Destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche

Por Ricardo A. Qüesta

Es inadmisible la destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, por el Consejo de la Magistratura de esa provincia, que ha demostrado una vez más que en lugar de impartir justicia, ese organismo ha sido creado con otra finalidad. Por lo tanto, lo correcto sería disolverlo, porque está probando que es un gasto innecesario para el estado y que más bien protege como en este caso a los políticos corruptos, tal como sucede también en las provincias del resto del país, en especial donde es gobierno el Frente de Todos, en las cuales nunca prosperó un juicio por corrupción contra políticos o funcionarios de gobierno.

La fiscal Goyeneche es una mujer con profunda versación jurídica, además de su vasta experiencia y competencia en el cargo que desempeña, a tal punto que en ningún momento se le observó alguna falla en el desempeño de sus funciones. Si hubiera sido una Oyarbide, la condecoraban, pero como actuó con valentía y honestidad en defensa de los intereses del país no miró hacia otro lado. Y se concentró en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de su deber, lo cual es una seria amenaza para otros políticos e incluso para el actual gobernador que a toda costa la quieren sacar para que no sigan el destino de Urribarri .

La oposición representada por JxC debe actuar con la mayor energía en su apoyo porque esta destitución apunta a dejar sin efecto su actuación y anular todo lo actuado para que en trámite express el ex gobernador quede libre de culpa y cargo. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia de esa provincia la restituya en su cargo o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a la vez no invaliden la actuación de la fiscal de modo que el ex gobernador se defienda ante la justicia. Sería también deseable que el colectivo de mujeres se organice como lo hicieron en la sorprendente marcha "Ni una menos" y hagan una concentración en su apoyo.

Lo más importante en el problema de la corrupción no es que el funcionario vaya preso, sino que se le expropien los bienes mal habidos y pasen al estado, y con la venta de ellos se vaya pagando la deuda externa. Es imprescindible entonces modificar los procedimientos legales para que esto sea posible con mayor simplicidad y rapidez.

Y con respecto a la gran extensión de tierras de políticos corruptos, o testaferros, expropiarlas y dejarles lo que razonablemente pueden haber adquirido con sus haberes como funcionarios y venderlas con facilidades de pago a veterinarios e ingenieros agrónomos jóvenes que sepan explotarlas económicamente.