El documento reclama que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa y aducen que hoy es necesario “que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria”.