El gobierno y la Corte de Santa Fe gestionan la agenda institucional sin desatender la política

En el curso de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en pleno recibió al ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. La reunión, según se supo después, fue solicitada por los miembros del Tribunal, como resultado de una reunión de Acuerdo, y estaba previsto que se llevase a cabo la semana anterior, aunque se postergó por razones de superposición de actividades.

Además, como trascendió en un principio y luego fue oficialmente desmentido, estaba previsto que concurriese el ministro de Gobierno, Fabian Bastia. O al menos, tal era la expectativa de los magistrados, que dejaron en evidencia su frustración por el hecho de que el encuentro ("positivo y en muy buenos términos", como se aclaró después) no incluyese a un funcionario con incumbencia específica para dar respuesta a las inquietudes vinculadas a la cuestión presupuestaria.

Naturalmente, no escapó al análisis de contexto el hecho de que el gobierno provincial tiene en marcha un operativo para renovar la composición del Tribunal, al menos en buena parte. Y que, a tal efecto, una escueta comitiva del oficialismo (integrada por el propio Bastia, Julián Galdeano, el senador Felipe Michlig y, brevemente, por el diputado socialista Joaquín Blanco) llevó adelante una agenda de reuniones individuales con ministros para conversar sobre la posibilidad y los términos de un apartamiento, con el argumento de base de la edad de la mayoría de ellos.

Renuncia prometida

A fechas vista, el único que manifestó su decisión de renunciar fue Mario Netri, cosa que hará efectiva a partir del 1 de diciembre, y en parte motivada por razones de salud. En los demás integrantes del Tribunal el gobierno no encontró disposición a hacerlo, y algunos arriesgan la interpretación de que en la gestión a tal efecto escaseó una diplomacia que acaso hubiera resultado más fructífera.

En cualquier caso, los participantes de la reunión dejaron en claro que este tema, que coloca a las cabezas de ambos poderes a las puertas de un conflicto político a esta altura difícil de zanjar por la vía del consenso, no estuvo en el temario de la reunión. Por más que haya sobrevolado cada minuto de su desarrollo, y a que algunos le hayan asignado una condición de causa y efecto en relación con las cuestiones que se estaban discutiendo.

Agenda de gestión

Cuestiones que, pasando en limpio, se sintetizan en tres: la demora en la cobertura de vacantes, la falta de trámite a una serie de expedientes que atañen al personal del Poder Judicial y las cuestiones presupuestarias, que abarcan la política salarial, pero también los gastos de funcionamiento.

En cuanto al primer tema, se trata de uno recurrente en la agenda de reclamos de la Corte al Poder Ejecutivo de turno. Pero en este caso reviste particulares características, por los plazos de demora, la cantidad de casos ya existentes o en ciernes, y las circunstancias políticas que afectan este diferendo.

A la fecha, en el Poder Judicial computan un total de 70 vacantes estrictamente de jueces. Lo que, sobre un plantel total de 374 cargos, supone el 24 % a nivel provincial; esto es, casi la cuarta parte. Pero la proporción se agrava en algunas circunscripciones, como en el caso de Santa Fe, donde hay más cargos vacantes que en Rosario y, por lo tanto, el porcentaje es mayor (ya que el total de cargos es más bajo). Pero además, con las jubilaciones ya anunciadas hasta fin de año, apresuradas por la posibilidad de cambio de régimen, el total de vacantes previstas trepa a 84, y no se descarta que haya alguna más.

Pliegos en espera

En cuanto a los plazos, el problema es que la última Asamblea Legislativa en que se aprobaron pliegos de magistrados fue el 24 de noviembre de 2022. Durante el último año de la gestión de Omar Perotti no se aprobó ningún otro, y los 39 pliegos que iban a tratarse en la Asamblea convocada para el 21 de septiembre de 2023 fueron retirados, a pedido de las nuevas autoridades electas.

El reclamo de los ministros de la Corte, expresado en términos numéricos, se topa con un parámetro cualitativo que pretende aplicar la gestión Pullaro: no cubrir las vacantes en su totalidad, sino previo relevamiento de lo que entienden que son las verdaderas necesidades, y concentrándose allí. Otra evaluación que, previsiblemente, se da en términos contrapuestos. Más allá de lo cual, desde el Poder Ejecutivo se anunció que en los próximos días se enviará una tanda de pliegos (al margen de la polémica producida en torno a los de la Cámara de Ejecución Penal).

Los jueces también plantearon la demora en el trámite de expedientes en la órbita del Poder Ejecutivo. Se trata de algo menos de 90 trámites, pero que involucran a más de 440 agentes, entre jubilaciones, ascensos, rectificaciones e incluso una cesantía.

Cuestión presupuestaria

Finalmente se puso sobre la mesa la cuestión presupuestaria. En la Corte hicieron notar que los recursos para atender la política salarial ya están agotados, incluso los necesarios para atender los retroactivos de mayo y junio, cada uno de ellos del 4,2 %. Pero además apuntaron que no cuentan con partidas suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, y las obras en marcha, como la ampliación del edificio de Tribunales en Santa Fe y el de Casilda.

A este planteo sumaron también la creación de cargos para oficiales de custodia por la aplicación del juicio por jurados, otros en los juzgados de Familia y también para la unidad de gestión de causas de Menores.

Fuera de agenda

Luego de la reunión no hubo declaraciones públicas desde el cuerpo que encabeza Rafael Gutiérrez, aunque sí del ministro Cococcioni, que negó que exista algo como "un ahogamiento financiero" del Poder Judicial, y del propio gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien ya había etiquetado a la Justicia santafesina como un servicio "caro e ineficiente", y ahora les reclamó una política de ahorro equiparable a la que desarrolla el Poder Ejecutivo.

Con esta agenda de temas estrictamente funcionales, y propias de quienes encabezan ambos poderes, los representantes del Poder Ejecutivo y el Judicial se enfrentan a un período en el que, acaso, las buenas maneras exhibidas en la reunión de la semana pasada no sean suficientes para contener el conflicto, o requieran ser reforzadas al máximo nivel.