Por la demanda creciente, abren 100 comedores comunitarios más; 30 son de Santa Fe capital

La situación económica acuciante en muchos hogares y la retirada de Nación de las políticas alimentarias, repercute en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, del gobierno provincial, adonde llegan los pedidos de asistencia. El organismo viene recibiendo un aumento de la demanda de alimentos estimada en 30%, por lo cual salió a reforzar los servicios de comedores comunitarios existentes y a abrir nuevos. Son 100 comedores más originados en el territorio santafesino, de los cuales 30 están en la ciudad de Santa Fe.

Los datos los aportó Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria de esa cartera. "Hubo un aumento de demanda de alimentos que estimamos en un 30%", dijo a El Litoral, tras aclarar que el porcentaje surge "de un algoritmo matemático de costo-ración, por el cual también sabemos que deben estar comiendo unas 350.000 personas en los comedores comunitarios en toda la provincia".

Para atender la demanda creciente, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano lleva habilitados unos 100 comedores nuevos en todo el territorio santafesino, de los cuales 30 son de la ciudad de Santa Fe. "Están operativos y auditados", aportó.

"Cuando asumimos la subsecretaría en diciembre, con tres programas alimentarios vigentes, había una inversión de 1.000 millones de pesos mensuales. En ese momento, el pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Victoria Tejeda es que no le falte un plato de comida a ningún santafesino, por lo que hoy estamos en una inversión de 2.100 millones de pesos mensuales; y ahora vamos a hacer otro aumento", especificó Márquez.

Ese presupuesto duplicado, "tiene que ver con una cuestión inflacionaria, por un lado, pero por otro con la atención a la demanda creciente, a partir de la ausencia del Estado nacional de las políticas alimentarias. Entonces, sacando la inflación, el servicio en sí atiende a una mayor cantidad de personas", dijo el subsecretario.

Con nombre y apellido

El gobierno santafesino busca contar dentro de dos o tres meses con un listado exacto de personas que concurren a los comedores comunitarios, con nombre y apellido, al menos en las ciudades más grandes. El relevamiento ya comenzó por Rosario -en conjunto con la Municipalidad-, en agosto se pondrá en marcha en Santa Fe y luego se hará lo propio en Villa Gobernador Gálvez.

"Cuando asumimos nos encontramos con todo el sistema de comedores muy desordenado, por lo que iniciamos el operativo de regularización, con el objetivo de poder cargar cada una de las personas que van a los comedores con nombre y apellido, dirección y documento. Ahí vamos a tener verdaderamente la cantidad de personas que están asistiendo a los comedores y vamos a poder hacer una trazabilidad, es decir, saber si esa persona el lunes come acá, el martes allá, el miércoles en otro lado", explicó Márquez.

118 comedores irregulares

Con relación a las auditorías, el subsecretario de Seguridad Alimentaria de la provincia, indicó que en la provincia funcionan 870 comedores, que se están auditando. "Desde el 2 de enero empezamos el operativo OTI en toda la provincia, eso significa ordenar, transparentar e institucionalizar. Porque vimos que había un 'estado bobo', que estaba atrás de un escritorio esperando que venga una organización, una demanda y le daba asistencia sin saber qué ni dónde ni cuándo. Entonces decidimos salir a visitar uno por uno los 870 comedores", explicó.

De esta manera, con un equipo de trabajadores sociales y nutricionistas, se están relevando y auditando en territorio, las instituciones que brindan servicio de comedor que son iglesias, clubes, vecinales, organizaciones civiles, y también familias y particulares preocupadas por su barrio. "El objetivo es fortalecer esos servicios que funcionan bien, mejorarlos, llevarles capacitación. Hicimos un convenio con la Assal, y estamos dándoles cursos para que obtengan el carnet de manipulación de alimentos, por primera vez, a todos los voluntarios que trabajan en los comedores comunitarios. También les estamos dando gas, utensilios de cocina, etc", destacó.

"Salimos con la idea de fortalecer pero nos encontramos también con que muchos de estos comedores no estaban trabajando como correspondía y entonces empezamos un proceso de depuración", advirtió.

Hasta el momento, el gobierno provincial dió de baja a 118 comedores con distintas irregularidades, desde leves -como problemas de rendición administrativa- hasta casos más graves, como que en el lugar donde debía funcionar un comedor hay una plaza. "Incluso detectamos usurpaciones de identidad. O sea, en un momento alguien tomó un nombre y apellido, accedió a alguna fotocopia de documento y gestionó un comedor. Llamé a una persona que había gastado 20 millones de pesos de una tarjeta para que rinda el monto y cuando viene, se asombra de que era titular de una tarjeta institucional del Estado, y decide radicar la denuncia conjuntamente con nosotros", contó.

Esta situación derivó, además, en que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano hiciera presentaciones judiciales ante el Ministerio Público de la Acusación (MAP) "de 12 casos graves", informó.

Lo que cortó Nación

"La plata por la baja de comedores se redistribuye entre los que funcionan bien y los nuevos que se están creando", explicó Márquez. Y dijo que la mirada a nivel de auditorías es "quirúrgica". "No es que suspendimos todos los comedores y la alimentación, sino que sabemos que muchos están trabajando muy bien y que, sin ellos, no podríamos llevar adelante la política alimentaria", destacó el funcionario, diferenciándose de la decisión que tomó Nación, de no entregar alimentos a las organizaciones sociales que manejan comedores y merenderos.

El gobierno nacional aportaba en Santa Fe, en materia de política alimentaria, el presupuesto para el "componente de celiaquía" de la Tarjeta Única de Ciudadanía, que es una dieta más cara. "Ese componente lo ponía Nación y representaba un 30% del programa TUC. Desde que estamos nosotros, nunca nos transfirieron nada y nos tuvimos que hacer cargo desde la provincia", destacó.

Por otra parte, adujo que "Nación compraba mucha cantidad de mercadería y la repartía en la provincia a través de los movimientos sociales. Eso se cortó totalmente y en verdad era una gran ayuda. Toda esa mercadería que no está llegando es la demanda que empezamos a tener en la provincia de las organizaciones que nos vienen a pedir más alimentos", aseguró el subsecretario.

Márquez reveló que el día anterior a renunciar, el anterior viceministro de Capital Humano nacional, Pablo De la Torre, "se había comunicado con nosotros para ver si podíamos repartir la mercadería, a partir de la definición de la Justicia. Le respondimos que sí, pero al otro día renunció, y lo próximo que nos enteramos es que Nación hizo un convenio con la fundación Conin para distribuir los alimentos, pero no sabemos si se repartieron o cómo ni a quién le llegó".

"Va a ser muy difícil para la provincia hacerse cargo de todo lo que Nación repartía. Más allá de que está la voluntad del gobernador de poner más recursos, si no se revierte la situación de crisis, va a ser cada vez más complejo ", cerró.