Conflicto entre los prestadores de servicios de discapacidad y el Iapos

El Litoral area@ellitoral.com

El conflicto entre los institutos y clínicas que prestan servicios a pacientes con discapacidad y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) se está tensando. Los prestadores aseguran que hay demoras de entre 5 y 6 meses en los pagos y que su situación financiera es crítica. Desde el Iapos, en cambio, explican que las demoras son menores —un mes más que lo habitual— y que se relacionan con las auditorias que se están realizando para controlar las distintas prestaciones, como en cualquier obras social.

En un comunicado que difundieron en los medios, los prestadores solicitaron “el pago inmediato de la deuda que la obra social de la provincia mantiene” con ellos, para “poder seguir brindando este servicio a las personas que han confiado y siguen confiando en nuestra tarea”. También solicitaron una reunión urgente con la directora del Iapos, María Soledad Rodríguez.

En el Concejo Municipal de Santa Fe, ayer se aprobó una declaración en la que los concejales manifiestan su preocupación por la demora en los pagos a los prestadores de servicios para discapacidad, por parte del Iapos, e instan a encontrar los mecanismos tendientes a regularizarlos, para lograr periodicidad y continuidad en el pago.

“Es conocido que el trabajo de los profesionales de la salud es pagado con retraso, una circunstancia atribuible muchas veces a los propios procesos administrativos”, expresó el concejal Carlos Suárez (UCR-Cambiemos), autor de la declaración.

“Pero la cosa toma otro color cuando los retrasos son de 5, 6 o más meses (en algunos casos 9 meses), ya que así los montos a percibir no solo sufren las consecuencias de los procesos inflacionarios, sino que estarían entrando en la categoría de un ahorro forzoso”, planteó el concejal.

La posición del Iapos

En una entrevista con El Litoral, la directora del Iapos aclaró que se decidió realizar mayores auditorías y controles porque durante el 2017 la cobertura que desembolsó la obra social en prestaciones para discapacidad aumentó un 70%, en comparación con el 2016 —el doble que la inflación—, y trepó hasta los $ 812 millones, una cifra que representa el 4% del presupuesto del Iapos.

“Esperamos terminar este proceso de auditorías en los próximos 30 o 60 días y en ese momento los pagos retomarán su cronograma habitual. Pero no es cierto que los prestadores no están cobrando. La cadena pagos no se cortó, la diferencia es que en vez de cobrar a los 90 días, como era lo normal, lo hacen a los 120 días”, aseguró Rodríguez.

La directora del Iapos reconoció que en algunos casos —por algún problema administrativo, que puede vincularse a que los prestadores tienen que adaptarse a este nuevo escenario, entre otras cuestiones— la demora puede ser mayor, pero responde a que se están aplicando auditorias y controles para corroborar cada caso —y evitar abusos, si se comprueban— y garantizar que los recursos se utilizan con eficiencia.

También insistió en que no es cierto que los fondos del Iapos se estén utilizando en otras áreas del gobierno provincial, porque la obra social tiene un presupuesto autárquico “que no puede tocar nadie”.

De los 570.000 afiliados del Iapos en la provincia, unos 14.000 tienen certificado de discapacidad y 4.800 son los que utilizan las prestaciones para discapacidad, que van desde sesiones de kinesiología hasta acompañantes terapéuticos, entre muchas otros servicios de salud.