Retardadores pluviales: quieren que el Estado los instale en espacios públicos

Impulsan modificaciones a la normativa vigente

Retardadores pluviales: quieren que el Estado los instale en espacios públicos

Lía Masjoan /

Prensa Concejo Municipal

lmasjoan@ellitoral.com

Twitter: @lmasjoan

Hace tres años está vigente la ordenanza Nº 11.959 que obliga a construir retardadores pluviales a quienes edifiquen, hagan reformas de una determinada superficie o posean inmuebles con más de mil metros cuadrados. Durante ese período, más de 250 nuevas construcciones los han incorporado.

Ahora, el presidente del Concejo Municipal, Leonardo Simoniello, quiere redoblar la apuesta y aspira a sumar al sector público. Para esto, impulsará un proceso participativo para rediscutir la norma y concientizar acerca de la necesidad de instalar retardadores públicos que sirvan como complemento de aquellos esfuerzos que realiza el sector privado.

“Es necesario que tengamos una política fuerte en esta materia. Si determinamos que los privados construyan reguladores de agua de lluvia para mitigar el riesgo hídrico, creemos que debemos insistir desde el Estado con el diseño y ejecución de retardadores de gran escala. Son necesarios y debemos invertir rápidamente en retardadores públicos, más allá de quién afronte el gasto”, afirmó el legislador a El Litoral.

Un sistema solidario

El Instituto Nacional del Agua ha realizado estudios serios en la ciudad de Santa Fe que determinaron una cantidad de puntos críticos o zonas de anegamientos. “El INA ha venido realizando una serie de estudios complementarios al Plan Director de Desagües elaborado en su momento para la ciudad, los que han identificado con rigurosidad técnica necesidades y oportunidades. Es a partir de esos informes que sostenemos la necesidad imperiosa de construir dispositivos públicos”, explicó Simoniello.

Como ejemplo citó algunos puntos: plaza Constituyentes, Plaza del Soldado, avenida Freyre y Catamarca, Espora, Facundo Zuviría. “Si desde el Estado, en conjunto con la sociedad, hacemos los esfuerzos para construirlos, mejoraremos la situación de las distintas zonas donde se instalen, ya que serán menos vulnerables a las lluvias. Los fondos deberán aparecer de una verdadera decisión política”, agregó.

Discutir para proyectar

La propuesta de rediscusión de la ordenanza intenta reflexionar sobre el impacto que ha tenido en la ciudad la aplicación de la normativa. Simoniello propone tres grandes ejes para iniciar la discusión.

En primer lugar, realizar un relevamiento para conocer si se ha cumplido o no con la obligación de construir retardadores en superficies de más de 1.000 m2.

En segundo lugar evaluar la posibilidad de que la norma que exige la construcción de estos reguladores en obras privadas, contemple la posibilidad de que puedan instalarse en otros predios, o que puedan aportar el equivalente al monto que demande su construcción a un fondo destinado a financiar obras de retardadores públicos de mayor escala, para que tanto la inversión privada como el gasto público sean más eficientes y en orden a una planificación.

En tercer lugar, se propone analizar la posibilidad de determinar sectores críticos de cuencas, subcuencas o zonas de la ciudad para poder establecer prioridades de colocación de retardadores. “Sabemos que hay zonas en las que la construcción o instalación de retardadores es más indispensable que en otras. Si planificamos y, además, analizamos puntualmente cada uno de los casos o situaciones, podremos optimizar los recursos del Municipio y beneficiarnos”, finalizó Simoniello.

DATOS EN NÚMEROS 250 son los retardadores con los que cuenta la ciudad. 50% es la disminución del pico máximo de los excedentes pluviales que deben producir los retardadores construidos en cada predio. Las cuencas Caseros y plaza España poseen la mayor cantidad de retardadores (53 y 44 respectivamente). La cuenca plaza España es la que mayor volumen de reserva posee con un total de 456,5 m3.

Los retardadores pluviales son dispositivos que contribuyen a bajar los caudales máximos y extender el período de tiempo en el que el agua de lluvia llega al sistema de desagües, para evitar anegamientos.