El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias luego del nombramiento de autoridades en el Congreso

Con la renovación de autoridades en el Congreso, en las que La Libertad Avanza -luego de intensas negociaciones- logró sostener, pese a la abstención del kirchnerismo y la izquierda, la presidencia en manos del riojano Martín Menem, se retoma la discusión sobre los proyectos que promueve el Poder Ejecutivo Nacional.

Hace pocas horas, el oficialismo aún aseguraba que no había definiciones sobre el llamado, ni el temario correspondiente. "Depende de la utilidad que tenga”, sostenía este miércoles por la tarde uno de los integrantes de la mesa chica mileísta, que agregó que “si las convocás es porque querés que algo salga aprobado y dar pelea por eso”.

Pocos después, al caer la noche, fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien se encargó -a través de su cuenta de X- de anunciar que se "ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente", publicó el representante de Javier Milei: "Reforma electoral, Reforma Política, Juicio en Ausencia, Ley Anti mafia (que ya tiene media sanción en Diputados y espera tratamiento en el Senado), Viajes del presidente, Reforma de los fueros en la política. Fin".

El último punto se agregó inesperadamente y era algo sobre lo que los funcionarios no se pronunciaron en los últimos días. Esto tendría que ver con flexibilizar la quita de privilegios incorporando a senadores y diputados.

Los primeros ítems van dirigidos a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y un cambio trascendental en el financiamiento de los partidos políticos. El resto tiene que ver con propuestas vinculadas al paquete judicial y de seguridad. Uno ya tiene dictamen favorable y estuvo a punto de ser tratado en el recinto cuando se cayó la sesión del jueves pasado en el que se intentó por segunda vez tratar Ficha Limpia, que quedó afuera, al igual que el Presupuesto 2025.

Al respecto, fuentes oficiales expresaron sobre la Ley de Leyes que “desde el punto de vista del Gobierno no es una pelea para dar, porque en un país normal el presupuesto tal vez es la única norma que importa, de hecho, es la razón de ser para discutir en el Parlamento qué se hace con el dinero de los pagadores de impuesto”, sintetizó un portavoz informal.

La relación con las provincias

En ese marco, un alto asesor presidencial manifestó que “con muchos de los gobernadores hubo un trabajo de diálogo cotidiano”, aunque reconoció que “en materia del presupuesto, claramente nos trabamos, por decirlo de alguna manera” y planteó, “nosotros queremos dar una discusión un poquito más de fondo del vínculo Nación-provincias, porque ya hay un esquema de distribución de los recursos de los contribuyentes, y ese esquema se llama coparticipación federal, que es lo que le toca a las provincias. En el último ratio lo que queremos discutir es la coparticipación”, enfatizó.

Consultado por El Litoral acerca del fallido acuerdo con los estados provinciales, el alto funcionario dijo que “lo que trabó la posibilidad de que haya presupuesto es que los gobernadores no entienden que la suya es la de la coparticipación; quieren más y no hay más”, espetó, destacando que “la definición de negociación es un intercambio de voluntades”.

La explicación que dio sobre el proyecto que envió el PEN y no se incorporó a la nómina fue que “a priori se elaboró contemplando, además de los 57 mil millones de pesos de coparticipación, obras para las provincias y algunas cosas más, o sea en exceso a la coparticipación y manteniendo el equilibrio fiscal. Igual vamos a guiarnos por la normativa que nosotros mandamos y bajo esa lógica. En caso de que ese equilibrio, por alguna cuestión esté un poco más apretado, se recortarán gastos de donde se pueda recortar”, advirtió, en medio de la prórroga que le permitirá a la administración central manejar los recursos a discreción en el próximo año electoral.

En referencia a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el consejero de los hermanos Milei le explicó a este diario que “se otorgan muy pocos y por cuestiones de emergencia y nada más”. Repreguntado acerca de las partidas que bajo ese concepto recibieron administraciones peronistas aliadas a la Casa de Gobierno como Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones, el dirigente libertario aseveró que “eso en general fue por necesidades específicas o algún problema que tuvieron esas provincias en particular, o algo que se pagó después, pero en general responden a criterios de una necesidad especial o una situación coyuntural del distrito que requiere la asistencia del Estado nacional”, aportó.

Gestiones políticas

En la sede del Poder Ejecutivo aseguraron que "presentadas las iniciativas a tratar en extraordinarias se comenzará a hablar con los bloques dialoguistas, no con el kirchnerismo", se remarcó.

“Nosotros en muchas oportunidades, en vez de hacer una tradicional negociación, o llegar a un consenso previo, ya sea mandar un proyecto o pliegos (o lo que sea), hacemos un cálculo de qué es lo que prevemos que puede salir y que no. Inferimos, y en función de eso avanzamos”, expuso otro influyente colaborador de la Secretaría General que añadió -en cuanto a la transversalidad de intereses que hoy surcan a los bloques partidarios y pueden determinar resultados como el del tratamiento de Ficha Limpia- que “es un fenómeno natural propio de que el sistema de partidos en la Argentina no está alineado en función de ideas, sino más bien, históricamente en los últimos 30, 40, 50 años, por cuestiones identitarias y culturales, pero no en términos de ideas. Entonces vos tenés en la UCR, en el PJ o en el PRO, gente de derecha e izquierda, y evidentemente estamos dando esa discusión y el sistema se está reequilibrando y reajustando, y por eso es que tenés votaciones donde una parte de un espacio vota con nosotros y otra no”.

Cuestiones pendientes

Entre los temas que siguen estando en la agenda de interés de Balcarce 50 figuran los pliegos de jueces, no sólo los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema que no ingresan tampoco porque no están garantizado los 48 votos necesarios en el hemiciclo del Senado, sino también los 150 restantes que serán enviados en tanda a la Cámara alta, porque aducen que es una cuestión que atañe a la Justicia en general, ya que “un tercio de cargos en ella está vacante, y cuando la gente se pregunta por qué la justicia funciona mal, es por eso”, se destacó.

Permanecen en la palestra, para una segunda convocatoria en febrero o para las ordinarias del año próximo, el juicio por jurados, que según se dijo en la sede gubernamental, interesa tanto como la ‘reiterancia’ y la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre varias otras normativas a incorporar en el mediano plazo.

En línea con el primer punto, en Casa de Gobierno salieron a aclarar que el juez federal Ariel Oscar Lijo no pone objeciones en ser nombrado por decreto, que es la posibilidad que baraja Javier Milei si el 2024 termina sin que se completen las vacantes de los cinco integrantes que pretende en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con ese horizonte de sucesos como telón de fondo, es que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz decidieron hacerse cargo del principal tribunal del país mientras dure la feria judicial de enero, y de esa manera evitar, que llegado el caso, sea Ricardo Lorenzetti quien le tome juramento si avanza el DNU, en el marco de las especulaciones que apuntan a que fue el jurista santafesino quien promovió la candidatura del polémico letrado federal de Comodoro Py.