De nuevo en el atril, Adorni también adelantó un primer paquete de leyes para el Congreso

Con el ruido de las denuncias todavía en el aire, Manuel Adorni volvió al centro de la escena este miércoles en una conferencia de prensa. Lo hizo desde el segundo piso de la Casa Rosada en su rol original de vocero, hoy atravesado por su función de jefe de Gabinete. Estuvo respaldado por el pleno de funcionarios del gobierno, pero sin la presencia del presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que sí lo respaldaron en redes sociales.ei, que sí lo respaldaron en redes sociales.

Tras referirse brevemente a las recientes polémicas en las que quedó envuelto, anunció el primer paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso con la intención de ser debatatido durante este año, tras haber aprobado en extraordinarias el presupuesto, la reforma laboral y la reforma al código penal juvenil con baja en la edad de imputabilidad.

"En cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación ... De esta forma iniciamos lo que el Presidente ha llamado el año calendario de la reforma, el proceso de sesiones ordinarias más reformista de la historia”, planteó en ese tramo de la conferencia.

Confirmó, luego, que el próximo 29 de abril presentará su informe de gestión ante el Congreso de la Nación. También hizo lugar para anuncios paralelos como el avance de la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal, la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del 1º de mayo y un apartado para el comunicado de la CIA al personal de la SIDE por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo.

Después dio paso a los periodistas, que en su mayoría preguntaron por las denuncias en su contra como el acompañamiento de su esposa Bettina Angeletti en el ARG-01 a Estados Unidos, los cuestionamientos por un viaje a Punta del Este en un vuelo privado y sobre propiedades a su nombre que no estarían declaradas, sobre las que contestó sin dar mayores detalles con el fin de "no entorpecer" el accionar de la Justicia.

Propiedad privada, tierras y desalojos

El bloque principal de anuncios estuvo dedicado a la idea de “fortalecer la propiedad privada”, una bandera clásica del mileísmo que Adorni presentó casi como una reparación histórica.

“La Argentina es un país en el cual los contratos no valen, en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. Es parte de la famosa inseguridad jurídica de la cual siempre se habla. Por eso, durante décadas, nadie vino a hacer negocios, y donde no hay negocios, no hay generación de empleo ni crecimiento”, afirmó.

Sobre esa base, detalló cuatro iniciativas concretas. La primera será una nueva Ley de Expropiaciones, con la intención de limitar los casos en los que se aplica el criterio de utilidad pública y elevar la indemnización para quien resulte afectado. “El Estado no puede decidir —unilateralmente de la noche a la mañana— que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno”, dijo.

La segunda es una modificación de la Ley de Fuegos. Según Adorni, el oficialismo buscará volver “al marco de siempre”, es decir, al esquema previo a la ampliación impulsada durante el kirchnerismo. “Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news también en este aspecto”, señaló, antes de cargar contra la legislación vigente. “Hoy, si a un hombre de campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad”.

La tercera reforma será sobre la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de levantar las restricciones a la venta a extranjeros. Ahí el discurso oficial volvió a apoyarse en una matriz de atracción de inversiones: “Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales. Es decir, es calidad de vida, crecimiento y prosperidad para todos”.

Y la cuarta apunta a una Ley de Desalojo exprés. Adorni la definió como una respuesta al “flagelo nacional” de los ocupas y anticipó que buscarán dar “vía sumarísima” a los procesos para restituir inmuebles “en menos de 5 días”. El argumento, además de punitivo, fue económico. “El riesgo de que se tomen la propiedad les sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen. Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos. Los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así son delincuentes”.

Glaciares, discapacidad y universidades

La segunda capa del paquete anunciado se movió sobre terrenos más sensibles, donde el Gobierno ya había chocado fuerte con la oposición y con parte del sistema universitario, científico y social.

Adorni confirmó que el Ejecutivo avanzará con la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que Milei ya había anticipado en su discurso ante la Asamblea Legislativa. El vocero insistió con que la Argentina tiene “el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo” y buscó contrastarlo con otros países. “Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera”, sostuvo.

El núcleo del cambio, según explicó, será devolver a las provincias la potestad para definir dónde permitir explotación minera y dónde no. “Nuestra modificación les devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no, sin por eso dejar de proteger —en lo más mínimo— a los glaciares”, afirmó.

Pero donde más subió la temperatura fue en el tramo dedicado a las leyes de Discapacidad y Educación Superior. Allí Adorni dejó una de las frases más crudas de toda la conferencia. “El Gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, disparó.

Luego fue por más: “Así como están planteadas, estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”.

En cambio dijo que presentarán nuevos textos que otorguen aumentos, pero bajo un criterio de sustentabilidad fiscal. “Estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”, prometió.

Sobre Educación Superior, dijo que "el Gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, con aumentos efímeros porque -como estaban financiados con emisión monetaria- se los comía la inflación".

Sobre Discapacidad, volvió dejar una frase de tono abiertamente confrontativo: “Además, vamos a dar aumento sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer solo clientelismo”.

Agenda judicial: Código Penal y pliegos

Otro de los anuncios centrales giró en torno al Código Penal. Adorni aclaró que la reforma integral todavía sigue en revisión, porque se trata de “un proyecto de 900 páginas” sobre un código que “fue sancionado en 1921” y que, por tanto, “no se puede hacer a la ligera”. Pero adelantó que el Presidente decidió desdoblar algunos capítulos para acelerar su tratamiento legislativo.

“Comenzaremos a trabajar con el Congreso de la Nación el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras y entraderas, motochorros, armas de las cárceles, daño animal, entre otros”, indicó en una enumeración en la que dejó trascender el impacto mediático de la reforma, centrado en delitos callejeros que permiten conectar rápidamente con la agenda de inseguridad.

En paralelo, el vocero anunció que el Ministerio de Justicia enviará “hoy mismo” 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado. “Hoy, 364 de los 1002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”, describió. Y completó con una frase dirigida, otra vez, al sistema político: “Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces. Esto se termina”.