Presentaron una denuncia penal por un caso de aborto

De la redacción de El Litoral
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Carlos María Puig, apoderado de la Asociación Civil Ojo Ciudadano, presentó esta mañana una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación “por la posible comisión de los delitos de aborto, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad” y pide que se le otorgue participación en la causa en carácter de querellante.

El pedido de investigación se realiza a partir de la denuncia pública realizada por el Dr. Raúl Dalla Fontana al diario El Litoral y otros medios locales por la interrupción de un embarazo de 18 semanas de gestación que no contaría con las razones amparadas en el artículo 86 del Código Penal para el aborto no punible.

En su carácter de denunciante, Carlos María Puig solicita como medidas urgentes “se proceda al secuestro de toda la documentación vinculada a la presente denuncia”. En detalle, actas, resoluciones y/o notas del Consejo de Administración vinculadas al caso; historia clínica; detalle de personal de guardia y del área de ginecología y obstetricia presente el día de los sucesos denunciados; orden de internación; consentimiento informado; ecografías y análisis; planilla de medicamentos; indicaciones.

La denuncia destaca en sus argumentos que “resultarían punibles las conductas de los funcionarios involucrados, si se acreditara que la práctica no hubiera encuadrado en los denominados ‘abortos no punibles’, y para ello es requisito previo obligatorio, además de acreditar el riesgo en la vida o salud de la madre, acreditar que se han arbitrado todos los medios y afrontado todos los medios alternativos para salvaguardar la vida y la salud de la madre (...) es decir, se deberán acreditar que se han agotado todos los recursos de la ciencia y que a la misma se le hayan ofrecido los medios necesarios (médicos, psiquiátricos, económicos y/o sociales) para evitarlo”.

En diálogo con este diario, Puig destacó que “traducimos la denuncia pública en una denuncia penal para que se investigue. Ahora hay que esperar que se designe al fiscal y se resuelva nuestra participación como querellante. Uno de los objetos de la asociación es la protección de la vida y por eso pedimos participación en el expediente”.

Comunicado del Ministerio
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva, expresó a través de un comunicado su posición sobre el tema en general, pero no se refirió al caso particular que motivó la denuncia pública y judicial, ni explica las causas por las que se realizó el aborto en el hospital Iturraspe.

El titular del área, Alberto Simioni, destacó que cuentan con “la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, publicada y enviada por el Ministerio de Salud de la Nación”. En tanto, el coordinador del área, Oraldo Llanos, explicó que “en la misma se expone que existen causales para la interrupción no punible del embarazo, cuando el mismo comprende situaciones que podrían afectar gravemente la vida e incluso llegar a la muerte de la mujer y la causal violación”.

Y mencionan que “en marzo de 2012, en el caso “F. A. L. s/medida autosatisfactiva”1, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aclaró que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual. También estableció que ninguna mujer debe solicitar una autorización judicial previa para acceder a la práctica (incluso en los casos de peligro para la vida o la salud) y que las mujeres que fueron víctimas de una violación no tienen la obligación de realizar la denuncia penal del delito, sino que basta con que completen una declaración jurada, en la que manifiesten que el embarazo es producto de una violación”.

De todos modos, en ningún párrafo de la aclaración que enviaron este mediodía a El Litoral dicen la causa del aborto: si se realizó porque corría riesgo la vida de la mujer en cuestión o porque ésta declaró haber sido violada.

Alberto Simioni y Oraldo Llanos subrayaron que “estas situaciones se abordan desde un equipo interdisciplinario que acompaña todo el proceso. Y para garantizar los derechos de todas las personas existe un registro de objetores de conciencia que permite eximirse del cumplimiento de la ley”.

Y afirman: “Cabe acentuar que el aborto era una de las principales causas de muerte materna y que el tipo de estrategias en las situaciones puntuales que avala la ley ha contribuido a disminuir la mortalidad materna”.

Quién es el denunciante
El Dr. Carlos María Puig realizó la denuncia como presidente de la Asociación Ojo Ciudadano, con sede en la ciudad de Rosario.
La entidad tiene personería jurídica Nº 135 de fecha 5 de marzo de 2004, inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Usuarios y Consumidores por disposición Nº 573 y bajo el Nº 26.

En su estatuto, Ojo Ciudadano tiene por objeto “la defensa, protección y divulgación del derecho a la vida desde la concepción, de la libertad de pensamiento y expresión, de la libertad religiosa, de la no discriminación por motivos ideológicos, políticos, religiosos, de sexo o nacionalidad y de los derechos de los usuarios y consumidores”. Por estatuto, la entidad establece que “la asociación no podrá participar en actividades político partidarias”.

La postura del Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de Santa Fe, de la primera circunscripción, hizo pública su postura respecto de la denuncia de aborto realizada esta mañana en sede judicial contra el Hospital Iturraspe. Su presidente, Dr. Carlos Alico, manifestó que respecto del caso denunciado, el Colegio entiende que el hospital actuó conforme a la normativa vigente.

“El Consejo de Administración y sobre todo el director del hospital se han manejado conforme a los protocolos que sugiere la provincia de Santa Fe, lo que no quiere decir que sea aceptado por todo el mundo: tanto las personas como las asociaciones tienen todo el genuino derecho de manejar distinto tipo de posturas, y de alguna manera enriquece la discusión de cómo conducirse en los casos parecidos a éste”, expresó Alico.

En boca de quien lo preside, la entidad destacó que brega por el amparo de cada colegiado conforme a su liberación de conciencia. “Pretendemos que las reglas sean claras, para que tanto el médico de aquel efector que decida hacerlo o aquel que no, tenga el amparo legal que le permita no ser acorralado judicialmente haga lo que haga, en ese sentido apunta nuestra posición”, remarcó el Dr. Carlos Alico.
Desde allí, Alico también reconoció que médicos de diferentes efectores públicos plantearon a la entidad que son presionados para realizar abortos a pesar de ser objetores de conciencia. “Tengo referencias de casos en los que puede haber habido alguna suerte de presión o búsqueda de la respuesta, pero no considero que sea la salida presionar al profesional que no está en condiciones éticas, religiosas o de voluntad como para poder hacerlo”.