El 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado en Pinamar. Su cuerpo apareció horas después dentro de un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas y dos disparos en la cabeza, en una cava cercana a General Madariaga.
A casi tres décadas del asesinato del fotógrafo de Noticias en Pinamar, el crimen sigue como símbolo de la lucha por la libertad de expresión. La causa expuso una trama de poder, encubrimientos y una Justicia cuestionada por sus beneficios a los condenados.

El 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado en Pinamar. Su cuerpo apareció horas después dentro de un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas y dos disparos en la cabeza, en una cava cercana a General Madariaga.
La escena no fue solo brutal: fue un mensaje. En pocos minutos, el hecho dejó de ser un policial de verano y se transformó en un caso que sacudió al país y cambió para siempre la relación entre el poder y el fotoperiodismo argentino.
Cabezas tenía 35 años y trabajaba para la revista Noticias. En la cobertura de temporada, Pinamar concentraba dirigentes, empresarios y figuras influyentes lejos de Buenos Aires, en una postal donde la política y los negocios se mezclaban sin micrófonos.
En ese contexto, el fotógrafo logró lo que parecía imposible: retratar a Alfredo Yabrán. La imagen rompió años de blindaje mediático alrededor del empresario, conocido por su bajísimo perfil y por el peso que acumulaba en áreas sensibles del Estado.
La publicación de esa foto fue leída como una afrenta. Desde entonces, el caso quedó marcado por una pregunta incómoda, que la investigación judicial intentó responder con pruebas, nombres y un entramado que apuntó hacia una zona oscura del poder.
La noche previa al hallazgo del cuerpo, Cabezas había asistido a una fiesta en Pinamar. Cerca de la madrugada se retiró, pero no volvió. Horas después, la cava y el auto calcinado instalaron una certeza: no se trató de un robo, sino de un crimen planificado.
El impacto social fue inmediato. La fotografía dejó de ser un oficio silencioso para convertirse en un blanco. Y el periodismo argentino entendió que lo que se estaba discutiendo no era una tapa, sino el límite de lo publicable.
Con el correr de los días, la investigación avanzó sobre una banda integrada por policías bonaerenses y delincuentes vinculados al caso. La reconstrucción judicial señaló a “Los Horneros” como autores materiales y a un entramado de responsabilidades que escaló.
Los nombres de Gustavo Prellezo, Aníbal Luna, Sergio Gómez, Horacio Braga y José Luis Auge quedaron asociados a la ejecución del secuestro, el traslado y el asesinato. A la vez, Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, fue señalado como instigador.
El caso también quedó rodeado de sospechas sobre irregularidades, presiones y zonas liberadas. En esa tensión, el expediente fue creciendo como una radiografía de época, donde la trama criminal no se explicaba sin complicidades.
Yabrán fue citado en el marco de la causa, pero nunca llegó a declarar. El 20 de mayo de 1998, cuando avanzaban las medidas en su contra, se suicidó en una estancia en Entre Ríos. Su muerte cerró una parte clave del caso y abrió nuevas preguntas.
En 2000, el juicio oral dictó condenas severas para los responsables del crimen. Con el tiempo, la discusión pública se trasladó a otro punto: los beneficios, reducciones de pena y libertades otorgadas años después a varios condenados.
La familia de Cabezas y organizaciones periodísticas cuestionaron cada paso que se vivió como retroceso. Para muchos, la causa tuvo sentencia, pero no reparación. Para otros, la principal herida fue el mensaje de impunidad que dejó el paso del tiempo.
“No se olviden de Cabezas” se convirtió en consigna y en advertencia. Se pintó en paredes, se gritó en redacciones, se repitió en marchas y volvió cada vez que un periodista fue amenazado por su trabajo.
A 29 años, el caso sigue siendo una referencia obligada para entender el valor de la libertad de expresión y el riesgo que asumieron —y asumen— quienes trabajan detrás de una cámara en busca de una imagen que explique el poder.
En el mapa de los crímenes que marcaron a la Argentina democrática, el de Cabezas conserva una singularidad: no buscó ocultarse. Fue un hecho diseñado para ser visto, para sembrar miedo y disciplinar a través del terror.
Por eso, el recuerdo no es solo un homenaje. Es una forma de defensa. En cada aniversario, el nombre vuelve porque el caso dejó algo más fuerte que una tapa histórica: dejó una obligación colectiva de memoria.
El tiempo pasó, las playas cambiaron y los veranos siguieron. Pero la consigna permanece, como una marca en la historia del periodismo argentino: no se trata solo de recordar a Cabezas, sino de entender por qué lo mataron.