Rechazaron la prisión domiciliaria para un jubilado acusado en la causa Storni & Storni

El juez penal Sergio Carraro rechazó este viernes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del jubilado Atilio Domingo Di Mattía, quien permanece en prisión preventiva en el marco de la denominada causa “Storni & Storni”, que investiga una estructura delictiva dedicada a estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

La morigeración de la medida cautelar había sido solicitada por el abogado Guillermo Corestein, quien compareció a la audiencia acompañado por una mujer que se ofreció como guardadora y manifestó su disposición a asumir el cuidado del imputado en caso de concederse el beneficio.

El defensor pidió “la atenuación de la coerción” al señalar que su asistido padece problemas de salud, entre ellos insuficiencia respiratoria, disminución bilateral de aire y antecedentes de EPOC.

Además, indicó que el 8 de enero solicitó informes médicos y que el 2 de febrero reiteró el pedido ante el Servicio Penitenciario, la cárcel de Las Flores y la Oficina de Gestión Judicial, sin obtener —según afirmó— la documentación clínica correspondiente. “Sólo se informó que estaba internado muriéndose” y “no está en condiciones de estar en Las Flores”, sostuvo.

Oposición fiscal

En respuesta, los fiscales Jésica Bernard y Matías Broggi, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, se opusieron al planteo.

“No están dados los requisitos”, afirmó Broggi, quien remarcó que la defensa partía de una situación médica que ya no era actual. Si bien reconoció que Di Mattía estuvo internado, precisó que el 6 de febrero a las 14 fue dado de alta y trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario, por lo que la contingencia que motivó su internación había cesado.

En la misma línea se pronunciaron los abogados querellantes Ricardo Veglia, Juan Bautista Benítez y María Lorena Sieyra. Veglia sostuvo que no se acreditaron condiciones de vulnerabilidad que justifiquen la domiciliaria y recordó que el imputado registra causas en la Justicia Civil de Catamarca y carecería de arraigo estable.

Rechazo y pedido

Tras escuchar a las partes y a la mujer propuesta como guardadora —quien aseguró que el acusado no se fugaría—, el juez Carraro consideró que la defensa “adolece de información necesaria y suficiente” para sustentar el pedido.

Señaló que no se cuenta con un informe médico actualizado y detallado, por lo que rechazó la morigeración, aunque ordenó requerir a las autoridades penitenciarias un parte clínico completo que precise diagnóstico, tratamiento, medicación y si requiere acompañamiento terapéutico, a fin de reevaluar la situación si correspondiera.

Una década de estafas

La causa es impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, a cargo de la fiscal Bárbara Ilera, y apunta a una organización que —según la acusación— operó entre 2014 y el 23 de agosto de 2024, cuando se concretaron las primeras detenciones y allanamientos.

Para la fiscalía, la banda era dirigida por el abogado Alfonso Storni, actualmente con prisión domiciliaria por razones de salud y a la espera de juicio oral. La estructura fue mutando en el tiempo y llegó a dividirse en dos grupos hacia noviembre de 2021, que continuaron operando hasta agosto de 2024.

El modus operandi consistía en dar apariencia de legalidad a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no habían autorizado su comercialización.

Las ofertas se realizaban mediante cartelería y publicaciones digitales —incluidas redes sociales y sitios web con nombres de fantasía— y los interesados eran citados a oficinas que funcionaban como sedes comerciales en distintos puntos de la ciudad.

Según la atribución delictiva, los integrantes falsificaban boletos de compraventa, cesiones de derechos y poderes, e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos.

También utilizaban sellos y formularios apócrifos de organismos oficiales. Con esa documentación, promovían acciones en los Juzgados Civiles y Comerciales para obtener sentencias que otorgaran una apariencia de legitimidad a las maniobras.

Las estafas se concentraron en Santa Fe —tanto en zona urbana como en Colastiné Norte—, Santo Tomé, Sauce Viejo y la comuna de Arroyo Leyes. En algunos casos, las víctimas entregaron importantes sumas de dinero, vehículos y otros bienes como parte de pago de lotes que nunca pudieron escriturar. Solo en un loteo de Colastiné se contabilizaron 22 defraudaciones.

Cuatro condenados

En el marco de la investigación ya se dictaron varias condenas mediante juicios abreviados.

El comerciante Emiliano Lihuel Chacón recibió tres años de prisión condicional, el pago de 10 millones de pesos, la entrega de dos automóviles y donaciones a entidades de bien público.

El martillero público Diego Marcelo Parisse también fue condenado a tres años de cumplimiento condicional y acordó reparaciones económicas en dólares y pesos para las víctimas.

El corredor inmobiliario Agustín Mariano Storni -hermano del cabecilla- recibió tres años de prisión efectiva, fue inhabilitado por diez años para ejercer su profesión y debió resarcir económicamente a damnificados.

María Fernanda Guerra fue condenada a tres años de prisión efectiva como integrante de la llamada “banda de los hermanos Storni”.

Actualmente permanecen en prisión preventiva el abogado Javier Andrés Cóceres y Di Mattía, ambos alojados en la cárcel de Las Flores.