Por este motivo, se convocó a otra audiencia para el 3 de julio, y volvió a ocurrir lo mismo. “Obviamente que esto produjo el enojo de todos los presentes, que se indignaban por la falta de seriedad del Arzobispado y por el desconocimiento de las obligaciones laborales como empleador. La imprudencia de los representantes patronales llegó a un punto culmen cuando, en medio de la reunión, ratificaron la propuesta de designación (para el cargo en conflicto) de una persona ajena al establecimiento educativo, que carece de título profesional -habilitante o supletorio-, sin formación docente y sin suficiente antigüedad en la tarea docente”, indica el parte.