El Fondo Monetario Internacional apuesta a que la economía argentina pase de la estabilización al crecimiento profundizando las reformas del gobierno de Javier Milei, aun cuando algunas de esas mismas políticas siguen generando cuestionamientos por su impacto sobre la actividad productiva, el consumo y el empleo.
Nueva etapa del programa
El FMI apuesta a profundizar las reformas de Milei para pasar del ajuste al crecimiento
La vocera Julie Kozack confirmó que acordaron cuatro líneas de acción para impulsar la actividad y el empleo acelerando el rumbo económico. También aclaró qué resta para aprobar el desembolso de US$900 millones. La apuesta contrasta con las dificultades que exhiben el consumo, la industria y el mercado laboral.
“Existe un entendimiento compartido sobre la importancia de ampliar los avances de la estabilización para conseguir un crecimiento más sólido y generar empleo”, afirmó este jueves Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, durante su habitual conferencia de prensa en Washington.
La funcionaria explicó que el nuevo acuerdo técnico con Argentina contempla un conjunto de políticas articuladas sobre tres objetivos: continuar la desinflación, fortalecer la resiliencia económica e impulsar el crecimiento. El planteo no supone una modificación formal del programa, sino una profundización de las medidas que el Fondo viene respaldando.
“Nuestro mensaje general para la Argentina es que debe mantener el rumbo mediante políticas firmes”, sostuvo Kozack, al responder sobre las perspectivas de actividad y las posibilidades de que el país ingrese en una recesión técnica.
La tercera revisión, todavía pendiente
Las definiciones llegaron dos días después de que el FMI anunciara el acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas, que habilitaría un desembolso cercano a US$900 millones.
El organismo calificó de “impresionantes” los resultados alcanzados y destacó que las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente US$4.000 millones la meta fijada para junio.
El comunicado también consignó que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones durante el año y ratificó que “el ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa”, con un superávit primario de 1,4% del PBI para 2026 y un esfuerzo similar en 2027.
La aprobación definitiva, sin embargo, todavía depende del Directorio Ejecutivo, que prevé tratar la revisión a principios de diciembre. Kozack aclaró este jueves que la referencia a los “pasos restantes acordados”, incluida en el comunicado, no debía interpretarse necesariamente como nuevas exigencias económicas al Gobierno. “Son nuestros procesos estándar normales”, explicó al referirse a la finalización de documentos, su revisión interna y la posterior presentación ante el Directorio.
En cambio, evitó anticipar si será necesaria una dispensa (waiver) por el desvío fiscal registrado en junio, estimado por consultoras en aproximadamente $574.000 millones. “Es algo que le corresponde determinar a nuestro Directorio Ejecutivo”, respondió.
Sobre el riesgo país, tampoco adelantó proyecciones. Insistió en continuar aplicando el programa y consideró “fundamentales” la acumulación de reservas netas y el fortalecimiento de la posición externa para mejorar las condiciones de financiamiento.
Profundizar las políticas para generar empleo
Kozack identificó cuatro líneas de acción acordadas con las autoridades para impulsar la siguiente etapa.
La primera consiste en desarrollar los mercados de capitales e hipotecario para ampliar el financiamiento, respaldar la inversión privada y fortalecer la demanda interna.
La segunda apunta a incrementar la flexibilidad laboral para favorecer la contratación privada. Según explicó, esa herramienta será importante para conseguir que los beneficios del crecimiento se traduzcan en puestos de trabajo.
Las otras dos prioridades son avanzar con las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas y facilitar la ejecución de inversiones estratégicas mediante el RIGI, cuyos proyectos aprobados ya superan los US$76.000 millones.
El organismo considera que estas iniciativas, junto con las reformas sancionadas durante 2026, permitirán fortalecer progresivamente la actividad y el empleo.
Las declaraciones de este jueves van en sintonía con el respaldo público que Kristalina Georgieva expresó en Bangkok, donde Argentina pasó a ser exhibido como una suerte de “alumno ejemplar” por su disciplina fiscal, pese a continuar siendo el principal deudor del organismo.
También se produce después de que el propio Fondo recortara de 3,5% a 2,1% su proyección de crecimiento para 2026, atribuyendo la revisión a una actividad más débil, menor demanda interna y condiciones financieras restrictivas.
La contracara de la actividad
La continuidad de esas políticas constituye uno de los principales puntos de discusión interna entre el Gobierno, sectores opositores, organizaciones sindicales y representantes productivos.
Los últimos indicadores muestran las dificultades que enfrenta la recuperación económica fuera de las actividades exportadoras.
El último informe de consumo del INDEC dio cuenta de que las ventas reales de supermercados y autoservicios mayoristas cayeron 3,7% y 3,6% interanual en agosto. Los centros de compras crecieron 3,7%, aunque las tres actividades acumularon retrocesos durante 2026.
En septiembre, la UIA estimó que la producción manufacturera volvió a caer 3,4% interanual y acumuló una contracción de 2,8% durante los primeros nueve meses del año.
Los datos del SIPA muestran, además, que durante los primeros siete meses de 2026 se perdieron 134.034 empleos privados registrados en Argentina, de los cuales 9.800 corresponden a Santa Fe.
El FMI sostiene que la combinación de estabilidad macroeconómica, reformas de mercado, financiamiento e inversión privada permitirá superar esas dificultades.
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