Revelan cómo se financia el gobierno de Juan Guaidó

Tan pronto como Juan Guaidó se juramentó presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, Estados Unidos estuvo entre los primeros países en reconocerlo políticamente. Ese mismo día, el secretario de Estado, Mike Pompeo, emitió un comunicado en el que ofrecía apoyo para la “transición hacia un gobierno democrático con elecciones libres”. Pero un objetivo de esta envergadura no podía llevarse adelante con las arcas vacías.

De bienvenida, el Departamento de Estado anunció su intención de otorgar más de US$ 20 millones que, se suponía, debían ser utilizados para ayuda humanitaria y en la “lucha contra la escasez de comida y medicamentos”.

Pero ese era apenas el comienzo de una relación que se mantiene en el tiempo a pesar de los embates, incluyendo el último episodio, protagonizado por un supuesto grupo armado integrado por venezolanos y estadounidenses que -según ellos- buscaba capturar al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores. Para quienes están en el poder, era algo más amplio: un intento de golpe de Estado.

Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, descartó que las relaciones entre Washington y los representantes de Guaidó se hubiesen visto afectadas: “Estamos bien, porque digamos que después de todo esto, (EE.UU.) sabe que esa es una operación que, para poder hacer lo que se hizo, tenía que estar infiltrada y empujada por el propio gobierno (de Maduro)”.

Pero más de un año antes de este incidente, el 25 de enero de 2019, se dio a conocer la autorización a Guaidó para controlar las cuentas del gobierno o del Banco Central de Venezuela, depositadas en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York u otra institución bancaria asegurada en Estados Unidos.

En la práctica, esto significó el acceso a recursos que superan los US$ 340 millones y que solo pueden ser movilizados con una previa autorización de la Asamblea Nacional en Caracas y del Departamento del Tesoro en Washington, según afirmó Vecchio.

El acuerdo apenas entró en vigor en abril de 2020, cuando el gobierno de Guaidó logró obtener ese monto tras ser recuperado de una operación de canje de oro que tenían con una institución bancaria privada en Estados Unidos.

De acuerdo con la explicación que le dio el economista Francisco Rodríguez a CNN en una entrevista, el Banco Central de Venezuela (BCV) había acordado en 2015 un préstamo con Citibank por más de US$ 1.100 millones y dio en garantía oro de las reservas internacionales.

El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro se retrasó en el pago parcial de los compromisos adquiridos, que debía cumplirse en marzo de 2019.

La salida que encontró el banco fue liquidar el oro para cobrarse toda la deuda de una vez, “pero como había una diferencia entre el valor de la garantía y el monto por el cual se hizo el préstamo; esa diferencia le correspondía a la República”, explicó Rodríguez, quien aclara que cuando se refiere a la República se trata de Guaidó y a su delegación.

El acuerdo fue, entonces, transferir esa diferencia a una cuenta de la Reserva Federal que quedara en manos de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.

El BCV protestó la medida, calificándola de “despojo de sus recursos financieros”. Pero la decisión ya estaba tomada. Esa diferencia son los más de US$ 340 millones que representan el principal presupuesto con el que cuenta el gobierno de Guaidó, confirmó Vecchio.

Sin embargo, la movilización de esos fondos no es discrecional. Hasta el momento, Vecchio dice que solo se ha logrado la aprobación para movilizar US$ 80 millones, tras alcanzar acuerdos con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en los que se establecen las condiciones de uso e implementación y la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Este monto forma parte de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que tanta polémica levantó en el país sudamericano, pues en principio trascendió que a cada diputado de la Asamblea Nacional se le asignaría un sueldo mensual de US$ 5.000. Esta fue una información que reportó inicialmente la agencia de noticias AP.

Sin embargo, en un comunicado del Centro de Comunicación Nacional, la instancia que centraliza la política comunicacional del gobierno de Guaidó, se explicó que US$ 14 millones de este presupuesto estarían destinados para el programa de apoyo al Parlamento, y no al pago directo de los diputados.

Aparte de los gastos para el funcionamiento de la Asamblea, el resto sería desagregado en la defensa de la democracia (US$ 4,5 millones); gastos sociales para atención humanitaria (US$ 35,9 millones); fortalecimiento de comunicaciones (US$ 5,5 millones); relaciones internacionales y servicio exterior (US$ 8,8 millones); contraloría especial y poder judicial (US$ 1,9 millón) y la implementación del presupuesto (US$ 9,3 millones).

Potenciales, pero en reserva

El economista y socio director de Caracas Capital Markets, Russ Dallen, explica que una de ellas es Citgo, filial en EE.UU. de la petrolera estatal PDVSA, que según cálculos podría estar valuada en US$ 1.700 millones en liquidez. Sin embargo, Vecchio aclara que no solo es una empresa cubierta por una medida de protección de Estados Unidos, sino que su producción solo alcanza para financiar su operatividad.

