Postulan una Defensa independiente en Santa Fe, con un enfoque integral y "de calidad"

La incorporación a la Constitución santafesina del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de Defensa es uno de los ejes más discutidos en el ámbito de la Convención; no tanto por el hecho en sí, que es una derivación lógica del funcionamiento del actual sistema procesal penal, sino por el estatus que esos órganos deben tener en el esquema institucional y, por lo tanto, su nivel de independencia de los otros poderes y el alcance de sus atribuciones. Con la autonomía funcional y autarquía financiera garantizada por las leyes que los crearon, distintos actores impulsan la independencia como forma de consagrarlas sin cortapisas, mientras que otros pujan por su mantenimiento en la órbita del Poder Judicial, y otros los ven más vinculados al Poder Ejecutivo.

Junto a la fiscal María Cecilia Vranicich, la defensora general Estrella Moreno Robinson fue una de las primeras expositoras ante la Convención. Y enfatizó allí las razones por las que no solamente debe haber independencia, sino también participación activa en la selección de funcionarios del área, como así también un enfoque integrador de la función de la defensa, que articule también la materia civil y las diversas necesidades de los sectores de la población que requieren representación ante la Justicia. Y así lo expresó en diálogo con El Litoral.

- Tal como se discute en la Convención, el reconocimiento constitucional de los órganos del sistema acusatorio implica muchos otros debates. ¿Cómo entiende que esto aplica a la Defensa?

- Creemos que esta oportunidad histórica se presenta justamente en un momento donde, tras diez años de trabajo, hemos demostrado la centralidad de la defensa pública en nuestra provincia, y a esto lo puedo decir porque nosotros atendemos de ocho a nueve personas privadas de libertad, atendemos el 60% de los juicios, el 70% de las audiencias. Estos números van variando en cada circunscripción, son números generales, pero dan cuenta de una tarea muy intensiva que cumple la defensa penal en los procesos penales que se desarrollan en Santa Fe.

- Usted habla siempre de una defensa "de calidad".

- Exactamente, acorde a los parámetros internacionales y a nuestros propios estándares. Porque el rol del defensor, por supuesto que en primer lugar es garantizar el debido proceso, pero es un rol muy activo. Debe serlo, porque tiene no solo que conocer las pruebas de la contraparte, controlar la legalidad de esas pruebas, alegar sobre esas pruebas, sino que además debe reunir su propia prueba, tener sus propios testigos. Y de esa manera se puede o se tiende a garantizar que no haya condenas erróneas, que si hay que aplicar una pena se aplique justamente, que no sea demasiado gravosa. Porque, por ejemplo, al momento de graduar la pena también tenemos testigos de concepto que hablan de la persona: es llevar frente al tribunal la palabra, la voz de las personas que defendemos. Porque no hay que olvidar que en un proceso penal el imputado queda solo frente a todo el poder del Estado. Entonces, una manera de garantizar un juicio justo es la buena defensa.

- Esto implica, a su entender, exceder la materia estrictamente penal…

- Sí, para nosotros son algo fundamental las resoluciones de la OEA que, desde 2011, hablan sobre el rol de los defensores públicos, y hacen siempre hincapié en que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, e implica que los ciudadanos tengan una manera de obtener reparación por los derechos vulnerados. Y cuando hablamos de acceso a la Justicia, hablamos de un rol del defensor en consolidar la democracia y el estado de derecho.

Nosotros hoy tenemos la obligación de concentrarnos en la defensa penal únicamente, ¿pero qué advertimos? Las personas tienen problemas que abarcan toda su existencia, no solamente un fuero.

Las respuestas que hoy podemos dar son limitadas y lo que buscamos es, como es en toda la República Argentina, una defensa que pueda dar una respuesta que nosotros llamamos integral y que tiene que ver con abarcar todos los fueros donde estén las problemáticas de las personas que atendemos. Que pueden ser situaciones de discapacidad, problemas de familia, temas a niñez y adolescencia, temas relativos a adultos mayores, que también son grupos que merecen una atención prioritaria. Entonces, hoy las respuestas que se dan son fragmentadas. No están unidos los recursos ni humanos ni materiales y creemos que la optimización de recursos es esa unión, esa unificación para que las personas en un solo lugar puedan encontrar todas las respuestas.

