Denuncia penal

El gobierno de la provincia presentó anoche una denuncia ante la Justicia santafesina, a partir de los dichos proferidos por integrantes del Sindicato de Pescadores, en la reunión que mantuvieron en el Ministerio de la Producción, que podrían quedar encuadrados como amenazas o intento de coacción.

Según relató a El Litoral uno de los participantes del encuentro encabezado por Juan Carlos Bertero, el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio Carlos Scabuzzo, la discusión se planteó en términos que reiteraban lo de la respuesta escrita que las autoridades habían trasladado ya al sindicato, como contestación a su pedido de subsidio: que no existe impedimento para la actividad por razones de veda y que la actividad comercial se desarrolla normalmente, por lo cual se requiere la provisión de pescado. En ese marco, invitaron a Billarreal y a sus acompañantes -a los que él identificó como “delegados”- a trabajar de manera conjunta en el diseño de estrategias adecuadas para llevar adelante la actividad.

Los funcionarios insistieron también en que la ley de emergencia ictícola dictada en 2002 y nunca reglamentada, quedó virtualmente “abrogada” por la sanción de dos normas posteriores -precisamente, las referidas a la veda pesquera y al subsidio correlativo-, por lo cual no es viable la instrumentación que se pretende.

Llegado este punto, los pescadores, que insistían sobre el hecho de que no podían pescar, volvieron a reclamar el subsidio, y ante la argumentación negativa habrían desafiado a que el gobierno evite los cortes de ruta por medio de la Policía, con la posible consecuencia de una muerte, y habrían aludido a que ellos también portarían armas.

Con un registro sonoro de la entrevista, el fiscal de Estado se presentó anoche ante el juez de Instrucción en turno, que es el de la 5ta. Nominación, Darío Sánchez.

Esta mañana el juez elevó la denuncia al fiscal Nº 2 Roberto Nisnevich, quien debía determinar si corresponde iniciar la investigación por delito penal, si debe ser enviada a otro juzgado por el posible delito cometido o si no existen motivos como para iniciar la instrucción.