Milei quiere establecer un “cierre del Estado” cuando se agota el Presupuesto

El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto, entre otras reformas, de “shutdown” al estilo norteamericano. Según explicó, esta iniciativa establece que “cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga (se cierra) el Estado”, buscando imponer un límite estricto al gasto público.

Cuando Javier Milei habla de un “shutdown” (o “cierre del Gobierno”) como el de Estados Unidos, se refiere a un mecanismo legal y presupuestario extremo que se utiliza en el país del Norte, el cual busca replicar en Argentina bajo su premisa de “déficit cero”.

La propuesta se conecta con el anuncio de la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que busca prohibir de manera explícita (e incluso penalizar) que el organismo pueda emitir dinero para financiar al fisco nacional bajo cualquier circunstancia.

La estricta veda y las consecuencias penales de su vulneración formaban parte de un proyecto de ley que fue enviado el año pasado junto al Presupuesto y no prosperó en su debate.

Ahora, el Gobierno busca entroncarlo con la legislación de fondo: “Exactamente, (emitir podría ser penado) porque es una estafa. El Código Penal define la estafa, y la estafa y la falsificación de moneda son delitos penales. Podemos utilizar partes del Código Penal existente", advirtió Milei, en declaraciones a un espacio afín en un canal de streaming.

El modelo de EEUU

En Estados Unidos, el Congreso debe aprobar las leyes de financiamiento para que el Estado funcione. Si el Congreso y el Presidente no se ponen de acuerdo en el presupuesto antes de que se venza el plazo, el Gobierno se queda sin fondos autorizados para gastar.

Al no tener dinero legalmente asignado, se produce el “cierre” y se frena lo no esencial: parques nacionales, museos, ministerios y agencias administrativas suspenden sus actividades y mandan a los empleados públicos a sus casas (sin goce de sueldo temporal).

En tanto, servicios esenciales como las fuerzas de seguridad, el control del tráfico aéreo y la salud de emergencia siguen funcionando, pero los empleados trabajan con la promesa de cobrar una vez que se destrabe el presupuesto.

En 2025, la gestión de Donald Trump afrontó un cierre administrativo de 43 días que afectó a los llamados servicios no esenciales, mientras que aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a casa sin goce de sueldo y otros 700.000 permanecieron en funciones consideradas críticas, sin recibir salario de inmediato.

Formato argentino

En Argentina, el formato que impulsa el Gobierno no apunta a la falta de acuerdo para nuevas iniciativas, sino a establecer un límite financiero estricto al Presupuesto ya aprobado. Con esto, lo fijado en la “ley de leyes” pasa a ser un límite infranqueable, que no admite la posibilidad de ampliaciones por decreto.

Históricamente, cuando el presupuesto se agota debido a la inflación o al aumento del gasto, el Poder Ejecutivo suele ampliar las partidas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o reasignaciones de partidas.

Con este proyecto, si un ministerio o dependencia pública consume el 100% del dinero que tenía asignado para el año, automáticamente se bloquea su capacidad de gastar. No hay más fondos, no se emite deuda ni se imprime billetes para salvarlo; esa parte del Estado simplemente “se apaga” hasta el próximo ejercicio fiscal.

El propósito declarado es obligar a cada área del Estado a gestionar sus recursos con disciplina extrema, sabiendo que si gasta más de lo planificado, la consecuencia directa es la parálisis de sus funciones.

Sin embargo, el principal desafío será definir qué ocurre con los gastos permanentes. Salarios del sector público, jubilaciones, seguridad, salud, Justicia, servicios esenciales y atención de emergencias difícilmente puedan interrumpirse sin generar consecuencias legales, sociales o políticas.

Cuestiones a definir

Lo cierto es que el "shutdown" nunca alcanza la totalidad de las áreas del Estado. Según el análisis del medio especializado Ámbito, uno de los principales a definir por Casa Rosada será, justamente, delimitar qué erogaciones quedarían alcanzadas por la medida y cuáles estarían exceptuadas.

Entre los distintos rubros aparecen obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias. También resta establecer el alcance del mecanismo, si el límite se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida presupuestaria específica.

La relación con los gobernadores aparece como otro tema de conflicto. Buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional y podría verse afectada si una partida se agota.

A su vez, esta suerte de "shutdown argentino" podría tener repercusiones judiciales. Si el Estado interrumpe programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario, podrían multiplicarse las presentaciones en los tribunales. Por ese motivo, el Gobierno deberá diseñar un marco legal para evitar que la medida quede frenada apenas entre en vigencia, mediante una cautelar.

Por último, otro punto sensible aún sin resolver es definir quién tendrá la facultad de activar el cierre.

La semana pasada, el Presidente realizó el anuncio de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, la cual se modificó por última vez en 2012 bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont.

El Presidente vinculó estrechamente ambas iniciativas, e indicó que están conectadas con otras leyes, “como la de mercado de capitales e Inocencia Fiscal; y todo lo que tiene que ver en materia de seguros y las reglas fiscales”.

Con todo ello, aseguró, “empezamos a reconstruir la base para reparar 91 años de daños a los argentinos”