Tras un año, citaron al senador Traferri a una audiencia imputativa

El senador por el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, Armando Traferri fue convocado a audiencia imputativa por los fiscales Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato, en el marco de la causa del juego ilegal, al cabo de tres pedidos del legislador para poder declarar.

El representante por ese departamento sostiene desde hace un año que quiere que se le exponga cuáles son las acusaciones en su contra. Y acaso ha tenido que esperar tanto porque antes fue él quien se negó a declarar amparado en sus fueros legislativos especiales (una coraza protectora más amplia que la existente a nivel nacional), previstos por la Constitución de Santa Fe.

En pocas palabras, en diciembre de 2020 Traferri se negó a declarar y logró el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara para rechazar un pedido de desafuero de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a los que el por entonces titular del bloque del PJ consideraba imparciales. Una y otra vez, desde su banca, Traferri acusó a viva voz al ex ministro de Seguridad y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, de promover por "razones políticas" esa causa. Sostenía que los fiscales era parciales y finalmente fueron apartados de la investigación.

En la votación de casi cuatro años atrás solo cuatro senadores votaron en contra del senador (y todos pertenecían al bloque Lealtad, que respondía al gobernador Omar Perotti). Por evitar la imputación votaron tanto justicialistas como radicales (de la UCR se abstuvieron Rodrigo Borla y Lisandro Enrico). Obviamente, por razones éticas, Traferri tampoco votó.

Tras tres años, el 18 de octubre de 2023, con el mismo Senado de mayoría justicialista (pero ahora en vías de una reunificación del peronismo) se votó a favor de que Traferri pueda ser interrogado e imputado. En la sesión se aclaró que no podrá ser detenido aún si así lo pidieran los fiscales: un paso de ese tipo requeriría (eventualmente) de un nuevo pronunciamiento del Senado.

Es curioso, desde que el legislador quedó en condiciones de declarar y así poder defenderse ante fiscales que considera que no serán parciales la cita se demoró. Tanto que en tres oportunidades, durante 2024 reclamó formalmente a través de sus abogados poder saber de qué se lo acusa y así armar su defensa.

En declaraciones públicas y al fundamentar un recurso judicial que no prosperó en la justicia santafesina, Edery y Schiappa Pietra sostienen que Traferri mantuvo contactos con un empresario del juego ilegal (que recuperó en poco tiempo su libertad) y que debe ser investigada la eventual comisión de delitos de tráfico de influencias a cambio de dinero. La base de aquella acusación se encontraba -en parte- en la declaración judicial de Leonardo Peiti, un hombre dedicado a las apuestas ilegales que tiene sin embargo concesiones del juego legal en otras provincias y manifestaba que deseaba ingresar al juego on line. Recientemente, el propio Peiti dijo a la prensa (y manifestó que a los fiscales) que los dos fiscales de Rosario habían direccionado su declaración para perjudicar al senador, sin seguir otros datos vinculados a extorsiones por las que hoy está presa una informante del MPA que formaba parte de Los Monos.

Causa en curso

Las quejas de Traferri en soledad en la Cámara alta respecto de Sain y una suerte de "central de inteligencia ilegal", armada para espiar a opositores, dirigentes del propio justicialismo, periodistas y empresarios, cobraron otro significado cuando en 2022 se inició una investigación desde el MPA que detectó un flujo ilegal de información, audios de la justicia y seguimientos no permitidos por la ley, que iban desde el organismo aún a cargo de Sain (de licencia) al ministerio de Seguridad. También se encontraron numerosas carpetas con informes sobre personalidades políticas y del mundo empresarial y de los medios que abonaron la teoría del sanlorencino. En esa causa está imputado a Sain y entre otros efecto produjo la expulsión de funcionarios del órgano de la Acusación por parte de la Legislatura.