La cesión de jurisdicción a demanda o federalismo invertido

Hace mucho que no converso con mi amigo Walter Egho y cuando leo que el gobernador de la provincia de Santa Fe dice que "hay una inminente decisión de la Casa Rosada para ceder el mantenimiento de algunas rutas nacionales a Santa Fe", se me ocurre llamarlo.

- Directamente le pregunto si está enterado que "hay una decisión del gobierno nacional, que está a punto de salir, para ceder el mantenimiento de algunas rutas nacionales a la provincia", sobre todo las que desembocan en los puertos del sur santafesino y que están "destrozadas por el tránsito interjurisdiccional e internacional". Al respecto, el gobernador habló de "un esquema que incluya a los municipios y comunas y también a las empresas agroexportadoras" (La Capital, 3 de agosto de 2024, página 14).

- Sí, querido amigo, me dice. Lo he leído y reflexionado sobre el particular. En primer lugar, me reconforta que el gobernador se refiera a la Casa Rosada y al gobierno nacional y no a la Nación, como lo hacen muchos funcionarios de gobierno y la mayoría, si no todos, de los periodistas económicos. Lo he dicho muchas veces que se trata de una equivocación conceptual y que el gobierno nacional representa a la Nación, pero no lo es; la Nación es mucho más que un gobierno, es el territorio y los habitantes, es el país todo. En segundo lugar –continúa- ojalá tenga suerte en convocar a las empresas para que participen en el financiamiento de las obras viales que favorecen la llegada de los cereales y oleaginosas a los puertos de molienda y embarque que poseen (al respecto, me recuerda que en otro momento se quiso pero no se pudo, y agrega en voz baja: probablemente no se supo).

- Aprovecho para preguntarle entonces si no le parece, que esta figura trasgrede el federalismo tripartito que establece la Constitución de 1994. Y le acoto que la vicegobernadora expuso en lenguaje coloquial la motivación política de tal pedido. Mencionando que desde hace seis meses las rutas nacionales en territorio santafesino no se reparan, dijo, en declaraciones en la radio LT8: "Pedimos que nos las transfieran (porque) muchas veces nos comemos las cachetadas por problemas que no podemos solucionar".

- (Me contesta con un dejo de nostalgia) Esto me recuerda las cachetadas que otros gobiernos de la provincia recibieron por no poder resolver los delitos del narcotráfico por ser de jurisdicción federal. Pero, además, y no es una cuestión menor, tal cesión es necesaria para no caer en malversación de fondos: no se debe imputar gastos realizados en otra jurisdicción.

- Retomando la cuestión del federalismo, su respuesta es, como acostumbra, muy ilustrativa.

- Así es (me dice). No será la primera vez que la provincia se ve obligada a pasar por alto las pautas del federalismo, en términos de sus potestades tributarias y las responsabilidades de prestaciones y gastos de cada uno. Por eso el federalismo argentino ha sido adjetivado de muchas maneras: atenuado, coercitivo, monopólico, decadente, sui generis, centralista, disociado, semifederalismo, etc. Pero esta vez, agrega con énfasis, se está poniendo al federalismo cabeza para abajo: es un federalismo invertido. Cada vez se asemeja más a un unitarismo con atisbos federales. Fíjese (me acota), en otras oportunidades, como la financiación por parte de la provincia de la transformación de la Ruta Nacional en Autovía (200 millones de dólares), o del plan de inversiones en infraestructura eléctrica (100 millones de dólares), se firman acuerdos de repago y se registran como acreencias en la contabilidad gubernamental de la provincia.

- Entonces (digo) este caso es diferente… (y le pregunto) ¿Cómo será en este caso en que se transfiere la jurisdicción? ¿Se tomarán créditos externos-para su financiamiento? ¿Será un gasto sin contrapartida contable al no formar parte del activo físico provincial? ¿No se registrará como acreedor al gobierno nacional? Además (le agrego), muchas erogaciones ni siquiera serán gastos de capital, sino registrados como un gasto corriente (si no hay mejoras así debe registrarse el mantenimiento).

- Son buenas preguntas (me dice, recordando que la contabilidad gubernamental es por partida doble), pero esos son pequeños problemas técnicamente solucionables.

- Espere un momento (le digo). Hay al respecto algunos avances recientes. La alternativa más viable que se propone es que el mantenimiento, reparación y mejoras de la red de rutas a puerto sean tomados por empresas mediante concesión por peaje. ¿Qué opinión le merece? ¿No resuelve algunos de sus cuestionamientos?

- Puede resolver algunos y crear otros. ¿Se trataría de una concesión de obra pública con subsidio a la inversión, como el puente Rosario-Victoria? Sería un proceso licitatorio complejo, pero hay equipo para resolverlo con idoneidad y limpieza. ¿Cómo se registraría en la contabilidad gubernamental ese subsidio provincial?

- Son dudas las que genera el caso (continúa). Sin embargo, de lo que no hay dudas es que hablar de peaje no debe sonar muy bien en los oídos de los productores agropecuarios ya que, sin duda, aumentaría el costo del flete corto que siempre es a cargo del productor. Por su parte, a los municipios y comunas les resultará muy gravoso resignar los ingresos que provienen del tránsito por sus ejidos (peajes), al estar sus gastos acomodados a esos recursos.

- Mire que paradoja (le digo). El gobierno nacional consigue el superávit financiero eliminando los gastos de capital en infraestructura, un despropósito desde la política económica para el crecimiento (también en educación y ciencia tecnología, seguramente, cree que vendrá de la mano invisible del mercado ayudado por las fuerzas del cielo), y hace lo de siempre cuando hubo que ajustar, transfiere a las provincias la responsabilidad del gasto sin el acompañamiento de los recursos para financiarlos; alguna vez fue la educación, también la salud y ahora la obra pública.

- Así es (me responde y se explaya). En principio el gobierno central aceptaría la propuesta porque "no tienen plata" (Luis Caputo dixit), sin embargo, dudan en la figura jurídica para la cesión. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no lo ve con buenos ojos, se niega a transferir la jurisdicción y también a reparar las rutas. La provincia sugiere una resolución de la DNV, con aceptación de la respectiva dirección provincial, en cambio el gobierno nacional entiende que para mayor seguridad debe ser mediante un decreto, que, por lo poco habitual, debe ser analizado jurídicamente en detalle.

Y… (concluye con tono irónico) Quizás tengan razón en sus precauciones, pero lo cierto es que la voluntad política escasea y muchas veces los decretos se incumplen. Mientras tanto, queda todo en agua de borrajas. El gobierno nacional actúa como el perro del hortelano, no come (no hace las obras que les corresponden) ni deja comer (no acepta que otros las hagan por él). Tenemos que seguir con atención el devenir de esta inversión del federalismo.