Diputados también opinará sobre el uso del nuevo edificio de Tribunales

Más allá de la futura Ley Orgánica de Municipios a la cual la Cámara de Diputados le estableció un tratamiento preferencial para el jueves próximo, el oficialismo de Unidos pretende que el cuerpo se exprese sobre la futura disposición de oficinas en el anexo al edificio de Tribunales, ya muy cerca de su inauguración y posterior habilitación. En la última sesión previa al largo nuevo receso parlamentario, fue el Senado el que se pronunció reclamando un acuerdo institucional.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en su acuerdo del 24 de febrero resolvió readecuar el destino del edificio anexo para que sea utilizado íntegramente por el Poder Judicial.

El edificio anexo fue proyectado para albergar distintas dependencias, incluyendo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), bajo la lógica del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, la Corte dispuso que el espacio se asigne exclusivamente a juzgados y dependencias administrativas del Poder Judicial. En el medio, la nueva Constitución dispuso que ambos institutos no están bajo la órbita del Poder Judicial sino como órgano extra poder.

Proyecto

Sobre esta cuestión, el diputado socialista Rubén Galassi ingresó un proyecto de declaración donde "vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia arbitre los medios necesarios para que el MPA y el MPD puedan utilizar las instalaciones del nuevo edificio de Tribunales, tal como estaba previsto cuando se licitó y se inició la obra".

El texto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde será discutido y si hay acuerdo dictaminado para llevarlo al recinto ese mismo día. El Senado, se pronunció por unanimidad sobre el tema también acordando un texto con algunos retoques al ingresado por el también socialista Francisco Luis Garibaldi.

"La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia arbitren los mecanismos de coordinación institucional necesarios a fin de acordar la asignación y uso del edificio denominado "Palacio de Justicia II" de la ciudad de Santa Fe, conforme a su destino original, la finalidad institucional para la cual fueron concebidos y las previsiones constitucionales vigentes.", rezó la declaración aprobada a mano alzada.

Galassi recuerda en los argumentos que la obra en cuestión fue concebida en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, vigente desde 2014 durante la gestión del ex gobernador Antonio Bonfatti. Subrayó la importancia de que "la infraestructura judicial acompañe de manera adecuada el funcionamiento de todos los actores que integran el sistema".

El proyecto destaca que cuando se inició su construcción fue pensado también para dar respuesta a las necesidades del nuevo modelo acusatorio vigente en la provincia desde 2014, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de justicia y mejorar las condiciones de trabajo de los organismos intervinientes.

La propuesta plantea "la conveniencia de que las decisiones vinculadas a la organización y uso de los espacios públicos se adopten en función de criterios de racionalidad funcional y coherencia institucional, preservando el sentido que motivó la inversión pública".

Sin intervenir en las competencias propias del Poder Judicial, la iniciativa dice estar orientada a una posición que ayude a fortalecer el funcionamiento integral del sistema penal, promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas tanto de la fiscalía como de la defensa.

A Galassi lo acompañan en la firma la presidenta de la Cámara, Clara García; el ex gobernador, Antonio Bonfatti; los socialistas Joaquín Blanco, Varinia Drisun, Leonardo Calaianov, Mariano Cuvertino y Sofía Masutti y el radical José Corral.

La obra

La obra del anexo a Tribunales se encuentra en avanzado estado de construcción y autoridades tanto del Ejecutivo como de la Corte estiman que se inaugurará antes del receso de invierno.

Tanto la titular del MPA, María Cecilia Vranicich como la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, presentaron sendas notas ante las cámaras legislativas cuestionando la acordada de la Corte.