Venezuela: dispusieron una fosa de emergencia para sepultar a personas no identificadas

A poco más de una hora de viaje desde La Guaira, la ciudad más golpeada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, el cementerio La Esperanza se convirtió en el escenario de una tarea tan silenciosa como dolorosa.

En un sector alejado del predio, maquinaria pesada trabaja desde hace más de diez días excavando largas zanjas destinadas a recibir a cientos de víctimas recuperadas entre los escombros, muchas de ellas aún sin identificar.

Aunque la imagen recuerda a una fosa común, las autoridades insisten en que cada inhumación se realiza de manera individual. Cada sepultura cuenta con una cruz, piedras blancas y un código de identificación que permite vincular el cuerpo con un expediente y su correspondiente registro fotográfico.

"Esto no es un desorden. Nadie está siendo tratado como si fuera un objeto o un animal. Cada persona recibe un entierro digno", aseguró Elis Zabala, responsable municipal del operativo.

Durante el fin de semana continuó el traslado ininterrumpido de cadáveres desde distintos puntos hacia el cementerio. Camiones refrigerados y ambulancias recorrieron el camino durante el día y la noche para llevar los cuerpos a las nuevas sepulturas.

Hasta la mañana del lunes se habían enterrado 253 personas, de las cuales 159 permanecían sin identificación. Según Zabala, las zanjas habilitadas podrían albergar entre 2.000 y 3.000 ataúdes, y ya se analiza acondicionar otro sector del terreno si la situación lo requiere.

Muchos de quienes descansan en La Esperanza pertenecían a los sectores más vulnerables de la población o tenían familiares viviendo en el exterior, en medio de la extensa migración venezolana. Aquellas familias que lograron reconocer a sus seres queridos y afrontar los costos de un servicio funerario pudieron despedirlos en cementerios tradicionales o mediante cremación.

En cambio, quienes no pudieron hacerlo terminaron siendo trasladados a este espacio de emergencia.

El más reciente informe oficial, difundido el lunes, elevó a 3.535 el número de fallecidos por los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras que los heridos ya ascienden a 16.740.

El mayor desafío

La gestión de los cadáveres se transformó en uno de los mayores desafíos tras la tragedia. En los primeros días, las morgues colapsaron y numerosos cuerpos fueron depositados de manera provisoria en un estacionamiento al aire libre, donde permanecieron expuestos al intenso calor caribeño.

El fuerte olor generado por la descomposición provocó reclamos de los vecinos, que exigieron el traslado de los restos. Posteriormente fueron llevados a la zona portuaria, donde continuaron almacenados al aire libre.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que desde el Gobierno se ordenó evitar entierros masivos sin identificación. "Desde el primer momento dije que nadie iba a terminar en una fosa común", expresó días atrás.

Desde una vista aérea, las largas filas de tumbas reflejan la magnitud del desastre. Sin embargo, cada sepultura posee una placa numerada y una referencia documental que permitirá su eventual identificación. Algunas cruces ya llevan el nombre de la víctima, mientras que otras únicamente muestran la inscripción "identificación especial", a la espera de que algún familiar pueda reconocer el cuerpo.

Una medida cuestionada

La respuesta oficial frente a la emergencia ha recibido cuestionamientos desde el inicio.

Periodistas internacionales consultaron a Rodríguez sobre las demoras y la falta de coordinación registradas durante las primeras 72 horas posteriores al sismo, cuando numerosos sobrevivientes denunciaron escasez de maquinaria, insumos e incluso materiales básicos para identificar los cuerpos recuperados entre los escombros.

La mandataria rechazó esas críticas, atribuyéndolas a una campaña mediática, y afirmó que el Estado Mayor de emergencia comenzó a operar pocas horas después de la catástrofe. También aseguró que el despliegue pasó de 4.000 efectivos en el primer día a casi 30.000 en la actualidad.