Nicaragua: responsabilizan al gobierno por la muerte de un dirigente opositor

Diversas organizaciones de la oposición denunciaron este lunes la muerte en Nicaragua bajo custodia del opositor Mauricio Alonso, que aseguran había sido secuestrado hace más de un mes supuestamente por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

"Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua", señala un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Alonso, apunta ese comunicado, "estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones".

Añade que este "trágico evento" ha tenido lugar sin que se haya proporcionado "ninguna justificación" por parte de las autoridades, "lo que agrava la preocupación sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos en el país".

"Horrorizados ante tanta inmunidad"

Unamos expresó su "profundo dolor" y las más sinceras condolencias a la familia de Alonso, y además reiteró su "solidaridad con todos los familiares de las personas injustamente privadas de libertad".

La organización opositora también hizo un llamado "urgente" a la comunidad internacional a "adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos".

"Exigimos responsabilidades y demandamos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos, y garantías plenas de su seguridad", remarcó Unamos, grupo del que Alonso fue miembro cuando se identificaba como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), según publicaciones de la prensa local.

Al respecto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta de X dijo estar horrorizada por los acontecido en Nicaragua con la muerte de opositor.

"Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega. Las autoridades devolvieron el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa, a su familia hoy", escribió.

"La dictadura detuvo injustamente a Alonso y lo mantuvo incomunicado durante un mes, hasta su muerte. Esta tragedia ocurrió bajo la mirada de Murillo-Ortega. Estados Unidos ni tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen", agregó.

"Denunciamos un nuevo crimen"

El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el "sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso Petri", en un pronunciamiento que señala que esta es "otra muerte de un opositor en las cárceles de la dictadura".

La agrupación opositora indicó en un comunicado, recogido por medios locales, que en la madrugada del 18 de julio pasado Alonso, junto a su esposa e hijo, fue "secuestrado por encapuchados, en el marco de las redadas que hacen cada año previo a su espectáculo del 19 de julio", fecha de aniversario de la Revolución Sandinista.

El documento añade que a la esposa la liberaron el mismo día, pero a Alonso y a su hijo "los dejaron presos". "Hasta el día de hoy que su familia recibe una llamada de medicina legal y lo están entregando muerto", asegura el Instituto La Segovia, sin que de momento haya una confirmación oficial.

Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.

También la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en sus redes sociales la muerte de Mauricio Alonso, que "falleció en las cárceles orteguistas".

"Mauricio se encontraba en condición de desaparecido desde su secuestro y se desconocen las razones de su fallecimiento. Denunciamos este nuevo crimen de la dictadura y demandamos prueba de vida del hijo de Mauricio, también secuestrado por la dictadura, y de todos los secuestrados, así como la libertad incondicional de todas las personas presas políticas", indicó la agrupación.

"Vigilancia revolucionaria"

El pasado 19 de julio, durante el acto del 46° Aniversario de la Revolución Sandinista (1979), Daniel Ortega ordenó a sus bases "una vigilancia revolucionaria" contra los "enemigos" de su Gobierno, a los que tildó de "terroristas, conspiradores y vendepatrias". "En cuanto se les descubra", continuó el mandatario sandinista, "se les captura y se les procesa".

Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el gobierno de Nicaragua seguían en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

A inicios de este mes, el Parlamento controlado por el presidente Daniel Ortega declaró propiedad del Estado todas las tierras, ríos y lagunas de Nicaragua ubicadas en una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras con Honduras (norte) y Costa Rica (sur), medida que analistas y ambientalistas calificaron como una "enorme confiscación".

Para no pocos, la Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1258) desnudó el "afán insaciable" de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, por hacerse de las grandes inversiones que crecen en ambas zonas, especialmente las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en los últimos años y de las que muy pocos detalles se conocen.