La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó hoy operativos contra empresas y directivos del Grupo Clarín, el más importante de ellos en el diario, que levantaron una fuerte polémica y denuncias sobre el uso "intimidatorio" de los instrumentos del Estado.
La polémica surgió por la dimensión del procedimiento -sólo en el edificio en el que funcionan las redacciones de Clarín, Olé y La Razón hubo cerca de 200 inspectores- y porque el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que no había autorizado el operativo.
Además del diario, la AFIP envió unos cincuenta inspectores a otras dependencias del Grupo y a domicilios particulares de sus directivos. Todos ellos bajaron de camionetas de color negro y luego los funcionarios rodearon toda la manzana donde funciona Clarín, antes de iniciar su accionar.
Los inspectores adujeron "órdenes superiores" para realizar las tareas que se centraron en cuestiones previsionales y fiscales. Sin embargo, el propio titular de la AFIP negó haber ordenado el procedimiento a través de una carta enviada al diario y, posteriormente, adujo que dos funcionarios de su dependencia fueron separados de sus cargos por haber ordenado el procedimiento. También ordenó la instrumentación de un sumario administrativo para aclarar el hecho.
Los sucesos de hoy se producen en el marco del debate de la nueva ley de medios que el gobierno impulsa y de medidas oficiales como la denegación de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, la ruptura del acuerdo de la AFA con Televisión Satelital Codificada y la aparición de afiches y publicaciones con agresiones contra directivos del Grupo Clarín.
Directivos del mismo vincularon el accionar de la AFIP con la publicación, en la edición de hoy, de una denuncia sobre la presunta existencia de un subsidio irregular de más de 10 millones de pesos de la ONCCA.
El Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers remarcó "la desmesura del procedimiento, porque 200 inspectores para un procedimiento es claramente una señal de intimidación". El directivo aclaró también que "Clarín es una empresa pública que cotiza en la Bolsa, que además de cumplir con sus obligaciones, publica su balance".
"Esto es un proceso que estaba integralmente diseñado" y que "llama la atención que se dé en un contexto en el que el clima de hostilidad y agresiones hacia la prensa y hacia Clarín en particular", explicó el directivo.
El hecho provocó numerosas reacciones contrarias por parte de políticos, dirigentes del campo, entidades empresarias y periodísticas. Por ejemplo, ADEPA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Mesa de Enlace del campo y numerosos partidos políticos.
Desde el diario se denunció que durante el procedimiento, que se extendió por espacio de tres horas y finalizó a las 18.30, se produjeron hechos "insólitos". Según reveló Clarín.com, alguno de los inspectores formularon elogios al proyecto oficial de ley de medios con "tono de arenga". Otro amenazó a una periodista con sacarle una cámara. Un tercero exhibió "un envase de gas pimienta de manera amenazante" y cuando se "le consultó sobre lo que estaba ocurriendo, respondió, desafiante: Pregunten a Kirchner".
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