La fiscalía de Bolivia ordenó detener a la expresidenta interina Jeanine Áñez

La Justicia boliviana ha ordenado este viernes el arresto de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, acusada de “sedición y terrorismo” por los sucesos que en noviembre de 2019 terminaron con la salida anticipada de Evo Morales del poder. Las órdenes alcanzan también a miembros de su gabinete de ministros y a la cúpula de las Fuerzas Armadas de entonces. Las detenciones se han acelerado tras la orden de un fiscal, que cargó contra todos los jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de Morales. Las autoridades sospechan que parte de los buscados se encuentra fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS [Movimiento al Socialismo, en el Gobierno] ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió la expresidenta Áñez en su cuenta en Twitter.

El día que la cúpula militar presionó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo. Allí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre.

Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial tienen detención domiciliaria. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado y ahora vive en Colombia.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. Hoy espera acceder a la detención domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en el pasado. Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra del Gobierno de Morales. La Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con él. Los registros establecen que no salió legalmente del país.

Las órdenes de detención alcanzaron también al sector político. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Jeanine Añez, fue arrestado pese a que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro estatal”. También terminó preso el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. El pedido incluye al exministro de Gobierno Arturo Murillo, el de Presidencia Yerko Núñez y el de Defensa Fernando López. El arresto de los exministros sorprendió a la opinión pública boliviana, ya que el proceso se había concentrado hasta ahora en juzgar los momentos previos a la renuncia de Evo Morales y sus causas.

Una de las aristas relevantes de este caso es la naturaleza de los delitos que se les atribuye a los detenidos. Sedición y terrorismo se paga en Bolivia con cinco y 20 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía se suma así a la tesis del oficialismo, que dice que en 2019 se produjo un “golpe de Estado”. La oposición ha postulado una idea distinta, según la cual los acontecimientos políticos fueron tan explosivos que terminaron por arrastrar a las instituciones del orden a participar en un “levantamiento popular” contra la reelección de Morales.

Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina, reprochó que la justicia continúe “persiguiendo a jefes militares”. “El presidente [Luis Arce] comete un error al dejar que fiscales politizados compitan para usar los derechos humanos para ganar puntos con el Gobierno. Las relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado”, ha dicho en Twitter.

De acuerdo a la demanda original, el juicio debería incluir también a dos civiles: al líder de las protestas contra Morales y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un conocido empresario, a los que se les acusa de haber pagado a policías para que se sumaran al motín. Un hecho clave que precipitó la caída del Gobierno del MAS. Los fiscales no los han imputado hasta ahora, aunque si han tratado dos veces de convocar a Camacho como testigo. En las dos ocasiones el político convirtió los actos judiciales en los que debía declarar en multitudinarias demostraciones políticas.