"Ya no tengo quien me fíe ni un tornillo"

La dramática frase del título, es aún más dramática cuando se sabe que quién la dijo es un empresario que opera más de la mitad de las líneas de colectivos que circulan por la ciudad. Un servicio esencial, que el año pasado, con actividad normal sin pandemia, realizó un promedio de 3.082.120 viajes por mes.

Esta semana se conoció que el gobierno nacional reglamentó el Fondo Covid de Compensación del transporte público para asistir el desfinanciamiento del servicio en 12 provincias del interior del país. Lo hizo tarde, porque es dinero que debería haberse cobrado entre junio y septiembre. Y sigue siendo escaso: solo llegó a la provincia lo correspondiente a este mes: $ 226.238.771,42. Junio, julio y agosto… bien, gracias.

La noticia no alcanza para calmar el ánimo de los empresarios, que hacen malabares para mantener el servicio. En Santa Fe se viene logrando; en Rosario, no: en los últimos 120 días hubo 68 de paro. La expectativa era otra; se esperaba recibir al menos lo que establece la resolución ($ 6.500 millones, $ 900 millones para Santa Fe), que ya era menos de lo adeudado ($ 10.500 millones). El remanente, aclara la normativa, "será aplicado a futuras compensaciones, a devengarse durante el año en curso".

La demora en la llegada de recursos no hizo más que seguir desfinanciando el sistema, una metodología que opera desde hace varios años y que acentúa una injusta asimetría con Buenos Aires. En mayo de este año, por ejemplo, Amba recibió $ 7.341.387.528 y todas las provincias $ 1.245.396.987, esto es un 85% contra un 15%. El dato fue aportado por los exfuncionarios provinciales Alejandro Boggiano y Ángel Sciara en una nota publicada en este medio el 12 de agosto. Como en muchas otras áreas, federalismo cero.

Sin dudas, esto derivó en un perjuicio para todos los actores. Los empresarios se endeudaron y debieron reducir las frecuencias de los colectivos para ahorrar costos. Las esperas se hicieron más prolongadas para los pasajeros. Y los choferes vienen cobrando sus salarios tarde y en varias veces. Esto, en un contexto de pandemia, donde se desaconseja el uso del colectivo para evitar contagios, con la consecuente caída de pasajeros transportados y de la recaudación.

A este panorama debe sumarse que hace exactamente un año no aumenta la tarifa, el otro instrumento que financia el servicio. El último estudio de costos que presentó el Ente de Movilidad de Rosario, fijó el valor del boleto en $ 73,80, muy lejos de los $ 29,90 que cuesta en nuestra ciudad. Impagable.

Mientras tanto, el servicio se deteriora. Y las empresas se encaminan al colapso, sin aparente rescate a la vista. Si esto pasa ¿cuál es el plan? ¿cómo se trasladarán desde los barrios los miles de santafesinos que a diario usan colectivos? Mover se van a mover, con lo cual buscarán otras opciones. ¿Están preparadas las calles de la ciudad para recibir más autos, motos y bicicletas? Porque mientras el municipio no planifique otras opciones y actúe en consecuencia, esos son los medios más accesibles para muchos vecinos.

Si se pretende una movilidad sustentable, hay muchas alternativas para conjugar. El fallido tren urbano, era una buena idea. Los carriles exclusivos, aunque resentidos por muchos comerciantes, también. Hay que seguir sumando kilómetros de ciclovías y bicisendas. Y en una ciudad rodeada de agua, se podría proyectar un buen sistema de transporte fluvial metropolitano. El colectivo, en tanto permite trasladar a muchas personas al mismo tiempo ocupando menos metros cuadrados del espacio público, debe ser eje central del todo.

Una estudiada conjunción de políticas de movilidad contribuirá a un mejor desplazamiento por la ciudad, a reducir la siniestralidad, a bajar los costos y tiempos de traslado y a una saludable convivencia ciudadana.

Será uno de los tantos desafíos a afrontar en la pospandemia. Mientras tanto, en la inmediatez, hay que seguir de cerca la realidad del sistema de colectivos. Si ya no encuentren quien fíe un tornillo ¿con qué pagarán los sueldos?.