Fuerte reclamo del fiscal general por la aplicación del nuevo Código

El fiscal general Julio de Olazábal reclamó la urgente puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, habida cuenta de las demoras y trabas sufridas, y el hecho de que el Ministerio de la Acusación y el de la Defensa no cuentan con los elementos necesarios para funcionar.

Precisamente, el presupuesto 2013 asigna a los órganos de la nueva Justicia Penal menos de la cuarta parte de los recursos que esperaban.

“Yo no creo que sea factible que a comienzos del año que viene se pueda implementar el nuevo Código (como está previsto). No tenemos los fiscales, no tenemos los empleados, no tenemos inmuebles, la Corte Suprema no traspasó los empleados y no tenemos sistema informático. En estas condiciones no se puede”, resumió el funcionario, minutos antes de hacer el planteo respectivo ante la Mesa del Diálogo para la nueva Justicia Penal.

“La larga dilatación que todo este proceso viene sufriendo ya se hizo insoportable y hay que buscar una salida. Si bien sabemos que las dificultades son muchas y muy complejas, si no podemos llevar adelante la implementación que en un principio se pensaba hay que buscar alternativas”, sostuvo De Olazábal.

Decisiones

El titular del Ministerio de la Acusación, en el mismo sentido en que lo hizo el titular de la Defensa, Gabriel Ganon, sostuvo que “lo que la fiscalía quiere es trabajar. Pero no podemos hacer nada, porque no está estructurada. Es necesaria una erogación importante, y también la colaboración de los distintos poderes del Estado. Tiene que haber una decisión del Poder Ejecutivo, y el Legislativo tiene que aprobar los fiscales, cosa que todavía no hizo. Para llegar a este estado de situación hubo trabas de todo tipo. Desde la misma Corte, el anterior procurador, el Dr. Agustín Bassó presentó recursos en contra, que provocaron un año de demora. Después se sumaron los inconvenientes económicos”, resumió.

El ex camarista penal y docente universitario -y uno de los ideólogos del nuevo Código- ratificó su “compromiso ideológico” con la reforma y descartó por el momento la posibilidad de renunciar, como indicaban algunas versiones. “Espero que no tenga que llegar a esto. Sería muy triste para mí abandonar el barco. Hace 20 años que trabajo para esta reforma”.

“Traigo este planteo ante la Mesa del Diálogo, donde están representados todos los sectores. Después, me voy a sentir con las manos libres para llevarlo a donde sea necesario, fundamentalmente a la Legislatura, para pedir que se busquen alternativas de aplicación”, completó De Olazábal.

Intercambio

Ya en el seno de la comisión y frente a los demás actores que intervienen en la aplicación del nuevo Código, De Olazábal reiteró los cuestionamientos que había realizado previamente ante la prensa. Habló de las deficiencias en materia edilicia, de transporte, en informática, en recursos humanos; en infraestructura en general.

El ex ministro de Justicia y asesor actual de la cartera, Héctor Superti, se mostró con cierto desconocimiento sobre aspectos puntuales de lo que se estaba planteando, y reclamó datos concretos sobre contrataciones, incumplimientos y trabas, a la par de sugerir que en ese mismo ámbito se discutiesen también las soluciones a cada problema.

Pero con otra perspectiva, intervino el ministro de Justicia, Juan Lewis. “Dilatar -advirtió- es también pretender imposibles. Si esperamos que esté enchufado hasta el último aire acondicionado, no vamos a arrancar jamás. Tenemos que ir a las cuestiones más generales”, dijo, a la inversa de lo que reclamaba Superti. “Ahora -siguió el ministro-, como los pliegos para fiscales y defensores están ya en la Legislatura, nadie puede dudar de nuestra voluntad.

Entonces, aparecen problemas como las lluvias, los arquitectos... Si pensamos que el ciento por ciento tiene que estar instalado en febrero, estamos equivocando el rumbo”, sostuvo. Y defendió lo que se ha hecho hasta el momento. “Creo que el grado de infraestructura que se ha alcanzado es suficiente para arrancar”.

Discrepancia

De Olazábal no estuvo de acuerdo y se lo hizo notar. “Hoy, no estamos en condiciones. La persecución penal va a ser un fracaso en estas condiciones”, le advirtió. Lewis insistió en que “la manera de solucionar el tema no es discutir en este ámbito cosa por cosa”, en tanto que Superti ratificó la necesidad de “identificar el problema y encontrar la solución”. De allí surgió, entonces, la primera propuesta para avanzar: una reunión entre los ministerios Público y de Justicia para analizar exclusivamente el problema de la infraestructura necesaria a fin de avanzar con el Código.

Allí se produjo la primera intervención del gobernador Antonio Bonfatti. “Reafirmo mi compromiso de aplicar este Código. Si está la decisión política, el Código se va a aplicar. No tengan la menor duda de que lo vamos a hacer”, dijo el mandatario, intentando persuadir a los reclamantes. “Me preocupa -confesó- que no se haya podido resolver el problema de infraestructura en estos meses. Reunámonos más seguido -sugirió-. Y que el fiscal y el defensor General me llamen porque a veces, son cosas de la maldita burocracia las que terminan trabajando las decisiones”, concluyó.