiendo con la resolución del pasado lunes, el Dr. Berizo destacó que “convocar a la Defensa Pública sería una barbaridad jurídica más, que estaría atentando contra las instituciones y contra el derecho de trabajo de los profesionales, consagrado en la Constitución Nacional”. Además destacó que en tal caso, “se debió correr vista al Colegio de Abogados, para que también opine, de lo contrario se estaría cometiendo discriminación e injusticia, las cuales vamos a denunciar y vamos a hacer reservas de daños y perjuicio. Pongamos a jueces probos en causas mediáticas, de manera que puedan hacer las cosas como corresponde”, cerró.

En la Corte

El abogado Raúl Berizo adelantó que “se va a interponer próximamente una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia” contra el juez que lo apartó a él y a su colega Corazza de la causa Dolinsky. “Lamentablemente el Dr. García Troiano debe ser sometido a una investigación a los efectos de su conducta dentro de esta causa”, completó.

La causa

El hecho investigado se remonta al 2 de enero de 2014. La Fiscalía y la querella acusan al empresario maderero de haber incurrido en abusos contra una niña de 12 años, hija de quien por entonces era socio y amigo del acusado. La denuncia fue radicada a fines de 2016 ante el Ministerio Público de la Acusación. La investigación derivó en la celebración de audiencia imputativa de Alberto Dolinsky, quien desde fines de 2017 se encuentra en prisión preventiva domiciliaria. Entre abril y mayo de 2018 fiscalía y querella presentaron sendas acusaciones, en las cuales se adelantó un pedido conjunto de condena de 15 años de prisión. Desde entonces no ha podido celebrarse la audiencia preliminar, que es la etapa intermedia del proceso, de cara a un futuro juicio oral.