No obstante, de una deuda que tenía Citgo con PDVSA salieron US$ 72 millones para cubrir los intereses del pago del bono PDVSA 2020, según cuenta Vecchio.

Vecchio señala que esto se hizo en abril, bajo protesta, y que aún quedan pendientes más de US$ 900 millones de pago de intereses y capital, una operación que está suspendida por la acción legal que ellos mismos emprendieron. Es un complejo ajedrez de acciones financieras y legales que buscaba garantizar la protección de Citgo -y al mismo tiempo- la nulidad del pago de los bonos.

Otra cuenta que podría formar parte de las arcas de la nación son los recursos obtenidos por incautaciones de lavado de dinero y corrupción, tanto posible como probado, en casos que se están investigando o que ya tienen sentencia firme.

Por ejemplo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a Alejandro Andrade, exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, le han decomisado más de US$ 1.000 millones, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos de carrera, relojes y aeronaves. En noviembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.

Según explicó una fuente del Departamento de Estado cada uno de los casos se estudia por separado, y suele ser después de largas batallas legales que pueden durar años que se activan los procedimientos para que parte de esos recursos incautados puedan ser reconducidos al país de origen.

Vecchio explicó que el gobierno de Guaidó está en conversaciones con el Departamento de Estado para firmar un convenio “de país a país”, con el fin de que se establezca un fondo y no sea necesario litigar cada uno de los casos individualmente. La limitación que enfrentan es que, aunque se alcanzara un acuerdo, igual sería una cuenta tutelada por Washington.

En cuanto a la ayuda humanitaria, dice Vecchio que se han destinado más de US$ 600 millones, aunque el equipo de Guaidó acota que no ha tenido acceso a estos recursos. Todo se maneja a través de terceros países, como Colombia y Perú, y el grueso de este monto va a la atención de la diáspora que ha migrado a otros países. Agregan que una cierta cantidad sí entró efectivamente en Venezuela, pero solo a través de organizaciones no gubernamentales o agencias como la Cruz Roja.

En esos fondos se incluyen, según Vecchio, más de US$ 128 millones entregados al gobierno de Juan Guaidó a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), para financiar sus operaciones, defender los derechos humanos y desarrollar planes para recuperar la economía y los servicios básicos en Venezuela. “Ninguno de ellos directamente a los diputados de la Asamblea Nacional, a altos funcionarios, diplomáticos o al propio Guaidó”, dijo.

Más allá de Estados Unidos

Hay dos casos, fuera de Estados Unidos, de los que Maduro echa mano públicamente. Se refiere a ellos como recursos venezolanos que han sido “secuestrados” por bancos internacionales. Uno de ellos es el Novo Banco, en Portugal, y el otro es el de una reserva de oro en Londres.

En el primero, se refiere a US$ 1.726 millones que, según Maduro, serían utilizados para la compra de medicinas y alimentos. En abril de 2019 le pidió al gobierno de Portugal que se pronunciara sobre este caso. El canciller Augusto Santos Silva respondió negativamente, diciendo que en su país “los bancos no reciben órdenes del gobierno” y que “las disputas se resuelven en los tribunales”.

En el segundo, se refiere a la medida del Banco de Inglaterra, que les impidió a funcionarios de Maduro retirar US$ 1.200 millones en oro allí depositados, en una resolución de enero de 2019.

La semana pasada y según consta en documentos judiciales, el gobierno de Maduro demandó al banco en el Tribunal Supremo de Londres, argumentando que necesita esos lingotes para combatir la pandemia del covid-19.

“Estamos codo con codo con Estados Unidos al decir que la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó, están mejor posicionados para llevar a Venezuela a la restauración de su democracia, su economía y su libertad”, dijo en su momento el ministro de Estado británico, Alan Duncan.

En ese momento, Guaidó admitió que había intercedido para que no se le otorgaran los recursos a Maduro. “Si se transfiere el dinero… será utilizado por el régimen ilegítimo y cleptocrático de Nicolás Maduro para reprimir y maltratar al pueblo venezolano”, dijo en una carta enviada a la entonces primera ministra británica, Theresa May, y gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, reportada por Reuters.

Vecchio explica que estos dos casos ocurrieron “previo a la existencia del gobierno de transición y tienen que ver con problemas de lavado de dinero y peticiones ilegales en Londres”, y que, hasta el momento, ellos no tienen acceso.

Al ser consultado sobre si los acuerdos a los que había llegado con Estados Unidos se mantendrían en el tiempo, independientemente de quién se encuentre en el poder, el embajador dijo que sí, siempre que no sea Maduro.