Procesan a madre por obligar a hija de 17 años a abortar con píldoras

El Litoral

DYN

La Cámara del Crimen procesó a una mujer por obligar a su hija, de 17 años, a abortar un embarazo de 16 semanas de gestación, en el barrio porteño de Flores.

Los jueces Marcelo Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo dispusieron la medida contra Margarita Marlene Sandoval Morales, a quien le reprocharon los hechos ocurridos "en las primeras semanas de agosto de 2015".

Según constancias de la causa, todo ocurrió en una casa de la calle Crisóstomo Alvarez al 2700, cuando ayudada por otra mujer "habría participado en la interrupción del embarazo de (su hija) de 17 años, contra su voluntad".

El hecho hubiera pasado inadvertido de no ser porque el 12 de agosto de ese año la chica fue atendida en el Hospital Rivadavia por un "aborto contra su voluntad".

En ese escenario saltó a la luz que "una semana atrás sus padres la habrían obligado a practicarse un aborto", después de proferirle cuando supieron que estaba embarazada: "vamos a tener que hacer un aborto" a lo que ella se negó desde un primer momento.

Un día, sorpresivamente, la madre hizo ingresar a la vivienda a una mujer, cerró la puerta con llave, tomó el celular de su hija y le explicó que debía interrumpir el embarazo mediante la ingesta de pastillas abortivas.

"Tomalas, hacelo por tu papá y por tu familia", le dijo, y pese a su negativa "ante tanta insistencia y tanta presión se vio obligada a tomar las tres pastillas".

"Luego fue trasladada a la habitación de sus padres donde la desconocida le habría colocado otras tres píldoras en su vagina", con lo que forzó el aborto.

La adolescente se fue a vivir a casa de una tía, y su madre fue procesada -sin prisión preventiva- por un delito que contempla penas de entre tres y diez años de cárcel.

"Su rol de progenitora jugó un papel preponderante, que acompañó con actos concretos que determinaron la voluntad de la menor", opinaron los camaristas.

Para ello, resaltaron que "cerró el inmueble con llave y le quitó el teléfono para impedir que contactara a alguna persona en busca de ayuda y además de llevar a quien practicó las maniobras, vertió frases de gran contenido emocional para que acatara su orden".

El tribunal trabó además embargo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de 350 mil pesos.