Paz y La Paz no tienen paz

Las crisis institucionales recurrentes en América Latina vuelven a manifestarse con crudeza en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el cargo, enfrenta una ola de protestas masivas que han paralizado La Paz, generando bloqueos en rutas clave y provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

Esta convulsión no es un episodio aislado, sino el síntoma de un mal estructural: la fragilidad de las instituciones democráticas en un contexto de polarización extrema, crisis económica y ausencia de canales efectivos de representación. La actual crisis boliviana combina elementos económicos, sociales y políticos que se retroalimentan peligrosamente.

Paz, líder de una coalición de centro-derecha, llegó al poder con un porcentaje modesto de votos (alrededor del 32%) en un escenario fragmentado, marcado por la exclusión efectiva del Movimiento al Socialismo (MAS) y la fuerte presencia residual de Evo Morales.

Las protestas se iniciaron con demandas sectoriales, principalmente la derogación de la Ley 1720 sobre tierras comunitarias, que afectaba a indígenas y campesinos. Aunque el Ejecutivo terminó derogándola, las movilizaciones derivaron rápidamente en un rechazo generalizado a las medidas de austeridad, los recortes de subsidios y la gestión de la crisis económica.

Bloqueos en más de sesenta puntos, especialmente alrededor de La Paz, han generado escasez crítica. Camiones varados, pacientes sin acceso a hospitales y un aumento en la tensión social que ya dejó disturbios, incendios y enfrentamientos.

El gobierno respondió desplegando fuerzas de seguridad, arrestando a decenas de manifestantes y acusando a sectores afines a Morales de orquestar una desestabilización. Morales, bajo orden de captura por un caso judicial, ha respaldado las movilizaciones desde la distancia, presentándolas como una respuesta legítima a la inflación, la falta de combustibles y el incumplimiento de promesas.

El canciller Fernando Aramayo descartó tajantemente cualquier renuncia presidencial, calificándola de "absurda", y condicionó el diálogo al cese de la violencia. Esta dinámica revela fallas profundas. El Parlamento, dominado por una alianza de centroderecha con apoyo de figuras como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ofrece escasa oposición institucional.

Ante esta orfandad política, sectores indígenas, campesinos, mineros, transportistas y gremios han trasladado sus demandas a las calles, recurriendo a la tradición boliviana de bloqueos y movilizaciones.

Analistas como la politóloga Nadia Guevara destacan que la fragmentación del voto y la exclusión del MAS dejaron a amplios sectores populares sin voz efectiva en las instituciones, alimentando una polarización que evoca los conflictos de 2019 y periodos anteriores. Desde una perspectiva internacional, la crisis boliviana ilustra patrones regionales preocupantes.

Países vecinos como Argentina han enviado ayuda humanitaria (un Hércules con alimentos), mientras la OEA prepara reuniones para monitorear la situación. Sin embargo, el riesgo no radica solo en la inestabilidad inmediata -pérdidas económicas millonarias, impacto en la inversión y posible escalada de la violencia-, sino en la erosión crónica de la confianza en las instituciones.

Bolivia, rica en recursos pero históricamente vulnerable a ciclos de expansión y contracción, enfrenta ahora una combinación tóxica: deuda, escasez de divisas, inflación y demandas sociales insatisfechas.

El mandato de Paz aparece como imposible en un entorno donde cualquier medida de ajuste genera rechazo inmediato y donde la oposición extraparlamentaria, liderada por figuras carismáticas como Morales, capitaliza el descontento.

Los bloqueos no son novedad en Bolivia -fueron herramienta recurrente incluso bajo gobiernos del MAS-, pero su convergencia actual con una crisis de legitimidad inicial del Ejecutivo agrava el panorama. Economistas como Gonzalo Chávez advierten que no hay salidas fáciles ni rápidas: estabilizar las finanzas requiere medidas impopulares que, sin consenso amplio, profundizan la fractura social.

Esta situación evoca otros casos regionales recientes: estallidos sociales en Ecuador, Perú o Chile, donde la brecha entre élites políticas y demandas ciudadanas generó turbulencias.

En Bolivia, la debilidad institucional se manifiesta en la incapacidad de procesar conflictos a través de mecanismos representativos, judiciales o parlamentarios, recurriendo en cambio a la movilización callejera y la confrontación. El gobierno insiste en que el resto del país está bajo control y busca respaldo diplomático, pero la imagen de La Paz convulsionada proyecta inestabilidad regional.

En última instancia, la democracia latinoamericana sigue enfrentando el desafío histórico de consolidar repúblicas estables más allá de elecciones periódicas.

Tal como reflexionaba Octavio Paz en "El laberinto de la soledad", las sociedades latinoamericanas siguen atrapadas entre la aspiración a la modernidad democrática y las profundas estructuras de poder personalista y exclusión heredadas de su historia.

En Bolivia, como en otros contextos, la república formal choca con una realidad donde la polarización y la crisis económica convierten las instituciones en campos de batalla en lugar de espacios de deliberación.

Superar este ciclo requiere una reconstrucción profunda de la representación política y el pacto social. Sin ello, las crisis recurrentes seguirán siendo la norma más que la excepción en el convulso mapa latinoamericano.

El autor es analista internacional y profesor de Ciencia Política.