Santa Fe, una de las provincias con menor previsión de inversión en el Presupuesto 2025

El diputado provincial Walter Agosto realizó dos fuertes cuestionamientos al proyecto de Presupuesto para el año próximo para la Administración Nacional al marcar la restricción de partidas para inversión en la provincia de Santa Fe - será una de las más perjudicadas en el rubro-, pero, por otra parte, señaló la marcha atrás de leyes que establecían porcentajes de inversiones anuales en educación, ciencia y tecnología, y en defensa.

La postura del ex ministro de Economía de la provincia está expuesta en dos proyectos que ingresó en las últimas horas por Mesa de Entradas de la Cámara Baja. Uno de ellos expresa "preocupación y rechazo por el monto asignado en el proyecto de presupuesto nacional 2025 a la provincia de Santa Fe, para la ejecución de proyectos de inversión, así como por la reducción en la cantidad de proyectos y la no inclusión de la totalidad de los proyectos que el Poder Ejecutivo provincial acordó con el gobierno nacional en el Acuerdo Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas entre Nación y Provincia".

Por el otro proyecto pide a la Cámara de Diputados que solicite que sea rechazado el artículo 270 del proyecto de Ley de Presupuesto en virtud del cual dispone que se suspende el cumplimiento del artículo 9° de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley Nº 27 .614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del articulo 52° de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional y del inciso 1 ° del articulo 4° de la Ley N 27 .565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Sobre éste último proyecto, Agosto marcó que cuando el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 obvió mencionar que en el artículo Nº 27°, en el marco de la emergencia pública declarada a partir de la Ley Bases, suspende el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 26.206, norma que establece que el presupuesto para Educación no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). También suspende los artículos 5°,6° y 7° de la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que configuran un sistema de progresividad plurianual en los recursos a asignarse para Ciencia y Tecnología hasta el año 2032 y que para el año 2025 prevé un 0,45% del PBI que no va a cumplirse. La misma ley prevé que el porcentaje a asignarse a finalidad Ciencia y Tecnología nunca puede ser inferior al del año anterior, desconociéndose hasta el momento si se ha cumplido con dicha norma.

Acota Agosto que el artículo 27º, suspende la vigencia del artículo 52º de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que dispone la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional equivalente al 0,2% del total de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado para el sector público nacional y que es adicional a todos los otros fondos destinados a Educación. Por último, el proyecto de presupuesto nacional también propone suspender la vigencia del Inciso 1 ° del artículo 4o de la Ley Nro. 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa donde se establece un 0,8% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional.

Para el ex ministro "está claro que, bajo la premisa del equilibrio fiscal necesario en todo presupuesto, el gobierno nacional ajusta de manera desordenada e indiscriminada la inversión en sectores claves para el desarrollo futuro de nuestro país y desfinancia a la educación pública en todos sus niveles y al sistema tecnológico de nuestro país. En esa línea argumentativa, el presidente ha priorizado reducir la inversión en vez de recortar los innumerables bolsones de gastos corrientes improductivos que perduran en el presupuesto nacional, muchos de ellos concentrados en un grupo reducido de beneficiarios".

También de la lectura del proyecto de Presupuesto 2025, subraya el recorte de la inversión nacional en el territorio santafesino. Así marca que "no solo se ha paralizado la obra pública nacional en un contexto donde la inversión pública provincial se contrajo 35% en términos reales, sino que además el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año carece de precisiones a futuro sobre el particular".

Del análisis del proyecto de presupuesto nacional y de las planillas anexas donde se describen los proyectos de inversión destinados a las provincias, el legislador observa con preocupación "lo exiguo del monto asignado a nuestra provincia, siendo una de las más perjudicadas en la asignación de recursos. Esta situación se refleja en que el monto de $ 61.870 millones asignado para proyectos de inversión para Santa Fe, es de sólo 5,2% del total, cayendo sustancialmente en relación a años anteriores. Asimismo, observa que la cantidad de proyectos a financiar se reduce notablemente de 84 proyectos en 2023 a 26 proyectos para 2025, con montos asignados que ponen en duda la posibilidad de ejecución efectiva de los mismos".

Por último se detiene en el Acuerdo Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas entre Nación y Provincia firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro con el gobierno nacional el 25 de junio último donde establece la continuidad de las obras públicas que el Gobierno nacional ejecutaba en territorio santafesino, y determina qué obras serán finalizadas y financiadas por Nación y cuáles serán traspasadas al gobierno provincial para su finalización. Afirma que "la falta de continuidad de dichas obras genera un impacto altamente negativo, cristalizando y ampliando las brechas de desigualdad social y económicas existentes entre distintas regiones de nuestra provincia".

Transporte

En la semana el gobierno nacional anunció y publicó en el Boletín Oficial el decreto para desregular el transporte de pasajeros de media y larga distancia en territorios nacionales. En la Cámara de Diputados también se marcó la preocupación por el impacto de la medida en territorio provincial. Así la justicialista Celia Arena advierte que el decreto viene a romper con la lógica de servicio público y su consecuencia es que no habrá más regularidad y obligatoriedad sino que cada empresa decidirá el recorrido, frecuencia y costo dejando aisladas a cientos de localidades.

En tanto, para Juan Piedrabuena (Barrio para la Gente) la desregulación "afectará de forma directa a los sectores sociales más vulnerables, quienes por situaciones económicas precisas o por su discapacidad, precisan de servicios diferenciales y de gratuidad. También podría tener efectos negativos en la economía local, dado que el turismo y otros sectores dependen de un sistema de transporte predecible y accesible".