El máximo tribunal de Perú dictaminó que la protesta social es delito

El Tribunal Supremo de Perú emitió una sentencia en la que establece que la protesta social es considerada un delito, basándose en el argumento de que no está reconocida en la Constitución ni en otras leyes del país.

Esta decisión se produce en medio de un contexto de protestas antigubernamentales que surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

Según el fallo del máximo tribunal, solamente la huelga de hambre y las medidas de fuerza laborales son consideradas formas legítimas de protesta en el país. Cualquier otra manifestación, incluso si es pacífica, se considera un delito si afecta los derechos de terceros o el sistema económico, ya que se argumenta que esto degrada y deslegitima la protesta.

Las medidas generaron controversia y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que la sentencia viola los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta.

El debate se intensificó debido a las masivas manifestaciones y disturbios ocurridos en el país, que han dejado un saldo de personas fallecidas durante la represión policial.

Es importante destacar que esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado por cuatro campesinos que fueron detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la provincia de Cotabambas en 2016.