Judiciales: fin de un conflicto laboral desatado en medio de una puja política

Después de casi dos meses de conflicto, los trabajadores del Poder Judicial resolvieron levantar el paro que estaba previsto para este jueves. La huelga era parte de una nueva etapa del plan de lucha que se había votado para la presente semana y que incluía una paralización de la actividad de Tribunales durante 48 horas. La medida se cumplió el miércoles, pero por la tarde de ese mismo día, el propio sindicato emitió un comunicado anunciando que el paro previsto para este jueves quedaba levantado.

El conflicto logró desactivarse a partir de que la mayoría de los decretos que el personal aguardaba para ascensos, promociones y designaciones, fueron firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro. Como informara El Litoral, tales disposiciones comenzaron a rubricarse y publicarse desde el viernes pasado. Pero hasta allí, el gremio interpretaba que las firmas se daban "a cuenta gotas" y que el número de designaciones era insignificante en función el universo de trabajadores afectados: unos quinientos en toda la provincia.

Sin embargo, en las últimas horas, el sindicato anunció que según lo comunicado por la Corte, se avanzó en la firma de los decretos citados a punto tal que entre este viernes y el próximo lunes, estarán en condiciones de jurar unos 382 empleados.

El conflicto

La disputa entre empleados judiciales y gobierno fue escalando a medida que transcurría el tiempo. Las motivaciones fueron múltiples. Inicialmente, uno de los detonantes fue el impacto que causaría en el sector la ley de emergencia previsional sancionada en setiembre. Se le sumaron, luego, los planteos por la falta de pago de aumentos retroactivos. Finalmente, la demora en la firma de los decretos de ascensos y designaciones mencionadas potenciaron la confrontación.

Conciliación

La compulsa tuvo, asimismo, al menos dos momentos de conciliación. El primero lo propició el gobierno gestando una reunión con la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich. Tras ese encuentro, la titular del Ministerio Público de la Acusación anunció que el Ejecutivo estaba dispuesto a habilitar las partidas presupuestarias para pagar los aumentos adeudados. Así fue.

La segunda instancia de negociación se generó a partir de una visita que hizo el propio presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, a la Casa de Gobierno para reunirse con Fabían Bastía, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Gutiérrez se llevó el compromiso de que lo decretos reclamados por los empleados serían firmados. De inmediato, se levantó el paro que estaba previsto para esa semana pero las rúbricas volvieron a demorarse y el lunes, el conflicto se retomó con la votación de nuevas medidas de fuerza. Finalmente, fueron conociéndose las firmas con el transcurso de los días y así se llegó al aparente fin del conflicto. Todo, en medio de la pulseada que mantiene el gobierno provincial con la Corte para forzar un recambio de los ministros que la integran.

Como se sabe, desde diciembre dejó de integrar el máximo Tribunal Mario Netri. En abril sucederá lo propio con María Angélica Gastaldi, en tanto que el gobierno ya cuenta con un séptimo lugar disponible tras la sanción de la ley que reformó - e incrementó- el número de integrantes de la Corte. Sobre la base de esas tres vacantes producidas y a producirse, el Ejecutivo define los nombres para enviar los pliegos a fines de este año, o principios del próximo. La negociación incluiría un lugar para el sector del peronismo que lidera Omar Perotti - Rubén Weder sería el propuesto-, otro para el radicalismo y el restante para el Socialismo. Uno o dos de los casilleros deberán ser cubiertos por mujeres para dar cumplimiento a la nueva ley que establece garantizar "principio de paridad" en el tribunal.