Cuatro de los policías acusados por la muerte de Mauro González seguirán presos

Luego de dos días de exposiciones y debates, terminó este jueves feriado la audiencia de medidas cautelares para los seis policías acusados por la muerte de Mauro González, ocurrida en una celda de la Comisaría 8a, tras su detención en la zona nororeste de la ciudad de Santa Fe.

La jueza Cecilia Labanca dispuso que cuatro de los acusados permanezcan en prisión preventiva: ellos son los policías del Comando Radioeléctrico Lucas Amarillo, Sebastián Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz. Por otra parte, tanto Sabrina Petitón como juan Cruz Barros (este último del Cuerpo Guardia de Infantería) consiguieron la libertad, pero con medidas alternativas que deberán cumplir.

La audiencia comenzó temprano el miércoles y por la tarde pasó a cuarto intermedio. Este jueves la actividad se retomó y la resolución de la magistrada se dio recién en horas de la siesta y duró dos horas.

El caso es complejo y una decena de abogados defiende a los imputados.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) es representado en el caso por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Violencia Institucional.

La jueza entendió que el planteo de la fiscalía era correcto, en base a la evidencia presentada en esta instancia, de la que cinco de los acusados serían coautores. La calificación es distinta para Barros, que fue imputado por coautoría de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

El hecho

El trágico hecho comenzó durante la tarde del 17 de enero en la zona noroeste de la capital provincial, más precisamente en inmediaciones del cruce de calles Chaco y Hermanos Figueroa.

En base a lo que sostiene la fiscalía, los oficiales Lucas Amarillo y Melisa Díaz fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 para contener a Mauro González, quien atravesaba una “crisis subjetiva” por un presunto padecimiento mental o de consumo problemático de estupefacientes.

Hernández tiene indicios para sostener que, lejos de seguir los protocolos establecidos para estas situaciones, los agentes desataron un “uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”. González fue sujetado con violencia, arrojado al piso y esposado.

Según esa reconstrucción, poco después llegaron a la escena otros uniformados: Sebastián Bandirali, Facundo Aranda, Sabrina Petitón y Juan Cruz Barros, entre otros. Ellos, en lugar de controlar la violencia aplicada, colaboraron en la privación ilegítima de la libertad de la víctima.

Mientras Mauro permanecía en el suelo con las rodillas ensangrentadas, dos policías le presionaban con las rodillas y los pies las zonas dorsal y abdominal.

La investigación habría determinado que los efectivos arrojaron a Mauro a la caja del móvil policial Nº 12.808. Allí le presionaron la cabeza, le flexionaron las piernas a la fuerza y continuaron ensañándose con su zona hepática.

"Tuvo una cirugía abdominal", llegó a advertirles desesperado Juan Carlos González, el padre de la víctima, intentando frenar ese castigo.

Para el fiscal, la advertencia no solo fue ignorada, sino que pareció incrementar deliberadamente el ensañamiento de los policías, quienes además le colocaron un segundo par de esposas sumamente ajustadas.

Recorrido

El traslado comenzó con la oficial Melisa Díaz al volante y Lucas Aranda custodiando a la víctima en la caja. De cerca, los seguía el móvil de apoyo Nº 12.829.

Al llegar a la altura de Teniente Loza al 7100, los patrulleros detuvieron su marcha por casi dos minutos.

En ese intervalo, el suboficial Facundo Amarillo descendió de la unidad de apoyo y subió a la caja donde yacía Mauro.

Entre Lucas Aranda y Facundo Amarillo -asegura la fiscalía- volvieron a arremeter contra el joven indefenso y esposado, propinándole golpes de puño y atacándolo con un bastón o una escopeta ante la mirada cómplice de sus compañeros.

Múltiples lesiones

Hernández señaló que las autopsias y peritajes revelaron más de 20 lesiones visibles en todo el cuerpo y la fractura de la séptima costilla derecha.

El dolor de intensidad máxima y el daño interno provocaron un deterioro hemodinámico y metabólico rápido, dejando a González prácticamente inconsciente.

Pese a su estado crítico, los agentes decidieron no llevarlo a un hospital.

En su lugar, realizaron una insólita y negligente escala en una estación de servicio YPF (en el sudeste de la ciudad) y luego en la sede de Medicina Legal de la U.R. I., en pleno centro.

Finalmente, el derrotero terminó en la Comisaría 8va. (en el sector noreste).

Mauro fue arrojado boca arriba (en decúbito dorsal) dentro de un calabozo, completamente solo y en grave estado. Fue allí donde se produjo el desenlace fatal: el joven vomitó estando inconsciente y, al no poder moverse ni defenderse, falleció por asfixia tras broncoaspirarse.

La investigación judicial apunta directamente al abuso de funciones y la total indiferencia de los uniformados.

Delitos

Para el fiscal, Melisa Díaz, Lucas Aranda, Sebastián Daniel Barros, Facundo Aranda y Sabrina Petitón previeron y aceptaron este trágico resultado, mostrando un absoluto desprecio por la vida humana. Todos ellos fueron imputados como coautores del accionar que derivó en la muerte.

Además, Facundo Aranda también fue acusado formalmente como coautor de vejaciones -cuatro hechos en concurso real-, daños y falsedad ideológica en instrumento público, todo ello en concurso real.

Por otra parte, a Juan Cruz Barros se le atribuyó la coautoría de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

La familia de la víctima es querellante en la causa y es representada por el abogado Rodolfo Mingarini.