Rechazan la excarcelación de Lázaro Báez

DyN

La Sala Dos de la Cámara Federal porteña rechazó hoy un pedido de excarcelación del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez por "la posibilidad" de que "se profugue en caso de que recupere su libertad", informaron fuentes judiciales.

"(Báez) tiene relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de disponer de cuentas bancarias", consignó el fallo.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron "el enorme capital involucrado" en las investigaciones contra el titular de Austral Construcciones SA y consideraron que el "monto total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su disposición".

También recordaron que Argentina adhirió a las convenciones internacionales contra la corrupción y que las mismas "establecen el compromiso de los Estados partes para aplicar políticas coordinadas y eficaces, la obligación de rendir cuentas así como, en definitiva, combatir la corrupción en todas sus formas".

Asimismo destacaron que en la causa "se siguen incorporando otros nuevos hechos que amplían la instrucción a la vez que paulatinamente se descubren bienes hasta ahora desconocidos del patrimonio de los integrantes del grupo económico y de sus empresas".

Además, la Sala Dos no hizo lugar a un pedido de recusación contra el juez federal Sebastián Casanello y ratificó la resolución que había desestimado la nulidad de la orden de detención, concretada el 6 de abril pasado cuando Báez arribó en un avión privado al aeropuerto de San Fernando.

El empresario tiene en esta causa un procesamiento firme por supuesto "lavado de dinero" y, a la vez, se encuentra procesado junto a la ex presidenta Cristina Fernández, por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.

También está procesado en el juzgado en lo Penal Económico del juez Ezequiel Berón de Astrada por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y el magistrado dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 33 millones de pesos.