El Estado deberá pagar a la familia Franco los gastos que han destinado al mantenimiento y conservación del Pazo de Meirás desde la muerte del dictador en 1975. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de A Coruña en una resolución dictada este viernes según la cual confirma que el edificio y su terreno son propiedad del Estado, pero debe resarcir a los herederos por todo el dinero invertido desde entonces en la que había sido durante la Dictadura residencia de verano del jefe del Estado y luego siguió en manos de la familia.


































