Callejeros: llegó el día del regreso

El grupo de rock Callejeros dará en Córdoba su primer recital tras el incendio de Cromañón, luego que los padres de las víctimas fracasaran en su intento de convencer a las autoridades políticas cordobesas de no efectuar el espectáculo y no pudieron presentar un recurso de amparo. Las 20.000 localidades puestas a la venta se agotaron en su totalidad por lo que jóvenes de todo el país colmarán el estadio Chateau Carreras, el cual será custodiado por unos 1.600 efectivos y personal de seguridad dispuesto por las autoridades provinciales y la empresa organizadora del evento. Callejeros se presentará a partir de las 17 en el estadio mundialista, que depende de la municipalidad de Córdoba, cuyo intendente Luis Juez autorizó la realización del espectáculo luego de haber tomado "todas las precauciones", entre las que figuran planes de evacuación y de contingencia y un corredor sanitario. La banda que lidera Patricio Santos Fontanet concretará su retorno luego del incendio del 30 de diciembre del 2004 en el local República de Cromañón, en la zona porteña de Once, que causó la muerte de 194 jóvenes, la mayoría por asfixia. Por otra parte, la jueza María Angélica Crotto, que procesó a todos los integrantes de la banda por estrago seguido de muerte, embargó la totalidad de la recaudación en prevención por los juicios civiles y penales que surgieron luego de la tragedia, a pedido de los familiares de víctimas y sobrevivientes. El abogado de la banda, Eduardo Guarna, apeló el embargo fijado sobre el dinero correspondiente a los músicos, porque "desconoce palmaria y manifiestamente el carácter alimentario de las sumas cuyo embargo dispone", ya que no se limitó al 20 por ciento del total, sino que alcanza al 100 por ciento de ese monto. Los padres de las víctimas, encabezados por Ricardo Righi y Nilda Gómez, llegaron ayer y se entrevistaron con el intendente Juez y el gobernador José de la Sota, quienes se escudaron en que la posibilidad de suspender el recital "es un tema de la Justicia y de las habilitaciones municipales". Los padres quisieron presentar un recurso de amparo para impedir la realización del recital, pero no encontraron en Córdoba un abogado que lo hiciera, a lo que Righi aludió a que "es difícil ir en contra del poder". El empresario Jose Palazzo, propietario de la empresa Nueva Tribu, organziadora del recital, presentó a su vez un recurso de amparo ante las amenazas expresadas por Righi, quien advirtió que iba a incendiar la provincia si se realizaba el recital. "Se hizo una acción de amparo para prevenir que todos aquellos particulares que de algún modo han adelantado que intentarían perturbar o que se anule el show, desistan de esa actitud", explicó el abogado de Palazzo, Alfredo Perez Moreno. El fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, imputó a Righi del delito de intimidación pública, por sus expresiones sobre incendiar la provincia, aunque el padre aseguró que las hizo por su estado de ansiedad. Pero Righi, tras facasar las reuniones con Juez y de la Sota y no poder presentar un recurso de amparo -según trascendidos por falta de fondos para pagar un abogado-, acuso de corrupto al Poder Judicial de Córdoba y dijo que la actuación de Callejeros "es un hecho terrible, es un delito penal". "Esta gente (Callejeros) son unos asesinos y realmente no llego a entender cómo un gobernador, un intendente, y todo el resto de la corruptela que hay en el gobierno de la provincia están haciendo negocio con la sangre de la tragedia de Cromañón", remarcó Righi. El abogado Guarna aseguró que invitó a los padres de las víctimas de Cromañón al recital de Córdoba, porque entendemos que no tiene que estar afuera" y dijo que a Righi lo vio "desbordado por la emoción y para mí necesita muchísima contención y atención". En el operativo de seguridad está previsto que haya unos 800 policías en el exterior del estadio y 800 guardias, contratados por los productores del recital, en el interior. El director de planificación de la Policía, Ramón Frías, dispuso que los demás efectivos se ubiquen en cercanías al estadio y se inspeccionen los accesos vecinos, en particular el adyacente Parque General San Martín, en el barrio Chateau Carreras. Alrededor del estadio se colocará un amplio vallado que impedirá el paso de quien no tenga entrada y habrá cámaras móviles de la Policía, cuyas imágenes serán "monitoreadas" en una sala de situación especial establecida en el subsuelo del estadio. El fiscal de instrucción Gustavo Rinaldi será el encargado de actuar si se registra algún inconveniente. Foto: Télam.