La ausencia del Estado abre paso al abuso y la arbitrariedad

Ivana Fux

La situación cuasi extorsiva de Litoral Gas hacia las constructoras que denunciaba este diario en septiembre pasado era ratificada por la Cámara de la Construcción delegación Santa Fe en diciembre último. Allí, en un comunicado de prensa, la entidad advertía sobre el “gravísimo problema”; le atribuía a la concesionaria decisiones “unilaterales, inconsultas y arbitrarias”, y una conducta “totalmente inconstitucional”.

A tres meses de aquel alerta, la situación no ha cambiado. “Estamos igual; la prestataria sigue pidiendo obras complementarias para habilitar el gas. Tratamos de consensuar cosas entre la Municipalidad, los desarrolladores y la Cámara pero estamos en pañales. Para nosotros es muy importante que la Municipalidad dé su opinión”, dijo el presidente de la Cámara, Carlos Fierro, consultado nuevamente por este medio.

De hecho, el comunicado de diciembre ya reclamaba una intervención en el tema de las autoridades municipales y provinciales. El viernes pasado, el vicegobernador Jorge Henn recibió en Rosario a constructoras para analizar el tema, y entre lunes y martes hará lo propio en Santa Fe. El funcionario, que ya venía ejerciendo una postura crítica con Litoral Gas desde la trágica explosión en la ciudad del sur, también intervino en la polémica por las obras de ampliación, y dijo -en septiembre último- que la concesionaria pretendía “financiarse con el aporte de los privados”.

Ahora, agudizado el problema por el paso del tiempo, consideró que Litoral Gas incurre en “un enriquecimiento sin causas”. Consultado por este diario, rechazó el “mecanismo perverso” que emplea Litoral Gas. “Entendemos que la transferencia gratuita de instalaciones hacia Litoral Gas implica un enriquecimiento sin causa, y es abusivo que esta distribuidora pretenda aprovecharse de su posición dominante en el sector para enriquecer su patrimonio en perjuicio de los sectores productivos”.

Henn dijo que “aún más reprochable e inexcusable es que se quiera transferir a los vecinos y a las empresas la carga de la ejecución de obras de extensión de red, cuando esto es una obligación legal a cargo de Litoral Gas, tal cual lo prescribe el pliego de su privatización. Esta empresa privatizada -recordó- se ha beneficiado con un proceso direccionado, y pretende incumplir las obligaciones mínimas que se le han impuesto”, concluyó.

¿Quién controla?

El proceso de privatización que delegó en 1992 la concesión del servicio en la provincia de Santa a Litoral Gas encuentra su marco regulatorio en la Ley Nº 24.076, que lo define como “un servicio público nacional”. Esa misma ley, en su artículo 50, crea el Enargas como ente regulador y de control de la prestación del servicio. Dispone que el ente podrá dictar sus propios reglamentos y que será dirigido y administrado por un directorio conformado por cinco miembros.

Sin embargo, esa conducción no se ejerce desde hace cinco años. “El Enargas está intervenido desde diciembre de 2007 -planteó a El Litoral el diputado nacional socialista Juan Carlos Zabalza-. Hoy por hoy, es un apéndice exclusivo del gobierno nacional. No funciona como un órgano de control ni le da participación a los usuarios”, aseguró.

Para el legislador, “la base del problema planteado con las constructoras está en el rol del Enargas como organismo de contralor y en la ausencia del gobierno nacional, que es el responsable de esa concesión”.

Zabalza admitió que las tarifas están congeladas, como argumenta la empresa, pero recordó que la prestataria “tiene un subsidio indirecto del gobierno nacional que le paga a las distribuidoras para que éstas no aumenten el precio del suministro, en este caso, a Litoral Gas. Por lo tanto, ésa es una verdad a medias y parcializada”.

“La Nación -insistió- declinó su potestad de ejercer un control efectivo sobre las empresas concesionarias para verificar si hacen las obras y cumplen los compromisos asumidos en los pliegos. Hay informes de la Auditoría General de la Nación que son elocuentes y hablan de esta falencia del gobierno nacional. Y está claro que si el Estado no interviene, deja que sea la empresa quien fije condiciones”, concluyó.

Objetivos

Según la ley, entre los objetivos del Enargas se encuentran “proteger los derechos del consumidor; promover la competitividad de los mercados; propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso y uso indiscriminado del servicio, y regular la actividad”, entre otros.


La base del problema planteado con las constructoras está en el rol del Enargas como organismo de contralor y en la ausencia del gobierno nacional, que es el responsable de esa concesión”.
Juan Carlos Zabalza, Diputado nacional socialista.

Es reprochable que se quiera transferir a vecinos y empresas la ejecución de obras, cuando es una obligación legal a cargo de Litoral Gas, tal cual lo prescribe el pliego de su privatización”.

Jorge Henn, Vicegobernador de la provincia.