Vercher Noguera: "Los delitos ambientales tienen que ser perseguidos como cualquier otro crimen"

El fiscal ambiental Antonio Vercher Noguera (España), dio cuenta de los avances logrados en la materia en los últimos años, pero también de las crecientes dificultades que presenta. "En 2024 tuvimos 1059 condenas y solamente algo más de 200 absoluciones", consigna, y enumera casos de urbanismo y corrupción, malos tratos animales, vertidos tóxicos e incluso irregularidades en plantas nucleares. A la vez, identifica como problemas la creciente complejidad de la materia, el accionar del sector político y los procesos abreviados.

Vercher Noguera participó en Santa Fe del II Encuentro Nacional (y primero Internacional) de Fiscalías Ambientales, en el que disertaron y debatieron expertos de América Latina y Europa, con el objetivo de fortalecer espacios de colaboración en los organismos judiciales encargados de perseguir este tipo de delitos.

En diálogo con El Litoral, acompañado por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, destacó como un dato "sorprendente" el hecho de que ya en 1977 una resolución del Consejo de Europa, la 7728, planteaba la necesidad de legislar en materia penal ambiental, de que no se apliquen amnistías ni indultos a los delincuentes ambientales, y de que se constituyan unidades especiales de medioambiente en juzgados y fiscalías.

"Esto es porque el Consejo de Europa se da cuenta de que la destrucción en el continente ha sido tan brutal, que hay que reconstruir, y que la reconstrucción va a implicar usar recursos naturales. Y como la materia no se crea, de algún sitio hay que sacar el material para reconstruir. Y de que, como los recursos son finitos, es necesario combatir su destrucción", asegura.

También destaca al respecto que, en consonancia con ello, al momento de darse su Constitución democrática tras el franquismo, en 1978, España incorpora la protección del medioambiente, pero además el uso del Derecho Penal a tal efecto. En ese marco, el propio jurista dirige desde 2006, y sin perjuicio de los cambios de autoridad política, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía de España.

"Nosotros estamos en la fase en que ya ha pasado un poco la euforia, y nos topamos con la dura realidad de que la protección del medioambiente por la vía de la persecusión de los delitos en su contra, no es algo tan sencillo. Es brutalmente complicado. Tienes que utilizar un lenguaje distinto, el DQO (la demanda química de oxígeno), el DBO (la demanda biológica de oxígeno), hay 50.000 términos condensados en diferentes diccionarios que son totalmente ajenos al Derecho Penal tradicional y que introducen una serie de problemas importantes.

- ¿Y en cuánto a los resultados?

- Bueno, lo que estamos haciendo está saliendo bien. En 2024 tuvimos 1059 sentencias de condena y apenas 230 o 240 absolutorias. Pero está costando, hay mucha corrupción en medio ambiente. De hecho, es la temática donde más corrupción existe.

- Muchos intereses económicos en juego…

- Totalmente, y luego los políticos están metidos en el tema. Porque a las empresas, cuando las condenas una vez, ya paran. Y suelen ser sensatos y correctos. Pero en el mundo político el contexto económico es muchísimo más potente. Y luego los políticos se cambian, ¿no?. Los empresarios les pasan la empresa a los hijos, y como ya han aprendido la lección, saben cuál es el camino. Pero el político es harina de otro costal. Frente a todo esto, lo positivo que estamos viendo es que, a pesar de todo, la ciudadanía es cada vez más consciente del problema y se está presionando mucho para que el tema evolucione. Y a nivel institucional europeo está pasando lo mismo. Las instituciones han recibido ese mensaje, y están desarrollando la materia de una forma absolutamente extraordinaria, va a una velocidad imparable.

- Yendo a la casuística, y a manera de ilustración ¿sobre qué versan en general las condenas?

- La gran mayoría es urbanismo y corrupción. Urbanismo ambiental y corrupción. Luego, todo lo que tiene que ver con malos tratos animales. Y luego ya tenemos vertidos y emisiones tóxicas, patrimonio histórico. Porque el concepto que tenemos en España de medioambiente es posiblemente el más amplio de toda Europa. Nosotros tenemos ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico, flora, fauna, vertidos, energía nuclear. Hemos tenido dos procedimientos contra sendas centrales nucleares. Incendios forestales y últimamente todo lo que tiene que ver con emisiones que afectan la capa de ozono. Y estamos empezando a tener sentencias de condena, lo que nos llama la atención, porque los abogados no están acostumbrados a eso y se sienten perdidos.

