Por Emerio Agretti-Ivana Fux
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Más allá de los vaivenes que el tratamiento de la tenencia y el consumo de estupefacientes mereció por parte de la ley y la jurisprudencia argentinas, la idea de la despenalización es alentada desde hace años por juristas y especialistas médicos, en la misma proporción en que es resistida desde diversos ámbitos.
En los últimos días, el tema comenzó por primera vez a ser formalmente debatido en el Congreso y, con una exposición del ministro de la Corte Nacional Raúl Zaffaroni, de por medio, se esperaba un primer dictamen de comisión; cosa que aún no se produjo, por lo cual hasta el momento no está claro si -en caso de que haya ley- quedarán abarcadas todas las drogas y cuáles serán los alcances e implicancias del régimen.
En tanto, la sociedad también asumió públicamente la discusión, que pasa entre otras cosas por asimilar o diferenciar los términos de despenalización y legalización; establecer si el consumo pertenece al ámbito de los derechos individuales o si afecta a toda la comunidad; determinar cómo afrontar el tratamiento de los adictos y cuál es la mejor política para combatir al narcotráfico; conciliar puntos de vista jurídicos, médicos y morales.
Rechazo de Arancedo
En este plano, las voces que con más fuerza se hicieron sentir en contra de la iniciativa surgieron desde la Iglesia. Por caso, el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Comisión Episcopal Argentina, José María Arancedo, consideró en primer término que “estamos ante una cuestión que no pertenece a la esfera sólo de lo privado, sino que hace al bien público de la sociedad”.
“Por momentos, parecería que se llega al planteo de despenalización de las drogas, como resultado de un fracaso en las políticas llevadas a cabo. Es como decir, hemos perdido la guerra contra las drogas, aceptémoslas como una realidad ya instalada que no admite un juicio”, añadió el prelado.
También consideró que “se maneja con mucha ligereza en estos casos el concepto de drogas blandas y drogas duras, como queriendo disminuir su nocividad o asimilarlas a otras adicciones. Esto carece de una sólida base científica. Por el contrario, es conocido el juicio de la ciencia sobre los daños irreparables que producen en la persona”.
“La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alerta frente a esta actitud. Cuando hablamos del consumo de drogas no hablamos de las adicciones en general, por ejemplo al tabaco, aunque sabemos que es perjudicial. Desconocer o minimizar las consecuencias irreparables que su uso implica es un modo de complicidad pasiva con su consumo. No se trata de criminalizar al adicto, a quien hay que ayudar y prevenir frente al daño que ello implica, sino de definir un juicio y una actitud llamada a tener consecuencias para el bien de la sociedad”, advirtió.
Arancedo también sostuvo que “no debemos olvidar ni minimizar, por otra parte, el sentido pedagógico que tiene la ley. ¿Qué significaría, para ese universo de actuales y posibles adictos, decirles que la droga tiene un reconocimiento legal? ¿Es correcto que, en defensa de un pretendido derecho privado o subjetivo, se llegue a provocar un daño público?”.
Apoyo de Sylvestre Begnis
Para el ex ministro de Salud y ex diputado nacional de la provincia, Juan Héctor Sylvestre Begnis, la decisión de despenalizar la tenencia de droga para el consumo es acertada. En diálogo con El Litoral, contó que el proyecto que ahora se discute en el Congreso, alberga detrás muchos años de trabajo y discusión en diferentes ámbitos.
“Venimos trabajando el tema desde hace muchos años en el ámbito parlamentario. Ya en el Cofelesa (el Consejo Federal Legislativo), que agrupa a los jefes de todas las comisiones de salud y que se reunió hace cuatro años en Santa Fe -recordó-, la despenalización de la tenencia de droga para el consumo había sido el primer tema abordado”.
El ex legislador consideró que se ha avanzado mucho durante este tiempo, y aseguró que es la propia comunidad la que pide hablar y debatir el tema. “La sociedad tiene miedo de que al no condenar, no estigmatizar ni encarcelar al consumidor, se facilite la ampliación de los consumidores. Ésa es una opinión generalizada -admitió-. Se ha creado en torno de las drogas y las adicciones toda una dramatización. Y las estadísticas indican que los adictos no llegan a ser nunca ni el 4% de los consumidores de cualquier droga. Es decir que es mínimo. Sí, es cierto -aclaró- que la aparición de un adicto cuando está intoxicado puede ser grave para sí mismo y para la sociedad. Eso es cierto. Pero si uno hace la cuenta de los accidentes que tenemos permanentemente y de los traumas, vamos a ver que las adicciones por las drogas pesadas o prohibidas son mínimas; son muchas más las del alcohol”.
