Lo que fue enviado al Senado

Los tres proyectos votados anoche en Diputados referidos al nuevo sistema penal tienen las siguientes características:

* Organización de los tribunales penales de la nueva Justicia Penal: el despacho votado consta de 40 artículos y determina que la actividad de los jueces se organizará a través de tribunales colegiados o unipersonales y cada magistrado ejercerá las distintas funciones que el Código le asigna al órgano jurisdiccional que le corresponde integrar según la ley. La organización territorial se ajustará a la división actual y en cada una de las circunscripciones judiciales se constituirá un colegio de cámara de apelaciones en lo penal. La cámara de Vera generó una fuerte resistencia desde los abogados de Reconquista; obligaron al PJ a presentar un dictamen en disidencia en cuanto al artículo 14, que no prosperó.

Este proyecto prevé la creación de 20 cargos de jueces penales de primera instancia y 10 de apelaciones.

La actividad de los magistrados estará diferenciada de la gestión administrativa, la cual se basa en un uso adecuado de la moderna tecnología para aprovechar en forma más eficiente los recursos.
Además, los jueces tendrán obligación de rendir cuentas a la sociedad, ya que una vez al año explicarán y darán cuenta de la actividad que han llevado a cabo en ese período cuantitativa y cualitativamente.

* Ministerio Público de la Acusación: este proyecto consta de 74 artículos. El órgano tendrá a su cargo la persecución penal en la provincia e incluirá instancias de participación ciudadana. Se plantea como un órgano autónomo, con tres estamentos. Uno de carácter político, otro técnico y otro de apoyo. El fiscal general diferente del procurador general de la Corte, quien no recibirá instrucciones de nadie y tendrá periodicidad en el cargo, al igual que los fiscales regionales. En principio, el proyecto estipula la creación de 10 nuevos cargos.

* Servicio público de Defensa Penal: procura un sistema de defensa oficial fuerte, con un despliegue territorial adecuado para que cada imputado tenga su defensor y un sistema de controles con auditorías tanto de los aspectos cualitativos como de los cuantitativos. Se hará un seguimiento completo, desde que la persona es imputada hasta que se ejecuta la pena. Además de este sistema de defensa público y gratuito y del privado tradicional -el cliente contrata a su abogado en forma particular-, existirá un tercero con tarifa social, a través de convenios con los colegios de Abogados.