Media sanción para la unión estable de parejas

La Cámara dio media sanción a la creación de la figura de la “unión estable de parejas” con el voto afirmativo de los distintos sectores que conforman el Frente Progresista, el cavallerista Oscar Urruty y gran parte de la bancada justicialista. En tanto, el sector del Frente para la Victoria 17 de octubre se abstuvo de votar y su jefe de bloque, Darío Scataglini, explicó la postura en las dudas acerca de si la provincia tiene la facultad constitucional de legislar en esta materia.

La socialista Lucrecia Aranda, la arista Alicia Gutiérrez y la justicialista Rosario Cristiani, cada una desde puntos de vista diferentes, fundamentaron el voto positivo al texto que ahora será revisado por el Senado.

En todos los casos se destacó la tarea de la ONG Vox, varios de cuyos integrantes se encontraban en la barra siguiendo la sesión. Urruty, firmante del proyecto, antes de votar, recordó que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, presentó el primer proyecto sobre el tema en el 2003.

La figura de la “unión estable de parejas” es definida como la “unión conformada libremente por dos personas capaces que convivan en pareja con ostensible trato familiar, con independencia de su sexo u orientación sexual”.

La figura con alcances previsionales, laborales, sanitarios y de vivienda, alcanza no solo a las uniones homosexuales sino también concubinos que podrán regularizar su situación.

El texto dispone además la creación dentro del Registro Civil del “registro civil de uniones estables de parejas” que tendrá por funciones inscribir la unión estable de pareja, a solicitud de ambos integrantes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y que no se encuentran alcanzados por los impedimentos dispuestos en la presente ley; inscribir la disolución de la unión estable de pareja, y expedir la libreta de inscripción y la constancia de disolución de la unión estable de pareja, a pedido de cualquiera de los integrantes.

A los integrantes de la unión, la ley les reconoce un tratamiento similar al de los cónyuges en leyes previsionales, licencias laborales ordinarias y especiales, acceso a la vivienda, asistencia integral a la salud, asignaciones especiales, visitas íntimas a personas detenidas dentro del sistema carcelario y, acceso a planes sociales.