Guillermo Marijuan: “Es público que hubo retornos con planes sociales”

El Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Guillermo Marijuan se refirió este jueves a la denuncia que realizó contra Gabriel Solano y dijo que "existen informaciones públicas que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales".

En diálogo con Jonatan Viale, en Radio Rivadavia, afirmó: "No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan".

"Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales", dijo el fiscal.

La denuncia

Horas antes, Marijuan había pedido investigar las conductas presuntamente ilícitas de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por amenazas y extorsión. La denuncia fue presentada a raíz de una nota periodística publicada el 13 de junio en un matutino titulado “La ayuda social – El partido Obrero admite que le saca a los beneficiarios de los planes 2% por mes”.

Días atrás, el abogado y presidente de espacio Aptitud Renovadora Juan Pablo Chiesa radicó otra denuncia contra Belliboni por el delito de "extorsión” y el Art 194 CP por cortar las calles.

Según el fiscal Marijuan, surge del editorial en el diario Clarín que ante un artículo periodístico anterior, el dirigente del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, admitió que se obligaba a las personas que reciben el subsidio “Potenciar Trabajo ” a hacer un aporte mensual.

De acuerdo a la información periodística, los beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo ” deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además los beneficiarios asistir a manifestaciones, como las que encabeza Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, organización que cuenta con unos 60 mil planes.

En ese contexto, Solano manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380”, admitiendo así el nombrado que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización, de acuerdo a la denuncia.

Finalmente, la editorial en cuestión, al preguntarse por qué una fuerza política distribuye plata del Estado y le saca un porcentaje a los beneficiarios, realizó un cálculo aproximado de lo que se recaudaría, a saber: $30 millones por mes con ese retorno, siendo la recaudación mensual del Polo Obrero $22.800.000 por mes.

Para el fiscal hay suficientes elementos para realizar una denuncia. “Esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que corresponde denunciar e investigar las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni -sin perjuicio de la complicidad o participación de otros individuos-“, advirtió Marijuán.

Entre las medidas sugeridas, el fiscal pidió que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado “Potenciar Trabajo”, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020.

Asimismo, requirió hacer saber si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial.

Otras medidas sugeridas: Se requiera a la Sra. Directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que informe cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder al programa “Potenciar Trabajo”, como así también cuál es la documentación que debe presentarse al efecto. –

También pide que se solicita a los Gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, través de sus órganos de gobierno, en orden a posibles ilícitos.