- ¿Entonces falta entrenamiento para la litigación en ese campo?

- Claro. Con lo cual la tendencia es a la conformidad. O sea, el 90% de las sentencias de condena que tenemos, por ejemplo en gases fluorados, los abogados acaban negociando una pena inferior y se dicta sentencia de condena, pero que son sentencias raras. No hay apenas fundamentación, porque no ha habido debate. Simplemente se reconocen las emisiones, se reconoce la autoría. Entonces, perfecto, hay condena. Pero se ha dicho nada.

Y las conformidades en principio se venden como algo positivo, pero luego no lo es. Porque la pena es más baja, entonces mucha veces se aplica la suspensión de condena, y quizá se vuelve a hacer lo mismo. En estos últimos tiempos, en reuniones con fiscales, les planteé que "hay que meter gente en la cárcel". No hay que conformarse, hay que batallar. Porque si no, no vamos a ningún lado.

- Todo esto con el escollo que suponen las cuestiones científicas de por medio...

- Y a la vez, el tema de los informes técnicos es un problema serio. Porque como quienes los hacen no son juristas, se toman todo su tiempo para hacerlo. Con lo cual muchas veces las dilaciones indebidas también resultan en reducción de la pena. Porque hay plazos y hay que respetarlos, pero como se supone que los científicos están a favor de nuestros planteos, uno lo tolera. Pero acaba siendo un verdadero problema. Entonces, no sé, el mensaje es que todo muy bien, que avanza, pero a medida que avanzas, vas viendo nuevas dificultades.

- ¿Y de toda experiencia qué puede obtener para dejar como recomendación?

- Bueno, ojalá la gente de la calle comprenda que el delito contra el medio ambiente es igual que el robo, o que el homicidio, o que la violación. O sea, la gente tiene que saber que estos son delitos normales. Ahí también tiene que haber un acompañamiento legislativo, pero sobre todo un compromiso, y ganas de cumplirlo.

Se constituyó la Asociación Civil Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA)

En la ciudad se Santa Fe, al finalizar las II Jornadas Nacionales de Fiscalías Ambientales, se celebró la asamblea constitutiva con más de 30 miembros de ministerios públicos fiscales argentinos, auspiciada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

La iniciativa proviene de la reunión de más de 100 profesionales que persiguen el propósito de contribuir a la protección del ambiente mediante el apoyo al trabajo operativo y la implementación del derecho ambiental por parte de los fiscales argentinos.

Los objetivos principales de la RAFA incluyen la facilitación del intercambio de información relevante sobre protección del ambiente y delitos ambientales, la coordinación de acciones integradas entre fiscales, la provisión de capacitación continua y especializada, y el fortalecimiento de los mecanismos de defensa ambiental en el seno de los Ministerios Públicos Fiscales.

Su organización refleja un conformación federal similar al COFEMA y resultaron electos como autoridades del primer Comité Ejecutivo por el NEA el Dr. Jorge Barraguirre como presidente; por el NOA el Dr. Juan Sebastián Lloret como secretario; por la Patagonia Norte el Dr. Maximiliano Breide Obeid como tesorero; y como vocales por la región Centro el Dr. Roberto Bomparolla; por Cuyo el Dr. Gabriel Blanco; por la Patagonia Sur la Dra. Florencia Gómez y por la jurisdicción Nacional el Sr Fiscal Federal de Moreno Dr. Leonardo Filippini. Son revisores de cuentas los fiscales ambientales de Corrientes, Dr. Gerardo Cabral y de Chaco la Dra. Noelia Miño.

En la jornada tuvieron intervención el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) y la Fundación Avina Argentina.

Acompañaron y apoyan la asociación la Red Latinoamericana de los Ministerios Públicos Ambientales (REDEMPA), la Red Sudamericana para la Erradicación del Tráfico de Especies Silvestres, Conservación y Protección de la Biodiversidad en América del Sur (Red SudWEN); la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y El Caribe (ROAVIS), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE).