Cuáles son las leyes que el Gobierno pide derogar por “obsoletas” o sobreabundantes

El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

El proyecto se denomina formalmente “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta” y volvió a ingresar luego de que una versión anterior, enviada en octubre de 2024, perdiera estado parlamentario.

En esta ocasión, el proyecto retoma aquellos fundamentos y amplía el alcance de la depuración normativa, con el objetivo explícito de reducir burocracia, desmontar regulaciones innecesarias y reafirmar el principio de libertad individual.

En el mensaje de elevación, el Gobierno sostiene que el sistema republicano “enfrenta hoy un permanente cuestionamiento” y que ello obliga a “relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales”.

Sobrerregulación

Uno de los ejes conceptuales del proyecto es la crítica a la sobrerregulación estatal. En ese sentido, el mensaje oficial afirma que durante el siglo XX se impuso una lógica según la cual los derechos debían ser “concedidos” por ley, cuando en realidad son inherentes a las personas.

Bajo ese criterio, la iniciativa propone derogar o modificar decenas de normas, que el propio texto clasifica en seis grandes grupos.

Entre ellas aparecen leyes que fueron reemplazadas por marcos normativos posteriores más amplios, normas superadas por el avance tecnológico, disposiciones que afectan libertades individuales, regulaciones burocráticas redundantes, leyes referidas a organismos que ya no existen y normas que financian entidades del sector público con fondos estatales.

Según relevó el sitio especializado Parlamentario.com, el proyecto incluye ejemplos que van desde leyes decimonónicas hasta disposiciones dictadas durante gobiernos de facto.

Entre las normas que se propone derogar figuran una ley de 1864 que inhabilitaba por diez años a autoridades que aplicaran azotes —pena abolida constitucionalmente desde el siglo XIX—, leyes que premiaban el descubrimiento de minas de carbón, regulaciones sobre microfilmación de documentos oficiales y normas que autorizaban o exigían la televisión a color.

También se incluyen disposiciones de fuerte contenido político e institucional, como una ley de 1951 que impone prisión a los argentinos que propiciaran sanciones económicas o políticas contra el Estado, o normas que regulaban reuniones en lugares privados, imponían un “carnet de mochilero” obligatorio para quienes viajaban “a dedo”, o creaban fondos y organismos en cultura y comunicación.

“Muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”, sostiene el mensaje del Ejecutivo, que cuestiona especialmente la herencia normativa de gobiernos militares y advierte sobre los costos económicos y sociales de la burocracia innecesaria.

“Cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero que se pierden no solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas”, agrega.

Con impacto económico

En el plano económico, el proyecto apunta a eliminar leyes que, a juicio del Gobierno, encarecen procesos productivos o desalientan la inversión.

En ese marco, se propone derogar normas que obligaban al Estado a comprar exclusivamente productos de la industria nacional, que imponían restricciones a la inversión extranjera en medios de comunicación o que creaban fondos específicos y comisiones sin resultados comprobables.

El texto también avanza sobre el financiamiento estatal de entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, proponiendo que continúen funcionando, pero sin aportes del Estado nacional. “Los legisladores que quieran participar podrán hacerlo con sus propios fondos”, plantea el proyecto en un capítulo que promete abrir un debate político intenso.

Libertades

En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar.

Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.

Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

También intentará suprimir la Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.

El Gobierno incluyó además dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

Privilegios y obligaciones

Asimismo, también añadió la Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

El Gobierno también quiere eliminar la Ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación no impone acciones concretas.

Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa no implica una desprotección de derechos adquiridos. De hecho, el articulado prevé que quienes actualmente gozan de beneficios establecidos en leyes que se derogan, como el padrinazgo presidencial, puedan optar por mantenerlos.

“La eliminación de estas normas no implica un vacío regulatorio”, aclara el mensaje, y subraya que muchos de los objetivos que aquellas perseguían hoy pueden ser cumplidos desde estructuras administrativas de menor jerarquía o mediante marcos normativos más modernos.