Se prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A. y se avanza hacia la privatización

El gobierno nacional resolvió extender la intervención de la empresa pública Corredores Viales S.A., encargada de la gestión de rutas nacionales, con el objetivo de avanzar en su privatización y posterior disolución. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 464/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Transición hacia la privatización

La medida, publicada en el Boletín Oficial con fecha 10 de julio, prorroga la intervención que había sido dispuesta inicialmente el 1° de abril de este año a través del Decreto 244/2025. En esta nueva etapa, la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem continuará al frente de la empresa como interventora, cargo que ocupa desde el inicio del proceso.

La intervención tiene como finalidad garantizar una transición ordenada hacia la privatización de la empresa, definida por el Gobierno como parte de su plan de reforma del Estado. En este marco, Corredores Viales S.A. fue declarada “sujeta a privatización” mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), sancionada en junio de este año.

La norma establece que el proceso de privatización debe cumplir con principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia, eficacia, publicidad y difusión. En línea con estos lineamientos, el Decreto 97/2025 autorizó la privatización total de la empresa bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, de acuerdo con los términos de la Ley 17.520.

Plan de reestructuración

Durante los primeros meses de intervención, según detalla el nuevo decreto, se realizó un diagnóstico exhaustivo de la situación interna de Corredores Viales S.A. El informe arrojó “falencias estructurales en la organización” y “deficiencias en la administración, finanzas, compras, contrataciones, coordinación legal y capital humano”.

Como parte del proceso de reordenamiento, la gestión interventora impulsó la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de normas y procedimientos, la implementación de reglamentos de compras y contrataciones, así como la elaboración de pliegos de bases y condiciones para promover una gestión “eficaz y transparente”.

También se constituyó un Comité de Inversiones y se avanzó en la regularización del área legal de la compañía.

Sin embargo, pese a los avances, desde el Ejecutivo consideran que el proceso aún no está concluido. “Resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción a fin de instrumentar las restantes acciones, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente”, indica el texto del decreto.

La norma remarca que la complejidad de la tarea “exige un plazo mayor al inicialmente estimado” para garantizar que el traspaso hacia manos privadas no afecte la continuidad operativa de los corredores viales en todo el país.

Facultades especiales para la interventora

En esta nueva etapa, Anastasia Adem mantendrá las facultades que el Estatuto de la empresa confiere al Directorio y su presidente, y las atribuciones especiales dispuestas por el artículo 3° y 4° del Decreto 244/25. Asimismo, se faculta al Ministerio de Economía para dictar las normas complementarias que sean necesarias para la implementación de la prórroga.

Cabe recordar que Corredores Viales S.A. fue creada en 2017 como una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, en reemplazo de las concesionarias privadas que operaban en el sistema de peajes. Desde entonces, la empresa estuvo a cargo de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo importantes corredores como la Ruta Nacional 9, la 19 y la 34, entre otras.

La continuidad de la intervención apunta a ordenar los aspectos legales, contractuales y operativos necesarios para la liquidación de la empresa y el traspaso de su gestión al sector privado.

Reforma del Estado y privatizaciones

La privatización de Corredores Viales forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que incluye la venta o disolución de múltiples empresas del Estado, como parte de su plan de ajuste fiscal y reducción del déficit.

En este sentido, el proceso de transformación de Corredores Viales se enmarca en las políticas impulsadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad especial creada para asistir al Ministerio de Economía en la ejecución de estas reformas.

La prórroga de la intervención, según el decreto, regirá desde el 8 de julio de 2025 y se mantendrá vigente hasta que se culmine con la disolución de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 97/25.