- Están planteadas como funciones diferenciadas…

- Claro, pero no podemos dar una respuesta integral a la persona que viene a solicitarnos asistencia. Tenemos que enviarlo a otro lado. La mayoría de las veces se crea una relación de confianza, se crea una relación donde las personas nos visualizan como quienes los podamos asistir jurídicamente y bueno, ese vínculo no puede seguir. Lo vemos, por ejemplo, en los casos de salud mental: si una persona es declarada inimputable, ya no puede volver a la Defensa pública, porque deberá ser atendido en la defensa civil y hay desarticulación, descoordinación. Un niño o niña que comete un delito, pero no tiene 16 años, va a ser declarado inimputable. Pero de todos modos para eso se lleva adelante una especie de proceso. Y todas las consultas al respecto vienen a nosotros, pero nosotros no podemos atender ahí, nos estaríamos extralimitando.

Articular con todos los organismos del Estado es también una respuesta. Nosotros deberíamos tener la defensa penal y civil como es en todo el país, como dicen estas resoluciones de OEA de las que estaba hablando, que refieren a una asistencia integral que tenga todos los fueros.

- ¿De qué manera debería articularse esa acción?

- Todas las resoluciones a las que nos referíamos hablan de autonomía y autarquía como necesarias en los órganos de defensa con una sola finalidad: garantizar una defensa efectiva y eficaz. Entonces, hoy por ley ya existimos como autónomos y autárquicos, pero sin reconocimiento constitucional. La defensa penal por nuestro lado, y la defensa civil en el ámbito del Poder Judicial, bajo la cabeza de un procurador que tiene a los fiscales y defensores extrapenales. Entonces, en esa organización no están garantizados para todas las defensas los principios de autonomía y autarquía que sí tiene la defensa penal. Pero lo que a nosotros más nos importa es poder dar una respuesta efectiva a la población, y sobre todo a los sectores más vulnerables, que son a los que tenemos que estar orientados prioritariamente.

Esto implica pensar también que en territorio uno puede dar respuesta al tema adicciones, al tema salud mental, a otros temas relativos a violencia. Uno puede articular un abordaje que probablemente impida que estas personas después delincan, o ayude a que eso no pase. Y también que aquellos que han tenido la experiencia de delinquir y han estado tras las rejas, cuando vuelven a la sociedad tengan un sistema de soporte. Claro. Hoy todo lo que es adicciones no corre por nuestra cuenta, el entorno familiar tampoco, entonces la respuesta está descoordinada, fragmentada. Y, sobre todo, el hecho de tener que acudir a distintos lugares opera como un obstáculo para el acceso a la Justicia.

- La otra discusión es el estatus institucional de los órganos de Acusación y Defensa.

- Lo que hemos sostenido como postura es la independencia de todos los poderes, como forma de garantizar mejor la autonomía y la autarquía. Autonomía funcional, que es poder realizar nuestra tarea libres de intromisiones y de controles indebidos de otras agencias del Estado, y a la vez autarquía financiera, para poder realizar la tarea de la manera correcta con los recursos suficientes. Poder seleccionar a los empleados y a los propios defensores, siempre buscando un perfil idóneo. Nosotros hemos visto los proyectos, que hablan algunos de Consejo de la Magistratura o consejos de asesores técnicos con diferentes nombres. Creemos que debe haber una representación equilibrada, pero cuando se va a elegir a un defensor tiene que estar la Defensa representada. Y esto no es por un tema corporativo, sino para poder seleccionar con conocimiento de causa perfiles idóneos, porque no cualquier abogado tiene el perfil para ser defensor público. Es una tarea muy compleja, que requiere mucho compromiso y vocación. Y por lo tanto creemos que en la selección la Defensa debe tener un rol preponderante.