Sin embargo, aseguró que “tampoco en el alcohol se da que el número de adictos sea mayor al cinco por ciento de los consumidores. Entonces -recomendó-, tenemos que poner las cosas en su lugar y plantear el tema de la libertad. Cuando hicimos la ley antitabaco, dijimos que no se debía condenar ni perseguir al fumador, sino ofrecerle un tratamiento para que pudiera dejar de fumar. Pero de ninguna manera perseguirlo porque ésa es una cuestión de libertad individual”.
Para Sylvestre Begnis, “no se trata de ninguna cuestión novedosa; es seguir adelante con una política que en el año 2008 instaló claramente en Viena el gobierno nacional a través de Aníbal Fernández cuando fue y dijo: ‘Nosotros no vamos a seguir persiguiendo a los perejiles; nosotros queremos luchar contra el narcotráfico y la producción’. Y en ese momento, se pasó Adicciones al Ministerio de Salud, que nunca se había ocupado del tema. Entonces nos agarró sin estar preparados. Recién, a través de la Ley de Adicciones, tenemos todos los instrumentos para ir instalando en los hospitales de agudos, servicios de salud mental donde la gente puede acceder si lo desea voluntariamente para ser tratado”.
A su criterio, la preocupación central debe pasar por la prevención y atención adecuada que debe brindar el sector salud. “Tenemos que terminar con las comunidades terapéuticas o los invernaderos crónicos donde nadie se cura, y tenemos que hacer sobre todo prevención y lucha contra el narcotráfico por la vía de la policía y la justicia”. A propósito, confió en que con esta ley se logre “una recuperación enorme de recursos y de todos los jueces para que se pueda combatir el narcotráfico. Deberíamos plantear paralelamente una nueva ley de adicciones para terminar con la actual que ya es obsoleta, que escracha al consumir y lo hace objeto policial y de la justicia, cuando en realidad es un enfermo”.
“Estoy absolutamente a favor en avanzar con esto y puede ser que nos pongamos al día con algunos países que han tenido experiencias de este tipo y han mejorado la situación, como Holanda, Dinamarca, Uruguay, Paraguay”, planteó.
Cappiello respalda
Para el actual ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappiello, la iniciativa es adecuada y la respalda.
“Estoy de acuerdo, particularmente, en despenalizar la tenencia de drogas para el consumo. Lo que sí debemos hacer -advirtió- es un gran trabajo para evitar el narcotráfico, y modificar una ley que ya tiene más de veinte años, que penaliza a quien no trafica, sino al que la consume”. A su criterio, “no hay ningún inconveniente en la tenencia particular” de estupefacientes, pero insistió en la necesidad de perseguir a los narcotraficantes, que son “los reales causantes de los problemas de droga”.
El funcionario disintió con quienes sostienen que la despenalización liberará y hará más masivo el consumo. “No estoy de acuerdo -sostuvo-. Es lo mismo que con el cigarrillo. La droga legal, el cigarrillo y el alcohol, que causan tantos daños y tantas muertes, no están penalizados y no por eso hay gente que entre a fumar y a tomar”. A su criterio, si realmente se trabaja con seriedad para combatir el narcotráfico, el consumo personal “no sólo que no va a aumentar, sino que va a disminuir”.
“Creo que ese combate real se tiene que dar de una vez en la práctica y dejar de ser buenas intenciones como han sido hasta hora muchas de las cosas que se han hecho en el país. Tenemos que apuntar ahí -enfatizó-. Cuando escucho a los ministros de Seguridad que no pueden entrar a una de las cocinas (de droga) que la gente señala, porque no tienen la orden de la Justicia Federal, es eso lo que hay que tratar de cambiar, y que haya posibilidades de que las fuerzas de seguridad actúen más rápidamente”, manifestó.


































