Advertencias sobre las numerosas salidas de los imputados

Télam

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe presentó hoy un pedido ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario para que ‘se extremen las medidas de seguridad‘ de los imputados en el juicio oral por la causa denominada Guerrieri II, atento a que al menos uno de ellos goza de varios permisos para salidas personales.

Según informaron fuentes oficiales, la presentación se realizó luego de que trascendiera que el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, uno de los 12 acusados en el juicio de la causa Guerrieri y condenado con anterioridad en dos ocasiones a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, goza de salidas sobre las que se desconocen las condiciones de seguridad.

Según fuentes judiciales consultadas por Télam, Amelong requirió y obtuvo permiso para salir de prisión una vez por semana para concurrir a un tratamiento médico.

Además, cada tres domingos goza de salidas para visitar a su madre en el barrio rosarino de Fisherton y todos los sábados desde principio de octubre concurre al hotel Howard Johnson de esta ciudad para tomar un curso de trámites automotores, detallaron voceros judiciales.

En ese caso, el curso se imparte de las 14.00 a las 21.00 y ‘no se sabe qué medidas de seguridad se adoptan para evitar una fuga de un detenido que es peligroso‘, dijeron a esta agencia desde la cartera de Justicia.

Agregaron que los permisos son otorgados por un juez distinto al que preside el TOF1 de Rosario en el juicio oral de la causa Guerrieri II, que es el enterriano Roberto López Arango, y en el cual Amelong también está imputado.

La presentación oficial de la cartera de Justicia santafesina fue realizada justamente a López Arango, para conocer las medidas de seguridad que se adoptan durante las numerosas salidas del acusado.

El militar retirado y abogado Amelong fue condenado en dos juicios, en 2009 y 2012, a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuando revistó en el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario.

El pedido del Ministerio de Justicia local se produce ‘en un contexto de concesión de salidas y permisos a algunos imputados de estas graves violaciones a los derechos humanos y teniendo en cuenta las recientes fugas de otros represores que se registraron en otras jurisdicciones‘, indicaron desde la cartera.

Señalaron que con esta medida se pretende ‘llevar tranquilidad a testigos, querellantes y sus patrocinantes, que los permisos concedidos a los imputados no se transformen en privilegios, y que se pueda garantizar la correcta marcha de los juicios, evitando la impunidad y apuntalando el proceso de memoria, verdad y justicia que atravesamos como sociedad‘.