Manos libres: la Nación prorrogó la emergencia en servicios de luz y gas

Con la firma del presidente Javier Milei, el Decreto 370/2025 prorroga hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia energética y la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas. Se trata de la segunda oportunidad en que esa gestión suspende la normalización de los contratos con diversas las concesiones a empresas privadas, vigentes desde la década del '90.

Con el decreto publicado en el Boletín Oficial este lunes 2 de junio, habrá emergencia en no menos de la mitad del mandato presidencial con dos años y medio. Ese mecanismo de excepción, que da muy amplias facultades al Poder Ejecutivo Nacional, está vigente desde diciembre de 2023 y ahora aprovecha las potestades cedidas por el Congreso en la Ley Bases para mantener ese estatus jurídico.

El documento establece, en primer lugar, la prórroga de "la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por el Decreto N° 1023 del 19 de noviembre de 2024, en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural y las acciones que de ella deriven, hasta el 9 de julio de 2026, y con el alcance previsto en los decretos precitados".

En los fundamentos se explica que se extiende también la aplicación del llamado "período de transición", un eufemismo para la quita parcial de los subsidios energéticos a los sectores medios, con la intención de que solo subsistan las ayudas del Estado Nacional para los hogares más vulnerables. En términos conocidos por los usuarios, el gobierno tiene ahora un plazo más amplio para que de a poco -en un año electoral- aumenten tanto el servicio de gas natural por redes como la energía eléctrica a los usuarios residenciales identificados como de Nivel 3, de ingresos medios. Como se sabe hoy los N1 pagan casi plenamente ambos servicios mientras que los hogares con mayores problemas económicos pero con servicios provistos de forma regular (no son enganchados) cuentan con las ayudas más importantes.

Efectos locales

En Santa Fe la prórroga de la emergencia tiene efectos indirectos sobre la Empresa Provincial de la Energía, ya que seguirá bajo el paraguas de una decisión política (y en un segundo plano, técnica) fijar el valor del megavatio/hora, es decir, sigue como resorte de la política económica de la Casa Rosada el precio mayorista de la energía eléctrica, sin que el mercado lo regule. Y en cuanto a los usuarios de la distribuidora provincial y las subdistribuidoras cooperativas del interior la continuidad hasta 2027 marca lo que pueda suceder con solo ese aspecto de sus tarifas: el del valor del kW/h que suele pesar en un tercio del precio final de las boletas. Los dos restantes corresponden al VAD (Valor Agregado de Distribución) y a los impuestos de todos los niveles del Estado. El VAD paga o debería poder cubrir los costos de la Epe (y de las subdistribuidoras).

En cambio, respecto del gas natural por redes, los impactos de la emergencia por otro año recaen directamente sobre el contrato de concesión de la concesionaria mencionada, que actúa en el norte de la provincia de Buenos Aires y en toda Santa Fe (con subdistribuidoras). El concepto es que sus tarifas siguen bajo decisiones tomadas por el gobierno nacional, con actualizaciones periódicas que en general siguen (unos pasos atrás) a la inflación. Para ese proceso las distribuidoras de todo el país cuentan con una Revisión Tarifaria Integral que sigue en marcha, lo mismo que sus planes de inversiones.

El plazo para la normalización de los contratos iba a concluir en julio próximo, y para las empresas del sector no es una sorpresa que todo se postergue hasta julio de 2026. De todos modos, es conocida la posición de las empresas a favor de una pronta salida de los períodos de emergencia. Y así lo confirmó el director y apoderado de la Asociación de Distribuidores de Gas, Daniel Martini, en una audiencia pública convocada por Ente Nacional Regulador del Gas. Dijo que el sector "lleva 20 años" de congelamientos u atrasos de las tarifas, en una reunión cuyo eje fue el pedido de tres empresas (entre ellas la concesionaria que actúa en Santa Fe, Litoral Gas) para ampliar en 20 años las licencias que se extinguirán en 2027, al cumplirse 35 años de la privatización.