Quedó sobreseído el juez Reinaldo Rodríguez en causa por presunto cobro irregular de bonos

Se conoció en las últimas horas el fallo de Marcelo Bailaque, el juez que subroga el Juzgado Federal Nro. 2 de Santa Fe, Marcelo Bailaque, en el que se dicta el sobreseimiento de su homólogo Reinaldo Rubén Rodríguez que había sido salpicado en una causa en la que se investigaba el cobro irregular de bonos defaulteados de 2001 por medio de la presentación de un amparo judicial con la firma de un abogado de Buenos Aires.

Cabe recordar que la causa se originó por iniciativa del Ministerio Público Fiscal interviniente ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe en el marco de la causa caratulada: “Dubarry, Miguel Gustavo; Clerc, Carlos Mario sobre Infracción arts. 172,174 inc. 5 y 45 del CP”, al dictar la sentencia n° 98/17 mediante la cual fueron condenados Miguel Gustavo Dubarry y Carlos Mario Clerc como autores del delito de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública (arts. 174 inc. 5 en función del art. 172 y 45 del CP) imponiendo la pena de dos años y diez meses de prisión, cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso.

En el punto dispositivo VI de dicha sentencia, se dispuso hacer lugar al pedido del fiscal general en cuanto requirió la remisión de testimonios de las piezas procesales pertinentes a fin de que “se profundice la investigación en relación a la intervención de otras personas”, respecto de los sucesos que fueron enjuiciados en los autos de referencia.

Por ese motivo se requirió que se ordene la declaración indagatoria de Reinaldo Rubén Rodríguez por presunta defraudación a la Administración Pública Nacional en virtud de actos producidos dentro y fuera de su función como titular del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, principalmente mediante el dictado de decretos y sentencias interlocutorias en el marco del expediente caratulado “Bugnard, Fernando y otro contra Estado Nacional (PEN-ME) por amparo ley 16.986”.

Sentencia clave

En el fallo del juez Bailaque se expresa en los considerandos que “cobra relevancia la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (...) que revierte la decisión del TOCF de Santa Fe, al estimar configurado un supuesto de déficit probatorio que conduce a la absolución de Miguel Gustavo Dubarry y Carlos Mario Clerc respecto del delito de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública”.

Destaca más adelante la “necesidad de reconocer las consecuencias jurídicas que en esta causa ineludiblemente produce la referenciada decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal del país en materia penal situada sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- en tanto despojó de toda presunción de certeza a la hipótesis delictiva considerada en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe” y que “la reconstrucción y valoración de los hechos efectuada en el juicio, que dio sustento a la formación de la presente causa, ha quedado descartada en aspectos neurálgicos que tuvieron decisiva injerencia en la delimitación de los sucesos por los cuales promovió en estos autos el ejercicio de la acción penal pública.”

Subraya seguidamente que “lo resuelto impide continuar sosteniendo la existencia de una maniobra especulativa, convertida luego en un plan para obtener el pago de los bonos, como así también la presencia de una metodología utilizada para provocar la intervención del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe”.

Por lo tanto, “al haberse desechado tanto la existencia de un engaño ardidoso, poniéndose en duda la presencia de un perjuicio patrimonial fraudulento, la acusación ha perdido su sostén fáctico que permita introducirse analíticamente en la responsabilidad penal en cabeza del titular del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez, respecto a su presunta intervención en una maniobra ilícita que ha sido descartada”.

Por tal motivo el juez Bailaque resuelve “sobreseer al juez Reinaldo Rubén Rodríguez por la presunta infracción a los artículos 174 inc. 5, 269 y 248 del CP; de conformidad con lo dispuesto por el art. 336 inc. 2 del CPPN, haciendo expresa mención de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado el nombrado”.