Caso YPF: este jueves pedirán que sancionen a la Argentina por incumplir una orden judicial

Se abre un nuevo capítulo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses.

Este jueves, los beneficiarios de la sentencia —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— presentarán un escrito en el que pedirán que se declare en desacato al Estado argentino y que se apliquen sanciones por no cumplir con una orden vinculada al proceso de discovery.

Cruce por el acceso a comunicaciones oficiales

Según los demandantes, la Argentina incumplió al no entregar correos y mensajes de texto o WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, como ordenó la jueza Loretta Preska. La postura del Gobierno es que se trata de comunicaciones personales protegidas por la Constitución, y que la entrega parcial responde a límites legales.

Al 12 de enero, restaban seis funcionarios sin presentar ese material, según informó Sebastián Maril, de Latam Advisors. El resto, aseguran fuentes oficiales, ya había cumplido con lo requerido.

Una apelación clave y una estrategia en curso

Desde la Procuración del Tesoro —que lidera la defensa— rechazaron la acusación de desacato. “La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”, afirmaron, y recordaron que la orden de Preska fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito.

Esa apelación, presentada en octubre, es uno de los pilares de la estrategia oficial. El Ejecutivo argumenta que exigir la entrega de mensajes personales es ilegítimo bajo el derecho argentino y también el estadounidense. La respuesta formal de la Argentina al planteo de sanciones llegará el 19 de febrero.

Posibles consecuencias y cronograma judicial

Los fondos demandantes acusan al país de dilatar el proceso y piden que la jueza imponga sanciones, que podrían incluir multas o presunciones adversas. Además, solicitaron que se fije un cronograma para tratar el desacato, con audiencia incluida.

El trasfondo va más allá: los demandantes buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado. Si lo lograran, podrían avanzar con embargos sobre activos de esas entidades para ejecutar la sentencia.

La defensa insiste en el respeto al derecho constitucional

Desde el Gobierno sostienen que ya se entregaron más de 110.000 documentos oficiales y que el discovery fue cumplido dentro de los márgenes legales. Consideran que el reclamo actual es un intento de presión política y judicial sobre un Estado soberano.

El calendario ya está en marcha. Tras la presentación de este jueves, la defensa argentina responderá el 19 de febrero y la contrarréplica está pautada para el 5 de marzo. Las audiencias presenciales quedarían para fines de ese mes. Luego, la jueza decidirá si hay motivos para declarar el desacato y avanzar con sanciones.

Mientras tanto, sigue su curso la apelación principal contra el fallo por la expropiación de YPF, sin fecha definida para una resolución. Para el Gobierno, esa causa es la última instancia clave para evitar una ejecución millonaria.