Protección estatal a los trabajadores de delivery

Festejo en la barra de la Cámara de Diputados, festejo en el hall y en la explanada de la Legislatura. Un grupo de trabajadores de reparto en bicicleta o motocicletas celebró la media sanción de la Cámara Baja a la creación de un sistema de monitoreo informático permanente para ellos. Falta aún la aprobación del Senado pero el diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) -autor de la iniciativa- se comprometió a acompañar al sector para convencer a los senadores de la necesidad de darles protección en la calle.

"Es un sector atravesado por la violencia y la inseguridad. Para el delito, cada uno de ellos es un cajero automático, tienen algo de dinero, teléfono celular y moto o bicicleta para robarles" destacó Martínez en el recinto quien antes explicó que el planteo ante el gobierno provincial es "para que se haga cargo de estos jóvenes que no reciben planes ni asistencia estatal y que están gran parte del día en la calle".

"Esta Cámara no ignora la problemática de los trabajadores de plataformas y hemos convergido en un texto que aprobamos por unanimidad" subrayó la socialista Gisel Mahmud mientras que también Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) saludó la aprobación pero les aconsejó unirse sindicalmente para enfrentar la precariedad laboral a la que están sometidos.

Desde la barra los jóvenes aplaudieron y filmaron con sus teléfonos el tramo de la sesión que los tuvo como protagonistas. Había santafesinos y rosarinos. Para Martínez, hay 1.500 jóvenes haciendo la tarea en Rosario y unos 3.000 en Rosario. En ambas ciudades empezaron a movilizarse cuando sufrieron varios robos y en esta ciudad entre ellos persiguieron a ladrones de motos o de aparatos celulares.

Martínez explicó a sus pares que "la mayoría de ellos son jóvenes que encontraron una salida en este panorama económico tan complicado que les dificulta enormemente su inserción en el mercado laboral. Que han sido además trabajadores esenciales en la pandemia y que lo que están pidiendo a gritos es poder trabajar seguros, que no les roben, que no los maten. Son trabajadores independientes, que tienen que pagarse su monotributo, su seguro, y tienen que llevar un celular y dinero en sus bolsillos porque son ellos quienes pagan por adelantado los productos que luego reparten. Esto los pone en una situación sumamente vulnerable respecto de los delincuentes que andan sueltos y son muchos y conocidos los casos en los que han sido golpeados, robados y baleados en plena vía pública. Si bien no existen estadísticas se calculan solo en la ciudad alrededor de 10 robos por día, lo que se multiplica por dos en la ciudad de Rosario."

El proyecto votado crea un programa de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), asignando un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geo-localización en los horarios de trabajo, armar estadísticas de trabajo, coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito. También crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata. En cuanto a los recursos, parte de ellos provienen de multas aplicadas a las empresas por incumplimientos de leyes vigentes.

La autoridad de aplicación (Ministerio de Seguridad), como primer paso, deberá confeccionar el registro de trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles para luego asignarles el GPS.

La tercera vez ¿será la vencida?

Por tercera vez, la Cámara de Diputados acompañó a la socialista Clara García en un pedido de informes sobre la ejecución de los 3.000 millones de pesos destinados por el gobierno nacional a la provincia para invertir en tecnologías para la seguridad. La autora explicó que los dos pedidos anteriores no han tenido respuesta del Poder Ejecutivo,

"Santa Fe se merece que el gobierno de Omar Perotti ponga a la Seguridad como una prioridad, deje de poner excusas, invierta y gestione para frenar los niveles de violencia que atraviesa la provincia". No dejó de hacer notar que el anuncio de Alberto Fernández sobre el envío de fondos cumplió dos años. "Se iban a hacer unos centros de análisis y operación policial; se iba a cambiar toda la tecnología de operación del sistema 911, tanto para la recepción de las denuncias que hace la gente como para la distribución y el despacho de los móviles policiales, de bomberos, de todas las fuerzas de seguridad, con información online, drones, celulares robustos; en definitiva, una base de información que hacía prever una mejora en la seguridad. Sin embargo, después de dos años de aquel anuncio, de frustradas licitaciones, no hubo grandes avances" subrayó.

"La última información que tenemos es del mes de mayo, porque desde entonces el gobierno provincial dejó de publicar la ejecución presupuestaria, donde se podía seguir justamente por finalidad y función en qué estaba invirtiendo el gobierno", sostuvo García. "Desde mayo hasta ahora apenas inauguraron una mesa de despacho en la ciudad de Funes, que me imagino serán las mismas cajas cerradas en celofán que (el ministro de Gestión, Marcos) Corach, adjuntaba a un tweet a manera de respuesta irrespetuosa cuando hicimos cuestionamientos en otras oportunidades", acotó.

García analizó que dos años después, los 3.000 millones de pesos siguen sin usarse, y hoy se necesitarán más de 4.500 millones de pesos para concretar la misma inversión. Para finalizar, realizó un repaso de lo sucedido en el Ministerio de Seguridad durante estos dos años y recordó que "se hizo una licitación para comprar armas que terminó con el ministro y su equipo imputado, funcionarios haciendo operaciones de espionaje ilegales que hoy están siendo juzgadas. La gente merece que en Santa Fe a la Seguridad se la tome como un tema prioritario, que inviertan y gestionen y que terminen las violencias en nuestra provincia".

Dos clásicos

Sobre tablas, sin discursos, la Cámara de Diputados aprobó proyectos que tienen larga historia en el Parlamento local. Por un lado, sancionó -una vez más- una ley de excepción que habilita a que municipios y comunas dispongan en este ejercicio fiscal hasta el 50 % del llamado Fondo de Obras Menores para ser destinados a gastos generales si así lo consideren necesario. El tema había sido iniciado en el Senado y logró rápido respaldo en la Cámara Baja.

También dio media sanción a un proyecto del justicialista Leandro Busatto para prorrogar por otros dos años la expropiación temporal de inmuebles, maquinarias, instalaciones y bienes intangibles, marcas, patentes y habilitaciones de la firma Naranpol en beneficio de la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada. La ley original data de noviembre de 2012 y fue prorrogada ya en cuatro ocasiones por dos años como permite la ley santafesina.