Sobre la emergencia en seguridad

Por Néstor Vittori

El problema de la inseguridad no se va a resolver en el plano del debate ideológico. En la medida que subsista en la Argentina una porción importante de la inteligencia cultural impregnada de planteos “garantistas” y “precaucionistas” que tiendan a proteger a los delincuentes en vez de a las víctimas o los agredidos, la cuestión no tendrá solución. La administración de la seguridad no tiene ideología, tiene leyes y prácticas concretas en orden a su cumplimiento. Por caso, en el mundo comunista los delincuentes comunes son severamente castigados. Y en el universo islámico pasa otro tanto. Hay muchos ejemplos que demuestran que una acción rigurosa en materia de seguridad salva vidas, y son muchas las personas que pueden seguir transitando por la calle en lugar de resultar muerta a causa de acciones delictivas. Uno, concreto, es la ciudad de Nueva York, donde los asesinatos llegaron a tocar un techo de 2.245 en 1990 y, a partir de 1993, cuando se produjeron 1.946 asesinatos, la estadística empezó a bajar como consecuencia de la instrumentación del programa conocido como “tolerancia cero” bajo la conducción del alcalde Rudolf Giuliani. Al final de su mandato, en 2001, se habían reducido a 649 asesinatos por año. Luego de Giuliani, y durante la alcaldía de Bloomberg, la tasa siguió bajando hasta 2014, cuando se registraron 333 homicidios. En 2015 se dio un ligero aumento, y los policías sindicalizados lo atribuyen a una disminución de la presión por parte del actual alcalde, Bill De Blasio. Siguiendo la secuencia de 1990 a 2014, podemos señalar que, comparativamente en este último año, 1.914 personas siguieron caminando por sus calles, lo que no hubiera ocurrido de mantenerse la criminalidad de 1990. Con respecto al tema de las drogas, al comenzar la “tolerancia cero” en 1994, Nueva York tenía 8.000 puntos de venta al aire libre, en tanto que en 1998 subsistían algunos, pero era difícil encontrarlos. Esto vale simplemente como ejemplo e ilustra cómo el narcotráfico migra cuando se encuentra con políticas de seguridad y acciones policiales que, al mejorar su efectividad, lo hacen más difícil y costoso. El ejemplo inverso es nuestro país, en el que bandas de narcotraficantes se han radicado gracias a la laxitud de los controles y las facilidades que otorga la corrupción, socia en los nefastas ganancias de la criminalidad. La tendencia señalada en Nueva York se ha manifestado igualmente respecto de otros tipos de delitos, como así también en el índice de encarcelamiento, que cayó un 32 % en los últimos 10 años. Howard Safir, ex comisionado policial de Nueva York en la época de Giuliani, dice en su libro sobre seguridad que “el éxito en la aplicación de la ley se mide por las vidas salvadas, los delitos prevenidos y la vitalidad de una ciudad restaurada”. La objeción en abstracto a una política de seguridad, que debe desarrollarse en el campo de lo concreto y en cercanía con la gente, tiene el peligro de transformarse en una complicidad involuntaria con la delincuencia y en un factor de debilitamiento de las acciones que se requieren en tal dirección. La inseguridad no se resuelve con el discurso ni con el artilugio ideológico, sino con acciones concretas que responden a un plan de trabajo, a su efectivo cumplimiento, con los medios idóneos para su gestión, en un marco tecnológico que sea superador de los elementos con los que cuenta la delincuencia. Además, requiere la decisión política de avanzar en el control y la supervisión del cumplimiento de los objetivos planteados a las fuerzas de seguridad en todos sus estamentos. En este sentido, es clave exhibir los resultados operativos de su acción táctica, contabilizados estadísticamente en progresión virtuosamente disminutiva. Todo ello a partir de programas bien delineados de objetivos barriales, zonales, provinciales, integrados a su vez a una base nacional de datos que facilite el acceso a la información y el intercambio entre plataformas respecto de delitos y delincuentes. El discurso negativo de numerosos intelectuales de la libertad política, fundado en razones en parte valederas por experiencias del pasado, no debería excluir un reconocimiento de la emergencia que atraviesa nuestro país en materia de seguridad. Cabe, por cierto, el deber de observar las acciones efectivas que realicen los gobiernos y la Justicia en esta dirección, pero no pueden ser descalificadas en abstracto. Es menester reconocer las herramientas operativas institucionales necesarias para lograr el objetivo de disminuir la inseguridad, salvar vidas, prevenir delitos y hacer más amigable la vida en comunidad; desde luego, con apego a los mandatos constitucionales.